Miembro de la Iniciativa Popular Sanfermines 78: Gogoan Herri Ekimena
40 años de la Constitución española: nada que celebrar

Martín Villa, ministro de Interior entre julio de 1976 y abril de 1979, responsable político de muchos de aquellos crímenes, fue condecorado por «demócrata» por el Parlamento español.

06/12/2018

Se cumplen 40 años de la Constitución española. Entre las formaciones políticas autodenominadas «constitucionalistas», se viene defendiendo que ese fue y sigue siendo el marco de convivencia pacífica que se dieron los españoles. Sin embargo, en ese mismo año 1978, unos meses antes, tuvieron lugar los sucesos de sanfermines con los asesinatos de Germán Rodríguez y Joseba Barandiarán. En marzo de 1976 los sucesos de Gasteiz con cinco trabajadores asesinados; en mayo de ese mismo año en Montejurra dos jóvenes muertos por disparos de ultraderechistas; en mayo de 1977 José Luis Cano Pérez apaleado y rematado con un tiro en la nuca por un policía en Iruñea, entre muchos casos más de violencia política de origen institucional o de grupos incontrolados.

La aprobación de la Constitución no acabó con estas prácticas, así el 3 de junio de 1979 Gladys Del Estal fue asesinada al recibir un disparo de un Guardia Civil cuando estaba sentada en una manifestación antinuclear en Tudela; el 28 de septiembre de 1979 Tomás Alba Irazusta, concejal de HB fue asesinado a tiros en Donostia; Ana Teresa Barrueta secuestrada y cosida a puñaladas por el Batallón Vasco Español en Bilbao el 8 de enero de 1980; Mikel Arregui, concejal de HB, tiroteado en un control de carretera el 14 de septiembre de 1979 en Lakuntza; Yolanda González en febrero de 1980 secuestrada y asesinada por un comando de Fuerza Nueva en Madrid, y así hasta cerca de 400 víctimas mortales por violencia política emanada de las instituciones del Estado y de grupos parapoliciales en el periodo comprendido entre 1976 y 1983 y unas 1.072 personas heridas por esa misma violencia en ese periodo. Sin que la aprobación de la Constitución supusiera un cese de ese tipo de violencia institucional que llega hasta nuestros días. Incluso para mayor vergüenza en junio del año 2017, Martín Villa, ministro de Interior entre julio de 1976 y abril de 1979, responsable político de muchos de aquellos crímenes, fue condecorado por «demócrata» por el Parlamento español.

Frente a esos crímenes, la Audiencia Nacional ha sido el órgano judicial que aplica la Ley de Amnistía de 1977, de la que se benefician tanto los ultraderechistas como los agentes del Orden Público encausados por matar a personas o por torturarlas, de tal forma que ningún miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado acusado de delitos de sangre o de torturas durante ese periodo ha sido condenado por los tribunales ni ha respondido por sus acciones. De ahí que la impunidad más absoluta se haya convertido en la seña de identidad de lo que se llamó la Transición española.

Esta Constitución que no acabó con la violencia institucional y consagra su impunidad, ha añadido a lo largo de estos cuarenta años multitud de grietas y fisuras. Entre ellas el cuestionamiento de la Monarquía como forma de Estado; la fractura territorial por la voluntad de las nacionalidades oprimidas por ejercer su derecho a decidir y su soberanía; la crisis sociopolítica abierta por la aplicación de las draconianas medidas de austeridad; la corrupción institucional de partidos políticos; el desprestigio del poder judicial; la incapacidad para responder a necesidades esenciales de la población como el derecho a vivienda, trabajo, sanidad, educación; la carencia de voluntad real para acabar con la violencia contra las mujeres o para respetar el derecho de toda persona a moverse por el mundo.

Las medidas impuestas frente a las respuestas sociales a esta situación de crisis generalizada han sido la puesta en pie de un conjunto de leyes que significan un ataque frontal a las libertades y derechos fundamentales de las personas disidentes, de las mujeres, de los migrantes y en general a cualquier atisbo de resistencia a este régimen surgido de la Constitución de 1978. Paralelamente a todo ello, resurge con mayor virulencia algo que siempre ha estado presente en la realidad socio política española: el fascismo.

Junto a las formaciones tradicionales, en estos momentos asistimos al nacimiento de nuevas organizaciones neofascistas que no hacen sino confirmar el fracaso del régimen del 78 como garante de un Estado democrático. Estas nuevas formaciones atacan duramente a los movimientos sociales porque sus luchas suponen un cuestionamiento del neoliberalismo, al feminismo que cuestiona el sistema patriarcal, al ecologismo que desenmascara la barbaridad del desarrollismo, a las personas migrantes por pedir los mismos derechos, a los pueblos que luchan por ejercer su soberanía y por su derecho a decidir, se oponen a la exhumación de los restos del dictador porque mantienen que su régimen fue una salvación para librarnos de los desmanes del comunismo, mantienen los privilegios de la Iglesia como una parte esencial del sistema político y social.

Por eso no hay nada que celebrar en este aniversario, todo lo contrario, hay que recordar el 55,34% de abstención política a la Constitución española de la Comunidad Autónoma Vasca en el referéndum de diciembre de 1978 como una de las marcas importantes de la resistencia vasca al régimen del 78. Y hay que proseguir con la puesta en pie de respuestas de todo tipo y desde todos los ámbitos sociales a este régimen corrupto y antidemocrático, desde una perspectiva republicana para desprendernos de todas las lacras que provienen de la Transición y conseguir vivir en libertad y democracia.

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