Altsasu, es una ciudad vasca de unos 7.000 habitantes, de Nabarra, donde en las últimas elecciones, el nacionalismo vasco en su conjunto, recibió el 58% de los votos de sus ciudadanos, donde también la cultura y la memoria histórica, ocupan un importante lugar en la vida cotidiana de sus habitantes. Pero hace casi dos años, esta ciudad vasca, ha tomado protagonismo en los medios, por un hecho ocurrido en un bar, en el mes de octubre del año 2016, que involucra, a un grupo de 11 jóvenes y dos guardias civiles y su respectivas parejas, cuando en dicho bar, hubo una reyerta nocturna, donde la lesión más grave constatada, ha sido un labio dañado, un tobillo roto y algunos moretones, propios de este tipo de conflictos nocturnos. Cuestión esta, que se repite periódicamente en cualquier ciudad o pueblo del mundo, finalizando el episodio, con las disculpas del caso, un día en la comisaría, o de máxima, resolviendo el tema, en un tribunal ordinario.

Pero la magnificación del hecho antes mencionado en cierta prensa, ha posibilitado que el mismo se convierta en una cuestión política, o de Estado, al comenzar a pergeñarse una estrategia, cuyo fin último, es teñir lo ocurrido en el bar, con la denominación de un acto de terrorismo, al cual, los más benévolos, denominan de baja intensidad.

El vehículo para demonizar esta simple «reyerta» en un bar nocturno de Altsasu, ha sido la organización Covite, que ha realizado la denuncia pertinente ante la Audiencia Nacional, llevando un conflicto de índole local, o regional, a una institución judicial de alcance nacional. Cabe destacar, que Covite ha tenido como fin, apoyar a las víctimas del terrorismo de ETA, y en la actualidad, donde ETA ya no existe más, parece ser, que continúan con su dogma de que –todo es ETA–, marcando la agenda política y judicial del Estado español, en vez de dar pasos firmes, en dirección a lograr una paz definitiva que permita la reconciliación de la sociedad vasca.

El resultado de la operación judicial ha sido que la fiscal, en la Audiencia Nacional, basándose en la existencia de un supuesto «Comando Nabarro» en Altsasu, ha solicitado para los jóvenes finalmente acusados del hecho, tres de los cuales, hace más de una año y medio se encuentran detenidos, condenas que van desde los doce años y medio, hasta los 62 años, basándose en una legislación antiterrorista.

Según nuestro seguimiento del tema, durante el juicio, no se han podido comprobar las acusaciones contra los jóvenes, muchas de ellas montadas, producto de la antigua saña, de querer reducir todo a una actividad terrorista. En tal sentido, el juicio ha finalizado y se espera la sentencia, que debe dictar de la Audiencia Nacional. Por los antes enunciado, nosotros, como integrantes del Observatorio de Naciones sin Estado, de la Universidad Nacional de La Plata, solicitamos la «absolución» de los jóvenes acusados de Altsasu, entendiendo que sería un verdadero acto de justicia.