El secuestro, tortura y ejecución extrajudicial del profesor, abogado y líder sindical Jorge Adolfo Freytter Romero −ocurridos el 28 y 29 de agosto de 2001 en el corregimiento de Palermo, vía Barranquilla-Ciénaga (Atlántico) − no constituyen un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de represión política e institucional contra los estamentos docentes y sindicales de las universidades públicas del Caribe colombiano. 

Los expedientes de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) evidencian un entramado entre el Bloque Norte de las AUC y efectivos del Grupo Gaula Metropolitano de Barranquilla (estructura formada por agentes policiales y militares), fenómeno que se clasifica como Gobernanza Paramilitar: la disolución pragmática de fronteras entre el aparato oficial de seguridad y los grupos paramilitares− contrainsurgentes para imponer control social, político y económico en las universidades públicas de Colombia. 

Durante dos décadas, la justicia se centró en parte de los ejecutores materiales de rango subalterno, entre otros: Rafael Enrique Mariano Silvera (agente), juzgado en 2010 y con condena firme desde 2015, que rindió aportes a la verdad ante la JEP en febrero de 2026; y Flover Argeny Torres Sánchez (teniente), sometido en 2021, con versión rendida en diciembre de 2024 y prohibición de salida del país como medida sustitutiva, ratificada en apelación en 2025. Sin embargo, no se ha abordado la responsabilidad de los mandos superiores, generándose un «techo de impunidad». 

El 5 de agosto de 2026, la Sala de Reconocimiento de Verdad dictó el Auto OPV 903, fijando declaración voluntaria del coronel (r) José Leonel Sánchez Montenegro −comandante del Gaula Metropolitano y superior jerárquico de ambos− para el 15 de septiembre de 2026. La vinculación se sustenta en una triangulación probatoria: as declaraciones de los citados Mariano Silvera y Torres Sánchez, y la testificación jurada del 24 de abril de 2026 de Hernán Cantillo Camargo, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (principal organización paramilitar en la época del asesinato) que ratificó los nexos con la jefatura del Gaula. El Auto recuerda la obligación de verdad plena bajo el régimen de condicionalidad, y rompe una conducta dilatoria de la oficial documentada desde 2009. 

El litigio estratégico dio un paso determinante el 5 de agosto de 2026, cuando Jorge Freytter Florián solicitó formalmente abrir líneas de investigación hacia la cúpula superior del conflicto regional, a partir de revelaciones del excomandante paramilitar Saúl Severini Caballero. El escrito plantea tres ejes: contrastar las declaraciones de Severini con las del exsenador Álvaro Ashton para mapear la parapolítica universitaria; vincular e interrogar al general Fredy Padilla de León, entonces comandante de la Brigada Militar del Atlántico; e interrogar a Severini sobre el secuestro de Freytter, «La Bodega», lugar al que eran llevadas personas secuestradas por el paramilitarismo para ser interrogadas y, en ocasiones, asesinadas, y sobre la participación de financiadores como Enilse López («La Gata») y Gustavo Rey (narcotraficante). En este contexto, adquiere especial relevancia la comparecencia del coronel (r) José Leonel Sánchez Montenegro ante la JEP, ante la falta de avances sustantivos en el esclarecimiento de las responsabilidades de los autores intelectuales. Esta limitación también se evidencia en algunas versiones rendidas ante la JEP, que parecen reiterar hechos ya conocidos sin aportar elementos sustanciales para avanzar hacia los niveles superiores de responsabilidad, con el riesgo de que las comparecencias terminen operando como una estrategia de reducción de penas más que como un mecanismo efectivo de esclarecimiento de la verdad. Los hallazgos sobre los vínculos de «La Gata» con sectores políticos refuerzan la necesidad de profundizar en estas líneas de investigación. 

Entre el 26 de enero y el 8 de febrero de 2026 se desplegó la Misión de Observación Internacional del proyecto «La Bodega: donde la memoria fue secuestrada», con soporte financiero de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Dirección de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Gobierno Vasco, el Instituto Vasco de Medicina Legal y la EHU, en alianza con la Fundación Lazos de Dignidad. El equipo lo integraron Jorge Freytter-Florián (investigador y coordinador de Freytter Elkartea), Dr. Alexander Ugalde (antiguo profesor de la EHU y coautor del libro sobre «La Bodega», junto a la profesora Itsasne Allende y el investigador David Felipe Gómez), Silvia López-Rodríguez (antropóloga social, experta en relaciones de género) y el Dr. Benito Morentín Campillo (médico forense). 

La misión aplicó un enfoque en cinco dimensiones −político-institucional, jurídica, memorial, antropológica e interseccional, y técnico-pericial forense bajo los Protocolos de Minnesota y Estambul−, con inspección forense directa al inmueble «La Bodega». Los hallazgos preliminares se entregarán en un informe final en septiembre de 2026, con recomendaciones ante la Fiscalía, la Sociedad de Activos Especiales, la Unidad para las Víctimas y la Universidad del Atlántico, orientadas a su conversión en sitio de Memoria Histórica y paz en el Caribe Colombiano. 

El Caso Freytter evidencia la transición procesal de la justicia de ejecutores hacia la macrocriminalidad corporativa y de mando, demuestra que la represión universitaria responde a un diseño de connivencia militar-policial-paramilitar, y muestra cómo la articulación entre ciencias forenses internacionales, el Protocolo de Minnesota y el litigio de las víctimas rescata los inmuebles clandestinos de tortura como prueba judicial y bien intangible para la memoria colectiva. 

La tenacidad en la búsqueda de la verdad durante estos 25 años ha abierto caminos para el reconocimiento y la reparación, no solo del crimen de lesa humanidad en la persona de Jorge Adolfo Freytter Romero, sino también de otras víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos de toda aquella negra época. Hoy, veinticinco años después sigue siendo necesario el compromiso con la causa de los derechos humanos y las libertades hasta conseguir que la verdad y la reparación consoliden la conciencia colectiva de que en materia de derechos humanos no caben excepciones.