Uno de los esperados y gratificantes acontecimientos que nos deparará el recién estrenado año 2021, será la liberalización de otros 603 kilómetros de autopistas. En esta ocasión se trata de un nuevo tramo de la AP-7 entre Tarragona y La Junquera, otro de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell, así como la C-32 entre Barcelona y Lloret de Mar y la C-33 entre Barcelona y Montmeló, cuyas concesiones fueron ampliadas, pero que por fin finalizan, y por lo tanto serán entregadas a coste cero a la Red de Carreteras públicas.

Con ello se abre el acceso libre a todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo a los que no podían asumir el coste de estas infraestructuras y se veían obligados a circular por las decimonónicas carreteras nacionales, con los claros peligros para su seguridad que ello conllevaba. Incluido el riesgo para su propia vida y la de los demás, los bienes más preciados e importantes por los que deben velar nuestros gobernantes, pero que con el sistema de concesiones y peajes dejan en manos de especuladoras empresas privadas.

Consideramos acertada y justa la política asumida en esta legislatura por el PSOE para acabar con este sobreimpuesto a la ciudadanía, cuya finalidad no es otro que engordar los beneficios de constructoras y concesionarias agrupadas en la patronal Seopan. Este lobby se encuentra en pie de la guerra para defender sus privilegios, modificando si fuera necesario la legislación al respecto. Ante el inminente fin de las concesiones despliegan toda una batería de propuestas encaminadas únicamente a conservar su chiringuito por encima del derecho de la ciudadanía a una movilidad rápida, eficiente, sostenible y justa, que evite las muertes que cada año se producen en las carreteras nacionales y que principalmente afectan a ciudadanos y ciudadanas que no pueden costearse los carísimos peajes con los que los señores de Seopan han venido engordando sus cuentas de resultados.

En el País Vasco, ya fuimos agraciados con la inicial liberalización de la autopista AP-1 que discurre entre Armiñon en Araba y la capital de Burgos, una pedrea de seis kilómetros en diciembre del 2018, pero que en su conjunto significó un alivio para los vascos y vascas en su tránsito hacia la meseta.

Cuando tras este acontecimiento se le preguntó a nuestro lehendakari Urkullu, cual sería la repercusión de esta eliminación de peajes por estos lares, con su habitual flema cuasi despectiva respondió: «Aquí tenemos un tratamiento diferencial en la gestión de las autopistas vascas».

El Sr Urkullu espera ansioso la liberalización de la autopista AP-68 en 2026, para, igual que se hizo con la autopista AP-8 hace ya diecinueve años, al término de su concesión, coger la gallina de los huevos de oro y seguir expoliando los bolsillos de vascos y vascas para así mantener el chanchullo de su partido en todo este asunto. Se dará entonces la paradoja de que los riojanos y zaragozanos dejarán de pagar peaje, pero los alaveses y vizcainos, que también llevan 45 años pagando la autopista AP-68, tendrán que seguir aflojándose el bolsillo, aunque entonces esos dineros irán a parar a sus respectivas diputaciones.

Para el Sr. Urkullu, con un sueldo de más de cien mil euros anuales y que viaja cómodamente escoltado en un flamante coche oficial sin pagar peajes, el tratamiento diferencial en la autopista AP-8 y el proyectado para la autopista AP-68, es que los vascos y vascas las sigamos pagando otros cincuenta años más. Mientras en el Estado se liberan paulatinamente las autopistas cuyas concesiones terminan.

Liberalismo puro y duro, eso sí, con label vasco.