El acuerdo con Mercosur aflora la crisis de la agricultura industrial

La cumbre de la UE de la pasada semana acordó posponer la firma del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la UE. La primera ministra italiana, Georgia Meloni, pidió más tiempo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que se mostró desilusionado con el retraso. No está claro si Meloni necesita la prórroga para convencer a sus agricultores, como señalan algunos medios, o para obtener respuestas de la Unión Europea, como afirman otros. El caso es que el tratado negociado a lo largo de 25 años, de momento, deberá esperar.

El acuerdo básicamente reduce los aranceles en el comercio mutuo. Mercosur los reducirá sobre el 91% de las exportaciones de la UE, entre las que se incluye el arancel del 35% a los automóviles, que se rebajará paulatinamente durante los próximos 15 años. La UE, por su parte, reducirá los aranceles sobre el 92% de las exportaciones de Mercosur durante los próximos 10 años.

«Coches por vacas»

El apartado agrícola es uno de los capítulos más amplios del acuerdo, no en vano los países que conforman Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) son importantes productores agrícolas. Entre sus principales disposiciones destaca, por un lado, que Mercosur eliminará aranceles al vino (17%) y a las bebidas espirituosas (20-35%) procedentes de la UE. Por otro, la UE ofrecerá mayores cuotas de importación sin aranceles en varios productos, entre los que destaca, por ejemplo, la carne de vacuno, con 99.000 toneladas adicionales, lo que representa el 1,6% del consumo de la UE. Una cantidad no especialmente grande.

Mercosur, a su vez, otorgará una cuota de 30.000 toneladas a la importación de quesos libres de aranceles de la UE y reconocerá las indicaciones geográficas. En este apartado se reducen significativamente los aranceles, de ahí el interés de los países de Mercosur; y de ahí también los recelos de los agricultores europeos. Uno de ellos definió certeramente el acuerdo como un intercambio de «coches por vacas».

División en la UE

El acuerdo es apoyado, entre los países más grandes, por Alemania y el Estado español. Consideran que abre nuevos mercados y al mismo tiempo alivia el impacto de los aranceles estadounidenses. Asimismo, subrayan que dará acceso a importantes materias primas, como el litio, lo que reducirá la dependencia de China.

Por otro lado, están el Estado francés, Polonia, Hungría y Austria que se oponen al tratado. A este grupo se ha sumado a última hora Italia, lo que les ha permitido formar una minoría de bloqueo suficiente para impedir la firma. Temen el efecto de la potente industria agrícola de Mercosur en el mercado europeo.

Salvaguardas

Una de sus principales exigencias es que se introduzca una cláusula de reciprocidad o cláusula espejo que obligue a que los productos importados cumplan la normativa europea en cuestiones de medio ambiente, bienestar animal, salud, seguridad alimentaria y protección laboral. Una disposición que aprobó el Parlamento Europeo la pasada semana, pero que no está recogida en el tratado firmado por la UE, por lo que difícilmente se podrá añadir.

La otra línea de defensa son las cláusulas de salvaguarda que sí prevé el acuerdo. Básicamente, suspenden la aplicación del tratado si se produce un aumento inusitado de las importaciones o una bajada sustancial de los precios. El Parlamento Europeo ajustó los márgenes de modo que en vez del 10%, un 5% de aumento de las importaciones o un 5% de caída en los precios sea suficiente para abrir una investigación, a la que también se acortan los plazos, pero a las organizaciones de agricultores no les parece suficiente.

Protestas de los agricultores

La presión de los agricultores ha sido clave para el aplazamiento, aunque no solo protestan contra el pacto con Mercosur. Los agricultores franceses denuncian la gestión de la dermatosis nodular contagiosa que obliga a sacrificar a los rebaños afectados. Y las organizaciones agrarias temen que los cambios recogidos en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 recorten los fondos destinados a la política agraria común.

De lo único que no se ha hablado es de soberanía alimentaria, lo que pone de relieve que en el fondo lo que está en juego es el agronegocio de unos y otros. Un síntoma más de la crisis del actual modelo de agricultura industrial, que ya no se resuelve con nuevos mercados. Bruselas se ha apresurado a poner una nueva fecha para la firma, el 12 de enero. Está por ver si podrá lograr los apoyos necesarios.