Los nacionalistas catalanes de Junts han rechazado la Ley de amnistía, temen que no les garantice la libertad y una vez aprobada entren en prisión cautelar acusados de alta traición o terrorismo. El PSOE ha solicitado a la Mesa del Congreso una prórroga hasta el 7 de marzo para poder alcanzar un acuerdo con la derecha soberanista sobre el redactado final de la ley. En lo referente a la acusación de terrorismo los socialistas, avalados por destacados juristas, afirman que por razones de interés público y oportunidad política se puede conceder la amnistía siempre y cuando no se hayan causado violaciones graves de derechos humanos (del derecho fundamental a la vida o la libertad). La decisión del Fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de considerar que no existen indicios de terrorismo en los disturbios de «Tsunami Democràtic» está provocando en la mayoría de la junta de fiscales del Supremo una severa reacción en su contra. Toda una trama judicial para intentar ocultar un problema político: la cuestión catalana.

Desde la Comisión Europea se insta a investigar la injerencia de Rusia en el «procés» pero cuando se la interroga sobre las millonarias subvenciones a Open Society Foundations, la ONG del magnate norteamericano George Soros, que participó en las protestas de «Tsunami», la institución comunitaria responde que no tiene competencias para intervenir en lo realizado con sus ayudas. El poder judicial está buscando pesquisas acerca de la trama rusa en Catalunya con las que vincular al expresidente Puigdemont con algún tipo de apoyo económico o militar, acusación sin pruebas sólidas después de años indagando.

Las actuales buenas relaciones entre el PSOE y Junts tienen su referente en Catalunya. La «sociovergencia» es, desde la Transición, un entramado de poder municipal y autonómico que ha garantizado el bipartidismo. Los socialistas del PSC y la derecha soberanista están gobernando coaligados en 42 ayuntamientos, más que con ERC. Junts declara sentirse más cómodo en materia económica con la izquierda del Estado español, y aunque republicanos y socialistas se han apoyado a la hora de aprobar sus respectivos presupuestos en la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, el objetivo último de la sociovergencia es expulsar a Pere Aragonès en las elecciones de 2025. El acuerdo entre neoliberales del PSOE y «neocons» catalanes puede reducir a la mínima expresión el desarrollo socioeconómico defendido en el derecho de autodeterminación (desaparición del déficit fiscal y una política económica propia).

Los independentistas no renuncian a una república catalana. Hace unos meses ERC, Junts y las CUP aprobaron una resolución que instaba a la Generalitat a acordar con Madrid la celebración de un referéndum. El Ejecutivo de Sánchez lo consideró irrealizable, pero cree posible «una consulta para valorar un marco de consulta». Tomando como referente la Ley de claridad referendaria de Canadá el President Aragonès ha propuesto una mesa de diálogo entre todos los partidos donde discutir la viabilidad de una reforma constitucional que dote a Catalunya de mayor capacidad de autogobierno, sea reconocido su carácter como nación o convocar un referéndum por la independencia. Pero, únicamente ERC y En Comú Podem han defendido la idea de un «acuerdo de claridad». Puigdemont no lo apoyó en su día y ahora con el rechazo a la Ley de amnistía ha obligado a Aragonés a dejar en suspenso las negociaciones.