EH Bildu promete transparencia tras la imputación ya recurrida de la exalcaldesa de Zaldibar

Una magistrada de Durango ha citado como imputada a la exalcaldesa de Zaldibar hasta 2018, Arantza Baigorri, de EH Bildu, a los arquitectos municipales Asier Salaberria y Hodei Zenikaonandia, y a la secretaria/interventora, Inmaculada Etxeandia, por presuntos delitos urbanísticos asociados al vertedero de Zaldibar, derrumbado en 2020.

Tal y como ha podido confirmar NAIZ, actualmente el procedimiento se encuentra pendiente de las resoluciones judiciales, tras la presentación por parte de las defensas de un recurso de nulidad de actuaciones por la «indefensión» generada al alargarse el secreto de sumario en el que a los investigados no se les ha comunicado su situación.

Se trata de una pieza derivada de las investigaciones por el derrumbe del vertedero, en el que fallecieron Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Tras ello se abrieron dos procesos judiciales: uno por delito contra los trabajadores (cerrado con un acuerdo judicial) y otro por delito ambiental (aún sin juicio a la vista). Ambos arrancaron bajo un secreto de las actuaciones, que fue levantado el pasado noviembre. Y tras ello se abrió además una nueva pieza por un posible delito de ordenación del territorio.

En esta última pieza, además de los anteriormente citados, también están investigados los responsables de Verter Recycling, la empresa gestora del recinto, el empresario José Antonio Barinaga, su sobrina Arrate Bilbao y el ingeniero-jefe de la planta, Juan Etxebarria, así como los técnicos de la consultora Geyser HPC Francisco Javier Beraza y Borja Carriazo, según ha avanzado eldiario.es.

Conforme a la información publicada tras levantarse el secreto de sumario, y que alude a un informe de casi 4.000 páginas, estaba autorizada para acoger residuos una zona de 137.000 metros cuadrados en Eitzaga, la ladera donde se asentaba el recinto, pero apunta que fueron 65.000 más en los que «se habrían acumulado irregularmente residuos y se levantaron instalaciones auxiliares para la gestión de la planta».

Lo que viene a decir es que sobre ese vertedero se arrojaron más residuos de los permitidos y que se llevó a cabo un Plan General de Ordenación Urbana que daba legalidad a ese crecimiento irregular, señalando a los investigados como conocedores de esta situación.

El fiscal señala que varias cosas ya están prescritas y que tan solo se pueden tomar en consideración las actuaciones posteriores a 2015.

Ayuntamiento, Diputación y Lakua

Fuentes de EH Bildu han declarado que «las actuaciones del Ayuntamiento de Zaldibar entre los años 2011 y 2019 se desarrollaron conforme a los criterios y recomendaciones de los servicios técnicos municipales, incluido el arquitecto municipal y las asesorías técnicas contratadas, y la modificación del PGOU fue avalada sin matices por la Diputación Foral de Bizkaia». 

Así, además de las responsabilidades señaladas tanto al Ayuntamiento como a la Diputación de Bizkaia, falta por ver hasta dónde llega el mapa competencial del caso y dónde queda el Gobierno de Lakua con respecto a la inspección de residuos que llegaban al vertedero desde distintos puntos de Euskal Herria. Es decir, si esto corresponde al Ejecutivo.

De hecho, la apertura de este vertedero fue un proyecto que se inició hace 20 años, y el Ayuntamiento de Zaldibar pasó por diferentes fases, a favor y en contra, hasta que entró en funcionamiento el 25 de enero de 2011. La ampliación a la que hace referencia el caso es posterior.

EH Bildu promete «plena colaboración»

Asimismo, la coalición afirma actuar «con responsabilidad, transparencia y plena colaboración ante cualquier actuación que deba ser esclarecida». De hecho, recuerda que el Ayuntamiento de Zaldibar «puso desde el primer momento a disposición de la Ertzaintza y de la Justicia toda la información y documentación requerida».

En cuanto a Baigorri, subraya que «no obtuvo beneficio personal alguno y, tras dejar la Alcaldía en 2018, se reincorporó a su puesto de trabajo».

Se ha acordado que la exalcaldesa de EH Bildu, los tres funcionarios del Ayuntamiento de Zaldibar y el resto de imputados declaren los días 5, 6 y 7 de mayo de este año.