Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH-ELE)
Discriminación de las trabajadoras del hogar, excusas y ocultamiento

Las dos medidas se aplazan hasta el uno de enero del 2024, gracias al apoyo del PNV a la enmienda 6.777 del PP. El recorte no se introdujo, como hubiese sido natural, en el proyecto de Ley de Presupuestos del propio PP; al colarlo como enmienda se pretendió evitar una reacción a tiempo de quienes nos íbamos a oponer.

19/06/2018

En noviembre de 2017 terminaba el plazo de nueve meses dado por el Parlamento de Gasteiz al Gobierno Vasco para que terminase un estudio sobre las condiciones laborales de las trabajadoras de hogar en la CAV, y cuáles son las necesidades que atienden. El estudio no está hecho porque se encargó poco antes de terminar el plazo. Pero a una pregunta parlamentaria, la respuesta fue que aún no se había empezado porque más valía diseñarlo cuidadosamente.

Las trabajadoras de hogar no tienen acceso a las prestaciones del Gobierno Vasco para excedencias y reducciones de jornada. Cuando en mayo de 2017 se exigió su equiparación, la fuerza de los votos de PNV y PSE consiguió aplazar la decisión al resultado de un estudio sobre la viabilidad de la medida. A cambio, exigieron a Madrid la firma del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las empleadas de hogar. Balones fuera. 

Este mismo mes, la Diputación de Bizkaia ha anunciado la puesta en marcha del Estatuto de Personas Cuidadoras que prevé formación, revisiones médicas específicas, apoyo al descanso y la creación de una EPSV a la que la Diputación aportará entre 15 y 20 euros al mes, siempre que la cuidadora aporte a su vez la misma cantidad. En un guiño feminista el Diputado General declara que «la labor de las cuidadoras no se considera un empleo, pero sí es un trabajo». Debe ser por eso que va a entregar por cada cuidadora 240 euros al año a una entidad de previsión privada, a condición de ella entre por el aro de hacer aportaciones a un plan de pensiones,  que es un sistema de ahorro en el que lo que se obtiene al final es lo que se ha depositado previamente, aunque a eso podemos llamarlo pensión para jugar al despiste.

La noticia del apoyo a la cuidadoras creó expectativas en algunas trabajadoras de hogar que al conocer la noticia entendieron que por fin se les tenía en cuenta, que por fin se reconocía su existencia y que se les iba a dar formación. No es el caso; el plan solo acogerá a las 17.491 familiares que en Bizkaia cobran la prestación de cuidados en el entorno familiar de la Ley de Dependencia. Teniendo en cuenta que una parte de las familias utilizan la prestación como ayuda para pagar una trabajadora de hogar (la Diputación lo sabe), quedan fuera la mayoría de las cuidadoras.  Ocho de cada diez internas viven solas con la persona que atienden, muchas trabajan día y noche, no tienen garantizadas medidas de seguridad laboral que eviten las dolencias físicas y síquicas derivadas de su trabajo…, y no reciben ninguna formación por parte de las instituciones públicas. Una parte de las soluciones son competencia de Madrid, pero otras están en manos de las instituciones vascas. Son medidas que el Parlamento Vasco acaba de aprobar el 7 de mayo, que insisten en el cumplimiento de otras ya aprobadas anteriormente sin resultados comprobables.

El PNV ha apoyado en el Congreso unos presupuestos para 2018 que mantienen la discriminación de las trabajadoras de hogar en la Seguridad Social. En el año 2011, cuando el Régimen Especial de empleadas de hogar se integró en el Régimen General, se les excluyó de la prestación de desempleo y se aplazaron hasta el uno de enero del 2019 dos medidas de equiparación: la cotización por salarios reales y la cobertura de vacíos en el cálculo de las pensiones. Año tras año bastantes trabajadoras externas a tiempo completo y la práctica totalidad de las internas no pueden cotizar por lo que ganan. En consecuencia, cuando enferman o se accidentan, tienen unas prestaciones muy bajas. Además, al calcularles las pensiones, la Seguridad Social no les aplica un beneficio que sí tienen el resto de personas asalariadas: tener como cotizados periodos fuera del empleo. Esto hace que sus pensiones sean las menores del sistema y que todos los avatares por los que quedan sin empleo y sin derecho a cobrar el paro (muerte o ingreso en residencia del empleador; despido por embarazo; por libre desistimiento del empleador…) tengan consecuencias futuras.

Las dos medidas se aplazan hasta el uno de enero del 2024, gracias al apoyo del PNV a la enmienda 6.777 del PP. El recorte no se introdujo, como hubiese sido natural, en el proyecto de Ley de Presupuestos del propio PP; al colarlo como enmienda se pretendió evitar una reacción a tiempo de quienes nos íbamos a oponer.

Las razones que se han dado son, por una parte, que la parte empleadora sería incapaz de gestionar la cotización por salarios reales y, por otra, que el derecho a la cobertura de vacíos tendría que reconocerse simultáneamente a lo anterior. No tengo espacio para refutar en detalle este segundo argumento, que es falso. Me detendré en el primero, porque puede sonar convincente. Es verdad que conseguir que más de un millón de empleadores pasasen a cotizar por salarios reales exigía una gran preparación previa: información suficiente y con tiempo sobre la nueva obligación que se venía encima y, además, facilitar instrumentos para poder cumplirla. Pero había otra solución, que es muy fácil: si hoy día en Hogar solo hay ocho tramos de cotización y la base máxima por la que se puede cotizar en el último tramo es de 896,94 euros, se pueden crear más tramos por arriba, de tal manera que llegue a ser posible cotizar por todo el salario que se está ganando.

Esto es lo que tienen que hacer, y no vale que el nuevo gobierno del PSOE, apoyado en el PNV, se justifiquen para no hacerlo en la herencia recibida del PP. Es una medida a aplicar desde el uno de enero del 2019, y afecta al presupuesto de ese año, que no está todavía diseñado. La solución existe, es muy sencilla pero también es cara y por eso no quieren aplicarla. Hablemos pues, de la organización social del cuidado y de en qué invertir el dinero público.

Mientras tanto, antes de que los presupuestos de 2018 –y con ellos, el aplazamiento– vuelvan a discutirse en Senado y otra vez en el Congreso, firmemos estos días la petición que la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia y los sindicatos ELA, ESK, LAB y Steilas han puesto en marcha, en la que con la propuesta de nuevos tramos desenmascaramos las falsas razones para seguir cargando en los hombros de las trabajadoras de hogar el costo social del cuidado. La encontrareis en la página www.ath-ele.com