Hoy hace 30 años se aprobó la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco que estuvo en vigor hasta ser sustituida por la actual Ley 6/2019, de 9 de mayo. Para la redacción de esta nueva normativa, además de los servicios propios de Eusko Jaurlaritza, fuimos convocados al menos dieciocho personas de distintos ámbitos relacionadas con la cultura de Euskal Herria que expusimos nuestros análisis en diferentes sesiones a lo largo de noviembre de 2017 ante la comisión creada al efecto con miembros parlamentarios de todos los partidos políticos representados en Eusko Legebiltzarra.

Por cierto, muchos tuvimos que desplazarnos desde diversos lugares del país y todavía no hemos recibido una simple carta de agradecimiento, al margen de un rutinario correo electrónico y unos caramelos que había en la mesa. Tampoco fuimos invitados a la presentación de la ley, simplemente se publicó en el boletín oficial sin darle la relevancia que en un país culto y cuidadoso con sus expresiones culturales legislativas hubiese hecho, algo muy significativo. Ahora la legislatura se acaba y seguimos con la misma mediocridad desde hace décadas.

Responsabilidad cultural

En febrero de 2019 se convocó el concurso de proyectos de ampliación y reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao por su Patronato constituido por Ayuntamiento de Bilbao, Diputación Foral y Gobierno Vasco, es decir con dinero público. En un anómalo jurado expresamente elegido con cuatro miembros de los diez incapacitados para juzgar asuntos de arquitectura se declaró ganador el deseado y previsto por el promotor que ya se vaticinaba desde el momento de la convocatoria del simulacro de concurso, "Agravitas" de Norman Foster & Partners y Luis María Uriarte, destacado arquitecto laudiotarra. En el jurado también figuraba el viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco, historiador del arte, José Ángel Maria Muñoz.

Es esencial conocer el informe que emitió este cargo ya que tuvo que ver en las sesiones de análisis de los proyectos, y muy especialmente en el ganador, las evidentes afecciones sobre el Museo y el Parque, ambos catalogados al máximo nivel en el Plan General de Bilbao y de acuerdo a la citada Ley 6/2019, que suponemos conocerá al máximo detalle, así como las bases del concurso, para eso acudió. De lo contrario queda seriamente comprometido ya que figuraría como un miembro pasivo del jurado auto sometido a la interesada voz imperante, la del arquitecto Luis Fernández Galiano miembro de la Norman Foster Foundation. Inmoralidad e ilegalidad aceptada. La normativa legal no solo es para publicarla sino para respetarla y hacerla cumplir. ¿En qué situación queda esta legislación protectora si el representante cultural del organismo que la redacta, Gobierno Vasco, admite y quizá firma su evidente vulneración?

Posteriormente, el 23 de julio el jurado para la elección del equipo de arquitectura que diseñará el proyecto expuso el fallo del concurso ante el Patronato de la Fundación. El consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, les acompañó en esta presentación y se supone que debió quedar sorprendido e incluso molesto por la afección al edificio existente, pero extraña y decepcionantemente nada ha dicho evidencia que poco le afecta. Lo que a su vez como representante del Gobierno reafirma que el patrimonio cultural en su aspecto arquitectónico nada importa.

Este proyecto de acuerdo a la tramitación administrativa obligada todavía debe estar sometido a un informe del departamento de Cultura de Eusko Jaurlaritza y a otro de Valoración Ambiental Estratégico del departamento de Medio Ambiente y obviamente como un derecho social, a un periodo de información pública para recoger las cuestiones que plantee la ciudadanía.

Asimismo, es más que necesario, imprescindible, que transcurrido más de un año desde la aprobación de la Ley se nombre el Consejo de la CAPV de Patrimonio Cultural Vasco, un comité asesor integrado por reconocidas personalidades de todos los ámbitos de la cultura, para contribuir a la toma de decisiones lo más precisas y con las mayores garantías posibles.

La sociedad en ocasiones es más sensible que un jurado. El museo, es decir el edificio y todo su contenido, por su singularidad y la calidad de obras de arte están en el imaginario colectivo no solo del pueblo vasco sino de toda persona medianamente culta de cualquier lugar y en la percepción de la cultura ocupa un destacado lugar el patrimonio arquitectónico. Este asunto no es una cuestión «provincialista» de Bizkaia, la participación en el Patronato del Gobierno implica un gasto público que se financia también por los otros territorios por lo que es de interés nacional. Y en este caso asistimos a una posible malversación de fondos públicos ya que el presupuesto previsto 18.658.200 (IVA incluido), consultados varios estudios especializados, es imposible respetar en una ampliación de 7.584 m2, con una estructura tan audaz.

Es inadmisible que los dos cargos culturales de un país acaben su mandado con esta inhibición síntoma y confirmación de algo muy grave. El absoluto desinterés del PNV por la cultura, exceptuando por lo general el euskera, y el desprecio por la arquitectura y el patrimonio, el principal signo de identidad material del pueblo vasco.