En aras a hacer visible esta dramática situación, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de un tiempo a esta parte viene haciendo un llamamiento a la rebeldía para hacer frente al paro, la miseria y los recortes. En ese contexto se enmarca la ocupación simbólica que en 2012 realizaron los jornaleros de la finca de Las Turquillas, en la que permanecieron 17 días para exigir que la tierra abandonada tenga un uso social y se pueda crea empleo para muchas personas.

Pues bien, el poder político, el económico y el judicial han hecho frente común para tratar de acallar la rebeldía del SAT a través de juicios en los que se trata de criminalizar este tipo de actos a través de peticiones desmedidas de cárcel y de multas desorbitadas. Uno de esos juicios, en el que ELA tuvo la oportunidad de expresar su solidaridad, se celebró el pasado lunes 10 en Granada. Y precisamente allí, a la tierra de Federico García Lorca y de Carlos Cano, acudimos varios sindicatos del resto del estado (la CIGA, la Intersindical Valencia, IAC, etc...) a mostrar nuestra solidaridad y profundo respeto a la lucha titánica que están desarrollando en defensa de los desheredados y de los que no tienen nada.

Diego Cañamero, Juan Manuel Sánchez Gordillo y los otros 54 militantes imputados se negaron a participar en un juicio ya que en todo momento sus acciones fueron absolutamente pacíficas (al igual que otras acciones como la expropiación de carros de comida en el Mercadona) y con la vista puesta en mitigar la miseria que asola buena parte de su tierra. Y es que la crisis, también en Andalucía, está siendo la coartada perfecta para mutilar el estado de bienestar y concentrar la riqueza en cada vez menos manos dejando abandonados a su suerte a sectores cada vez más amplios de la población a la que tratan de sumir también en el miedo y la indiferencia.

Este tipo de juicios evidentemente causan mella por el coste económico y personal que conllevan, ya que acumulan más de un millón de euros en multa y 300 años de petición de cárcel, pero las personas que militan en el SAT han salido absolutamente fortalecidos ideológicamente de estos embates represivos del poder. De ahí, que hayan convocado una ‘Marcha de la Dignidad’ de Andalucía a Madrid que comenzará el 12 de marzo y que finalizará el 22 de marzo y que, con un marcado cariz anticapitalista, tendrá como objetivo fundamental exigir un cambio en las políticas públicas ya que la defensa del carácter público de la sanidad, la educación, la gestión de los recursos y la tierra, desempleo, dependencia y pensiones es el elemento básico de un modelo de sociedad más progresista y solidario.

El capital está obteniendo todas las reformas que le está pidiendo al poder político: roban a espuertas, saquean el dinero público, mienten, manipulan, imponen reformas y todo ello con absoluta impunidad por parte de los grandes partidos políticos que se turnan pacíficamente en el poder para pastar en el presupuesto público, olvidándose de defender a los más necesitados. Frente a esto el SAT se rebela y activa la movilización en la calle y los centros de trabajo. Opción que contrasta radicalmente con la actividad de UGT y CCOO, más dedicados a defenderse de las acusaciones de corrupción y de malversación de dinero público que de defender a los que más lo necesitan.

En ELA creemos que luchas como las del SAT son la única manera de proporcionar esperanza a los que somos víctimas de esta crisis y que nos puede servir para colaborar solidariamente en ayudar a la gente a pasar de estar deprimidos y avergonzados a empoderarse y ser conscientes del poder que atesoramos si nos organizamos y peleamos con dignidad. El SAT no pide un cambio de gobierno sino de políticas ya que tienen muy claro que hay que ser firmes a la hora de no difuminar la crítica a las instituciones neoliberales, gobierne quien gobierne. Sabemos que los tiempos de diálogo social y concertación han acabado y que no nos queda más opción que emprender la confrontación democrática y pacífica para evitar que nos sigan haciendo la vida imposible.