Año clave para medir el poso de los cambios
La situación de la sanidad lleva años entre las principales preocupaciones de la sociedad, con especial intensidad tras la pandemia de covid, y los gobiernos de Lakua e Iruñea han articulado medidas para tratar de revertirla o, al menos, aplacar las críticas. 2026 será determinante.
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La emergencia de otros problemas de primer orden, como el de la vivienda, que angustia a las generaciones más jóvenes y a parte de las demás, y algunos movimientos institucionales tendentes a aplacar el malestar social han apartado los focos de la salud, que en los últimos años aparecía como principal preocupación de la ciudadanía. Sin embargo, que ya no ocupe tantas portadas no quiere decir que la situación del sistema sanitario se haya resuelto, bien al contrario, los problemas estructurales siguen donde estaban y está por ver hasta dónde llega el impacto de los cambios emprendidos estos meses.
En la CAV, Gotzone Sagardui, que había apelado a «un cambio cultural, de usos y costumbres en la relación con los servicios sanitarios» para argumentar los recortes, había dejado el listón tan bajo que Alberto Martínez no ha tenido que esforzarse mucho para rebasarlo. El consejero convocó en otoño de 2024 a los agentes sociales, políticos y profesionales ligados al sector a fin de articular un Pacto de Salud que pretendía poner las bases del futuro sistema sanitario.
En los meses siguientes se celebraron sesiones plenarias y sectoriales, pero aunque fue quemando etapas con el tiempo empezaron a vérsele las costuras a un proceso que tuvo mucho de escenificación, y que acabó en junio con la aprobación de 24 líneas de trabajo.
Martínez sostuvo que aquel era un «acuerdo histórico», pero difícilmente se le puede llamar así a un documento que no cuenta con el apoyo de los principales sindicatos de clase ni del más representativo en el ámbito sectorial, como es Satse, y tampoco el del principal grupo de la oposición. EH Bildu, que solo validó once líneas de trabajo, había advertido de que el apartado sobre la colaboración público-privada era «el nudo gordiano» del pacto, en la medida en que «atraviesa todos los ámbitos de la prestación del servicio», y presentó una enmienda con cinco puntos para reforzar el sistema público priorizando los medios propios. Pero fue rechazada.
El resultado final quedó abierto a todo tipo de interpretaciones. El consejero dijo el pasado lunes que es un «acuerdo vivo, que evoluciona y se adapta», y anunció que el año que entra va a ser «igual o más acelerado» que el que nos deja, pero será la experiencia de la ciudadanía la que calibre estos meses si ha mejorado un sistema que lleva tiempo sin carburar pese al esfuerzo de los profesionales que lo integran.
Cese en Osasunbidea
Aunque sin mesas ni pactos, 2025 también ha sido año de cambio en Nafarroa. El 22 de octubre, de forma sorprendente y a través de un vídeo, el titular de Salud, Fernando Domínguez, cesó al gerente de Osasunbidea, Alfredo Martínez, bajo el argumento de dar «reimpulso» a la segunda mitad de la legislatura. Pese a la falta de explicaciones, a nadie se le escapó que las críticas por las listas de espera habían sido una constante en su mandato, y habrá que comprobar si el nuevo gerente, Jon Guajardo, consigue atajarlas.
Con más de 30 años de trayectoria en Osakidetza, Guajardo tiene como tarea revertir lo manifestado al día siguiente de su nombramiento por la Plataforma Navarra de Salud, que lamentó, tras reunirse con el consejero, que después de «tres legislaturas con gobiernos progresistas no vemos adelanto». Con comicios en 2027, tratará de marcar su impronta en estos doce meses.
Parece margen suficiente. También lo es para que empiece a atenuarse la falta de médicos en Ipar Euskal Herria, que fue denunciada por la comunidad de profesionales de salud (CPTS) a principios de 2025.
¿Harán sonar su sirena las ambulancias?
Un año después de la salida de La Pau, cuya gestión fue objeto de duras críticas, el servicio de ambulancias en la CAV sigue en manos privadas y con evidentes carencias. En un reportaje publicado en diciembre en estas páginas los trabajadores advertían de «una situación insostenible» y los sindicatos exigían «una transformación del modelo actual». Los precedentes, con emplazamientos similares durante años, no invitan al optimismo, pero la fragilidad de un sistema tan básico y las consecuencias de no hacer nada, que ya se han hecho notar, quizá obliguen a la Administración a tomarse este problema en serio.