Esta semana que cerramos hoy ha sido una de las más representativas de lo que ha sido este país a lo largo de décadas por un lado, y de lo poco que se ha avanzado en algunas cuestiones por el otro. Así  la semana se abría con las palabras de Iratxe Sorzabal en la Audiencia Nacional, quien ha tenido que declarar como acusada en un procedimiento penal instruido únicamente en base a una declaración arrancada bajo torturas, torturas que por suerte y de manera excepcional han podido ser constatadas  mediante fotografías que empapelaron en su día las calles de Euskal Herria y que han sido corroboradas por protocolos científicos que han dado veracidad a su relato aunque ello no haya merecido la indignación y el escándalo de la clase política y demás caverna mediática, ni tampoco la anulación de su juicio (lo que hubiera sucedido en un país democrático).

La  semana  ha continuado con el anuncio de una comparecencia de la red de torturadas/os de Nafarroa que se organiza y solicita que se saque a la luz su historia, que las instituciones reconozcan el calvario padecido y la responsabilidad de los aparatos del estado en ello. Que se sepa lo que hacían en Chinchilla, lo que les hizo la Guardia Civil. Que se acabe la impunidad. Más de mil navarros a los que añadir otros miles que vivieron asustados por años de terror policial.

Aún recuerdo con nitidez la autoinculpación de alguno por hechos gravísimos que se ha sabido con posterioridad que eran inciertos, sin que las autoridades hayan atado cabos y se hayan preguntado cómo es posible que una persona firme una declaración reconociendo la autoría de un asesinato sin haberlo cometido, asumiendo de facto una pena de 30 años. Esperemos que al igual que en la CAPV haya un reconocimiento institucional a todas las víctimas de la tortura, que se actúe para que nadie más pueda decir que esto era una directriz, para que nadie siga riéndose de ellas y ellos. Soñar con que se depuren responsabilidades será ya demasiado pedir en un país cuya calidad democrática ha quedado corroborada precisamente por cuestiones como ésta.

Y la  semana culmina con el 41 aniversario en que mataron por torturas al zizurkildarra Joxe Arregi. Hoy se conmemora otro aniversario para intentar que no caiga en el olvido lo que le hicieron. Todos sabemos lo que vino después de aquello: banquillo, alguna condena light, indultos, ascensos. Cómo dejar en la estocada al que te ha servido tan bien, es lo normal. La tortura no se hubiera producido si el Estado y sus aparatos no lo hubieran decidido. Nadie (policía se entiende) asume este trabajo tan desagradable sin prebendas y sin vocación de servicio al Estado. No es chaladura, es lealtad con la condición de la impunidad. No son hechos aislados, es política. Es el policía y es su responsable político.

Esta última parte es la que me lleva a otro evento que ha tenido lugar esta semana: Un año después del crimen de estado de Joxe, nació la Ertzantza.

Numerosas han sido las loas gubernativas hacia los 40 años de historia de un cuerpo policial que sin duda también ha tenido una trayectoria controvertida. Este intento de blanquear el cuerpo autonómico sin un atisbo de autocrítica por parte de quienes lo han organizado y dirigido me ha resultado decepcionante. Ni más ni menos que 336 personas han sido torturadas por este cuerpo en su andadura, según consta en el Informe elaborado por el reputado Paco Etxeberria en el 2017 para el Gobierno Vasco. 336 casos que han quedado impunes frente a la Justicia pero a los que les ha dado carta de veracidad el Gobierno Vasco. Lo que el que ha encargado este informe ha hecho con ello se responde con una palabra: nada.

No es éste, sin embargo, el único punto oscuro del currículum de la policía autonómica: el caso Cabacas, Ina Zeberio, Tturko y otros asesinatos, cargas violentas y desproporcionadas contra manifestaciones pacíficas o más recientemente las actuaciones policiales contra la juventud en plena pandemia... Los claroscuros de este cuerpo policial no caben en este artículo. Y flaco favor le hacen quienes obvian sus miserias y quienes, en clara actitud corporativista, pretenden hacernos creer que son víctimas y no responsables de la imagen que tienen.

Hace 22 años, justo cuando la Ertzaintza cumplía la mayoría de edad, tuve la ocasión de asistir a un curso impartido por un profesor que era asesor de la policía montada de Canada. Hicimos una excursión a la academia de Arkaute y a pesar de que era joven y rebelde pero también estudiante de Criminología, pensé que es importante que este país tenga su propia policía.

Cualquier Estado que se precie necesita sus aparatos de seguridad exterior y sus aparatos para la seguridad ciudadana y por ende servicios de Inteligencia y policía. El estado vasco también los necesitará. Pero necesitará una policía muy distinta a la que conocemos. Una policía formada y preparada para los retos existentes, una policía reorganizada en función de las necesidades de la ciudadanía y redimensionada a lo que es este país y no a criterios securócratas hiperventilados.

Pero deberá ser por encima de todo, una policía democrática y controlada por los poderes públicos y la sociedad. Sin que quepan espacios de impunidad, donde se depuren sus responsabilidades, actúe con humildad y con vocación de servicio público. Según lo escribo me doy cuenta de que como cuerpo se está lejos de esa descripción. Existen policías que responden a ese perfil, pero debe ser el cuerpo entero el que responda. Y como con la tortura, esto también es una cuestión de decisión política que por el bien de todos debería ser compartida.