Imposible olvidar aquel día. Los pañuelos blancos agitados por las ventanillas de los coches, el ruido de las sirenas, las miradas rotas de la gente, las baldosas manchadas de sangre, un zapato, cuatro piedras, y dos palitos formando una pequeña cruz, apilados junto a la iglesia de San Francisco, en el barrio obrero de Zaramaga. «Aunque los pasos toquen mil años este sitio, no borrarán la sangre de los que aquí cayeron» dice Neruda. Y, en Canto General: «Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo».

Tres de marzo 1976, huelga general, seguida masivamente en la ciudad. Solidaridad de clase con seis mil trabajadores tras dos meses de huelga. Reivindicábamos un salario decente, y la libertad de poder negociar a través de nuestros representantes, al margen del Sindicato Vertical impuesto por la dictadura franquista. Quisieron dar un escarmiento por miedo, porque nuestra fuerza era imparable, la represión nos fortalecía, temían que lo que estaba pasando se generalizase, y no podían permitir que nuestra lucha pusiese en peligro sus planes de reforma. Cinco trabajadores asesinados y decenas heridos de bala. A sangre fría. Premeditadamente. Las grabaciones policiales lo atestiguan. La reacción de la clase obrera, más de medio millón en huelga en Euskal Herria el día 8, transformó la masacre en impulso decisivo para conquistar libertades que no incluyeron el derecho a la verdad y a la justicia para las víctimas del franquismo.

Las primeras demandas judiciales acabaron en los tribunales militares fascistas, y se archivaron, alegando la imposibilidad de conocer quiénes eran los asesinos, o sus inductores, a pesar de que sus nombres eran notorios y públicos. Durante la Transición, se mantuvo la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que prohibía desclasificar información relativa a crímenes de Estado, se aprobó una Ley de Amnistía que exoneraba a los responsables de la dictadura e imponía el olvido, los jueces del Tribunal de Orden Público, especializados en reprimir la disidencia política, pasaron a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo. Con el tiempo, quedó patente la impunidad heredada del franquismo como política de Estado. Los tribunales civiles alegan prescripción y archivan, y rechazan considerar los asesinatos franquistas delitos de lesa humanidad que ni prescriben ni pueden ser amnistiados.

Sólo el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Buenos Aires, dirigido por la jueza Servini, aceptó la querella criminal en base al principio de justicia universal. Tras once años de instrucción, debido a la falta de colaboración del Estado español sobre el material probatorio, y a la denegatoria de auxilio judicial, en octubre de 2021 se imputo al exministro franquista Martín Villa para cuyo procesamiento la Corte Penal Argentina reclama más pruebas de que existió un plan para reprimir sistemática y planificadamente a una fracción de la sociedad civil española. Como si no estuviera claro, a pesar de la ingente documentación policial que el mismo Martín Villa ordenó destruir en diciembre de 1976. Que más de cien querellas por crímenes del franquismo se estén tramitando ante los tribunales argentinos porque aquí se archivan, y que la reciente Ley de Memoria Democrática, a pesar de sus importantes avances, no contemple ni facilite la verdad y la justicia efectivas, deja en evidencia la rémora que está suponiendo la renuncia a romper con el franquismo durante la Transición.

Mientras tanto, progresa el Memorial del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz, una de cuyas finalidades será: «recuperar y transmitir la memoria de la lucha obrera y democrática, y de los sucesos traumáticos de marzo de 1976», pero cuya principal justificación será la de ser útil a la lucha de la clase trabajadora para conseguir su emancipación, porque bajo el capitalismo el pasado y el presente anuncian infelicidad, sufrimiento, desigualdad, y barbarie.

Servicios esenciales para las personas, como el urbanismo, el agua, las telecomunicaciones, la Banca, o las empresas energéticas, se han privatizado, y se pretende hacer lo mismo con el sistema de salud, la gestión de la educación, la dependencia, o las pensiones. Como dice Bertolt Brecht: «Y ahora, no contentos, quieren privatizar el conocimiento, la sabiduría, el pensamiento, que sólo a la humanidad pertenece». En el año de la guerra y la crisis energética, las empresas petroleras y gasísticas han doblado sus beneficios. Y la Banca el 28%, pero no devuelven los miles de millones del rescate público, y siguen vendiendo miles de inmuebles y préstamos hipotecarios, a precio de saldo, a fondos buitre que reclaman el 100% de la deuda y siguen desahuciando. La película «En los márgenes», de Juan Diego Botto, desvela hasta qué punto el negocio de Aseguradoras, Fondos de Inversión, o de la Banca, se levanta sobre las necesidades y el sufrimiento de la gente. El nuevo impuesto a las energéticas, Banca, y grandes fortunas, aunque temporal, va en la buena dirección, pero es una pequeñísima parte del robo y fraude sistemático que practican.

Este año las administraciones han recaudado más que nunca, debido a una inflación desbocada que ahoga a las familias, pero una parte importante de ese dinero público irá para el negocio de la guerra, el de las empresas y bancos del IBEX-35, el de las residencias privadas, el de los planes privados de pensiones, el de una minoría a costa de la mayoría social. Mientras tanto, más de 13 millones de personas sobreviven en la cuerda floja de la pobreza y la exclusión social. Según datos fiscales, el 25% de las personas asalariadas no cobran ni el salario mínimo, atrapadas en empleos de temporada o en contratos parciales. Un infierno cada día, desayunando esperanza y cenando desesperación. Hay que convertir el descontento en conciencia, organización, y propuestas unitarias, y el 3 de marzo contiene lecciones; la importancia de la dirección, la coordinación de las luchas, los objetivos compartidos, la confianza en nuestras propias fuerzas. Como dice Galeano, hay que combatir el mundo al revés que nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo, y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. La lucha es el único camino, como está demostrando el movimiento feminista, el movimiento pensionista, o los movimientos en defensa de la sanidad pública. Al mismo tiempo, hay que rescatar del olvido la memoria obrera, y proyectarla en el presente como arma de combate, para ganar un futuro donde no sean los beneficios privados los que prevalezcan sobre las necesidades de las personas.