La actual política penitenciaria podemos analizar desde diferentes parametros: un punto de vista conceptual, una perspectiva  legal y finalmente un punto de vista práctico.

Parámetro conceptual: desde el punto de vista conceptual, revisando brevemente la historia tenemos que las cárceles, orfanatos y manicomios han sido centros para encerrar la disidencia y la rebeldía. Desde la edad media se han empleado diferentes modelos y formas de mazmorras o cárceles que los señores utilizaban para acallar la rebeldía. Con la revolución industrial y la proliferación de pobres y desheredados que sobrevivían asaltando los caminos, las cárceles consolidaron su funcionalidad represiva. La aparición de la cárcel no se debió a una respuesta concreta contra la delincuencia, sino que se encuadra dentro de cambios más profundos en la forma de entender y gestionar los problemas sociales, principalmente relacionados con la pobreza Desde entonces y hasta la actualidad las cárceles están repletas de diferentes tipos de presos políticos y sociales.

Entre los perfiles de diferentes tipos de presos, en el primer grupo, siguiendo los tratados de la psicología social (Robert K. Merton, Emile Durkheim)i, estarían las desviaciones de los que buscan los mismos fines pero por diferentes métodos. Nos referimos a personas pertenecientes a familias desestructuradas, provenientes de barriadas marginales, a los que se les presenta una sociedad de consumo ideal, una sociedad de la abundancia, pero se les niega las herramientas para lograr este fin. La frustración a la que están abocados les empuja hacia vías alternativas que les conducen a prisión. Tenemos comunidades que sufren esta situación de forma exponencial y las estadísticas de las cárceles las confirman. Me refiero a un segmento de la comunidad gitana prototipo de este tipo de desviación y víctima preferente de la denominada profecía autocumplida. Marginados por una sociedad que les prejuzga, les niega oportunidades porque son considerados vagos y maleantes, les condenan al trapicheo, al contrabando y al robo, y de esta forma se autocumple la profecía. Este grupo de personas son presos políticos porque son víctimas de políticas xenófobas y neoliberales que les excluye y les margina encerrándoles en un destino de represión.

En el segundo grupo estaría los presos por disidencia política, este tipo de desviación no comparte los métodos del sistema ni tampoco los fines y quiere cambiarlos. Entre ellos se encuentra militantes de Segi, Ernai, HB, SAT, ETA, Grapo, ANC, Omnium… No es necesario juzgar los delitos por los que fueron ya juzgados, lo hicieron los tribunales de excepción herederos del franquista TOP, pero si quiero hacer una reflexión sobre la intencionalidad de sus acciones, en las que encontramos altruismo, entrega, generosidad y coherencia que les sitúa en el otro tipo de desviación que propone  Merton, aquella en la que no se acepta los fines  ni tampoco los métodos de esta sociedad y aspiran a cambiar tanto los fines como los métodos, esto es,  quieren cambiar el sistema. A unos sus actos de violencia reactiva o de contrapoder, a otros sus actos de agitación social y de coherencia política les han llevado a la cárcel.  Son presos políticos que aspiran a construir una sociedad más democrática, más libre y más igualitaria.  

En un tercer grupo encontraríamos a los psicópatas (violadores, asesinos en serie, torturadores…) que son el reflejo extrapolado de la miseria moral de algunos segmentos de nuestra sociedad. Sus delitos son el reflejo de mentes enfermas, víctimas a su vez de infancias violentadas y dañadas.

Un cuarto grupo sería el de los antisociales de guante blanco, el subtipo antisocial codicioso que denominaba Theodore Milon en su tratado Trastornos de la Personalidad (Mas allá del DSM-IV). En estos últimos tiempos una minoría numerosa de los existentes, están acabando en la cárcel y son fundamentalmente políticos del PP. Estas personas entienden la política como un medio para medrar y una forma de enriquecimiento personal.
Parámetro judicial: el análisis desde el punto de vista judicial nos indica diferentes formas de aplicar la justicia penitenciaria.

Respecto al primer grupo la acción de la justicia es negligente y burocrática, a lo que se añade que las cárceles en lugar de reinsertar son escuelas especializadas en delincuencia. Los ensayos que se hicieron durante la década de los 90 con la toxicomanía, mediante los decretos de reinserción sociolaboral, en lugar de generalizarse e impulsarse, desaparecieron al ritmo en el que decreció la alarma social que provocaban las drogodependencias y el VIH.

En cuanto al segundo grupo de los presos por disidencia política, la acción de la justicia es cruel y vengativa, aplicándose con mayor severidad y con exigencias extraordinarias para aplicar los beneficios penitenciarios. La exigencia del perdón, la reparación y/o la autocritica es una exigencia extraordinaria que no se aplica al resto de los presos, y no se les condiciona con esa exigencia para la aplicación de los beneficios penitenciarios. Por otro lado, la reparación y/o la autocrítica no se puede realizar por decreto, esta debe ser sin condicionantes para que sea espontanea, si no se corre el riesgo de que sea instrumental e interesada. Esta debe ser libre, a través de la reflexión personal y desde la libertad. Hay otro grupo que no se menciona porque generalmente sus delitos no son denunciados ni perseguidos, y cuando excepcionalmente acaban en la cárcel, es por poco tiempo. Me refiero a los delitos de la violencia estructural o del poder, con torturadores promocionados y crímenes encubiertos. En este grupo por los mismos delitos unos son premiados y otros castigados con crueldad.

En el tercer grupo el de los psicópatas (asesinos y violadores),  desde la mentalidad psicopática del acto interesado, estos se integran sin ninguna dificultad en la cárcel , convertidos en presos modelos,  emplean toda su inteligencia para manipular a las juntas de tratamiento carentes de los suficientes recursos,  y logran  beneficios penitenciarios y una rápida salida de la cárcel; pero en muchos casos vuelven a recaer en delitos graves y extremos, manteniéndose el potencial peligro para la comunidad.

Con el cuarto grupo los sociópatas de subtipo guante blanco, la justicia se quita la venda y favorece, que no solo logren el máximo de beneficios penitenciarios, sino que su poderío económico les permita corromper todos los estamentos judiciales y penitenciarios.

Parámetro práctico: para finalizar si empleamos el punto de vista práctico en el análisis de las cárceles y focalizamos este en la protección de la comunidad, la experiencia nos conduce a las siguientes inferencias.
Respecto al primer grupo el riesgo de reincidencia es importante porque las cárceles son escuelas de delincuencia y si la salida de la cárcel no está acompañada de medidas de reinserción sociolaboral, se les vuelve a condenar a la frustración y a la delincuencia. Por ello se debe de implementar políticas de intervención integrales, que elaboren planes individualizados de reinserción, seguimiento terapeutico-educativo de los procesos, y políticas sociales de empleo y vivienda protegida.

En lo referente al segundo grupo, el de la disidencia política, existe la certeza socialmente compartida de que no habrá reincidencia en base a la experiencia pasada y a las decisiones adoptadas colectivamente. Asimismo, no tendrán dificultades en términos de reinserción por encontrar el apoyo de un importante segmento de la población. Deben estar en libertad.  En cuanto a la ideología legitima que subyace a los motivos del encarcelamiento, la readaptación al nuevo ciclo político es una decisión personal.

En el tercer grupo, pensamos que la intervención es más compleja porque el acto delictivo  no esta condicionado exclusivamente por el extracto social al que pertenece, sino que se añade las características de una personalidad gravemente dañada en la infancia,  que requiere un seguimiento más estrecho,  que armonice su derecho al bienestar y a la libertad con la seguridad de la comunidad. Me refiero a violadores, asesinos perversos, violencia de genero.

Finalmente, en el cuarto grupo, el de los políticos corruptos, tampoco su salida supone un riesgo para la comunidad, siempre y cuando se pongan las medidas de control necesarias. La devolución del dinero y la inhabilitación como políticos sería suficiente.

Este análisis sobre los tres parámetros tomo como base para defender que de cara a la trasferencia de competencias en política penitenciaria, es importante que esta tenga un carácter preventivo y la intervención sea precoz e integral. Las cárceles no rehabilitan. La política penitenciaria se debe situar en parámetros de cohesión social, con políticas activas de empleo, planes de reinserción sociolaboral, políticas que aseguren una vivienda digna a todos. Estas políticas deben invertir en equipos profesionales, que individualicen los procesos con un análisis previo de las circunstancias del delito, y que mediante la intervención terapéutico-educativa favorezca y acompañe a los presos en su proceso de reinserción.

En términos generales y en lo concerniente a las políticas de reinserción habrá que hacer una reflexión, que integre tanto elementos prácticos como humanos. Las políticas dirigidas a aumentar las cárceles existentes, con más policía y funcionarios, es un gasto inútil que perpetua la marginación e incrementa la desigualdad social, dificultando la cohesión social, que es el garante de la seguridad de la comunidad. La experiencia nos dice que una sociedad cohesionado es más segura y hay menos delincuencia; por el contrario una sociedad con muchas desigualdades y núcleos marginales es menos segura y prolifera la delincuencia. En una comunidad cohesionada que incorpora en términos adaptativos a los sectores marginales, la seguridad no depende de las fuerzas de seguridad, sino que se sustenta en el  bienestar colectivo. Dos opciones con dos caminos diferentes: uno impulsar políticas sociales que cohesionen la sociedad reduciendo las diferencias y facilitando la reinserción de los sectores más desfavorecidos y marginales , empleando el dinero en generalizar el bienestar; el otro camino es el de guardar la propiedad privada con más policía y más seguridad, destinar el dinero a perseguir a los delincuentes, meterlos y mantenerlos en las cárceles, continuando con el ciclo que perpetua en generaciones la marginación.

En definitiva, es fundamental que la política penitenciaria tenga en cuenta, que tanto en términos humanos, jurídicos, como en términos prácticos, la inversión de nuestros impuestos se debe dirigir a cohesionar la sociedad, y no a mantener en la marginalidad a un segmento de la población. Es más humano, más justo y más eficaz prevenir el delito y rehabilitar al delincuente que perseguirlo y mantenerlo encarcelado.