Estamos ante un drama social que nos salpica a diario. Esto no marcha bien, no tiene sentido volver a escuchar de nuestros responsables políticos las mismas lamentables declaraciones, año tras año. La violencia contra las mujeres es estructural en nuestra cultura social, por lo que hablar de ella como un mal casi inevitable, sobre el que se hace lo que se puede, supone un acto de enorme irresponsabilidad.

El feminismo no es solo cosa de mujeres. Nos hace mejores a todos, también a los hombres, que lo necesitamos para salir del embrutecimiento y de la espiral de falsa fortaleza y superioridad. Es urgente implicarnos en esta lucha contra la barbarie machista y misógina, por una sociedad más humana, solidaria y justa.

De nuevo hablaremos de las 52 mujeres asesinadas por sus parejas este año, pero resulta que los feminicidios machistas llegan casi al centenar, debiendo sumar los casos de violencia vicaria y las agresiones violentas de todo tipo de gravedad y secuelas.

Hablarán los responsables políticos de fomentar la educación sexual, cuando permiten la difusión descontrolada, epidémica, podríamos decir, de la violencia pornográfica digital, ámbito de representación cultural simbólica de la violencia sexual y vía abierta a la prostitución. En ella se hace culto de la violación, con mujeres diciendo que no, pero que acaban consintiendo y disfrutando del dolor y abuso. Un estudio sobre las búsquedas más frecuentes en pornografía demostraba que habían aumentado un 80% las búsquedas que contenían violaciones grupales. Mostrar tales comportamientos como transgresores, libres o placenteras, por parte de algunas escuelas posmodernas, lleva a cada vez más hombres a perder toda capacidad empática con la mujer y volverse antisociales.

Todos los departamentos educativos sustituyen además los programas de coeducación sexo-afectiva por estrategias de confusión género-sexual de la mano de asociaciones subvencionadas trans-queer, orientada al mercado de tratamientos fármaco-mutilantes (más de 12.000 personas en el Estado español). También vemos que se tiende a normalizar la pederastia y a promover la hipersexualización desde la infancia.

La violencia económica persiste mediante la ocultación del trabajo reproductivo y de cuidados para la vida, la brecha salarial y de pensiones, la precarización de los sectores feminizados de servicios y las condiciones de semi-esclavitud de las trabajadoras migrantes temporales.

Seguimos viendo por parte de responsables políticos de todas las administraciones, demasiadas declaraciones que infravaloran la gravedad de una situación que se recrudece. Sirvan de ejemplo los datos de la Fiscalía General, denunciando un incremento de la violencia sexual del 116% por parte de menores, en un contexto en el que un 70,3% de las víctimas adolescentes no lo denuncia, según la Fundación ANAR. Las actuaciones gubernamentales son insuficientes y erráticas, como en el Pacto Contra la Violencia de Género, sobre el que exigimos conocer su evaluación e impacto, así como el destino de sus fondos. Otras veces suponen un claro retroceso, como hemos visto durante esta última legislatura, con acuerdos y leyes que han tenido un amplio apoyo de partidos autoidentificados como progresistas.

Añadimos a ello, las amenazas de gobiernos autonómicos y municipales de derechas, que niegan tanto las desigualdades y la situación subordinada de la mujer como de la violencia machista, pasando a eliminar los programas y las ayudas existentes. Las múltiples formas de violencia contra las mujeres se establecen mediante la subordinación del género basado en el sexo de la mujer, siguiendo el arcaico modelo patriarcal, que los hombres somos incapaces de cuestionar y abandonar civilizadamente. En consecuencia, históricamente las políticas institucionales adolecen de estrategias enérgicas, claras y transversales, en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y todo ello se agrava en situaciones de crisis económica o de ofensiva neoliberal capitalista, privatizadora, como la actual.

Finalmente, ante la nueva configuración del Gobierno, vemos que el problema de la violencia contra las mujeres, no es una prioridad gubernamental, dado que el acuerdo PSOE-Sumar queda limitado a una declaración de intenciones y deseos. Siguen empeñados en confundir sexo con género, por lo que niegan a la mujer como sujeto; ignoran la necesidad de actuaciones urgentes, como la de una Ley integral para la Abolición del Sistema Prostitucional y la Trata, eliminar la Instrucción del 2010 que permite la inscripción de bebés víctimas del tráfico de vientres de alquiler, reformar la Ley del Sí es sí o derogar Leyes Trans que lejos de ser inclusivas, determinan de forma anticonstitucional, la prioridad del género sentido sobre el sexo y en consecuencia, borrando a las mujeres como sujeto de opresión social patriarcal, y creando el caos administrativo.

Es preciso reflexionar seriamente sobre la sociedad que estamos construyendo y pasar del enojo a la acción política, liderada por el feminismo radical abolicionista. Es una obligación el volver a salir a las calles este 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, recordando que las mujeres siguen siendo agredidas, violentadas e incluso asesinadas por los hombres. Desde el Partido Feministas al Congreso (PFAC) os invitamos a participar en los bloques feministas abolicionistas.