Los que componemos la Plataforma AP-8 Peajerik Ez, queremos compartir las claves de este conflicto, al que ya sumamos más de 22.000 firmas de vizcaínos que nos apoyan. La autopista A-8, en sus más de 530 kilómetros sólo es de pago en el tramo guipuzcoano Behobia-Eibar, y entre Ermua-Usansolo en su parte vizcaína; casualmente los únicas tramos construidos por medio de una concesión administrativa y entregado a las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia, libre de gastos, en 2003. Tras la reversión, ambas diputaciones, habiendo visto el potencial de negocio que suponía, crearon ad hoc, solo para estos tramos, sendas normas forales a fin de continuar con tan suculento chollo.

Mientras la concesionaria explotaba durante 30 años el tramo Ermua-Basauri, la Diputación Foral de Bizkaia construyó, con dinero de las arcas vizcaínas, el resto de la AP-8 que faltaba desde Basauri hasta Muskiz; al mismo tiempo que las modernas autovías: Txorierri, Kadagua, Mungia y Gerediaga, sin aplicar ningún tipo de peaje en estas nuevas vías, ya que se financiaron y a fecha de hoy todavía se mantienen, como el resto de la red viaria de Bizkaia; es decir, con los impuestos de todos los vizcaínos, incluidos los del Duranguesado y Lea-Artibai.

Sin embargo, se da la paradoja de que los residentes en estas dos últimas comarcas, que han contribuido con sus impuestos, como el resto de los vizcaínos, a la construcción de la Red de Vías Rápidas de Bizkaia, se ven obligados a pagar, una segunda vez, por medio de un peaje añadido, por transitar por la única vía rápida (AP-8) que les da el acceso a Bilbo, u optar por la saturada, peligrosa y tercermundista N-634, que únicamente debiera tener utilidad como vía de servicio local, como lo hace en el resto de Bizkaia.

La Diputación Foral de Bizkaia mantiene tan injusta, arbitraria, y discriminatoria política, con dos mantras que repiten a coro tanto el Diputado General Sr. Rementeria, como el Sr. Pradales, diputado de Infraestructuras: «Las autopistas hay que pagarlas». Nosotros entendemos que se refiere a que las autopistas o Vías Rápidas de Bizkaia debemos costearlas y mantenerlas entre «todos» los vizcaínos. Si esto que dicen fuera así, no acabamos de entender porqué únicamente pagamos peaje quienes hemos optado por vivir en el Duranguesado, Lea-Artibai, Busturialdea o Ermua. Deduciendo que con los 2,22 euros que pagamos por el tramo Usansolo-Durango de tan solo 16 kilómetros, estamos costeando lo que no abonan el resto de vizcaínos del Gran Bilbao que, en el tramo de la vía rápida A-8 que ellos usan, no se frenan para pagar ningún peaje.

Aducen que «Si se libera la autopista en este tramo, se congestionaría». Parece que con este postulado, y a la luz de sus propios datos de aforamiento en la AP-8 y en la N-634 elaborados por su propio departamento, nos quieren tomar, como menos, por «no listos». La N-634 soporta en la actualidad un flujo medio de tráfico de 22.000 vehículos para los dos carriles, uno en cada sentido. Mientras la AP-8 registra 31.000 para tres carriles por cada sentido. Si descontáramos el tráfico de servicio local que siempre tendrá la N-634 y se trasvasaran, pongamos 18.000 vehículos a la AP-8 liberada, es decir ya gratuita, serían 49.000 los vehículos a repartir entre los tres carriles por sentido, 8.100 por carril y día, lo que es totalmente asumible y nada impactante a semejante infraestructura, y muy por debajo de la densidad de tráfico que concurre en la A-8 a su paso por el Gran Bilbao.

Tan pobres argumentos esgrimidos por la Diputación esconden lo que en realidad es el objetivo de esta, que no es otra que la recaudación: hacer caja para costear la cuantiosa deuda del departamento de Infraestructuras, gestionada por Interbiak y cifrada en más de 2.500 millones de euros, fruto de políticas irresponsables en la planificación, que se han demostrado poco operativas como por ejemplo la Super Sur, paralela a la A-8, que con un costo de 900 millones está infrautilizada y solo ha registrado pérdidas, y ello con un peaje blando en esta vía rápida un 45% más barato que la AP-8.

No olvidemos tampoco, los gastos innecesarios usados, por ejemplo, para la actual construcción de la variante de Ermua con un costo de 70 millones de euros. Cuando liberando la autopista en este término, y con un pinchazo para dar salida al tráfico pesado de la zona industrial de Mallabia, hubiéramos evitado hace años el calvario que arrastran los ermuarras. Liberaciones parciales, ya se han realizado tres desde que la Diputación de Bizkaia controla la AP-8. Se liberó Galdakao con un pinchazo. Se suprimió el peaje Basauri-Usansolo y también en Iurreta, donde no se aplica peaje si recorres el tramo que discurre en sus límites territoriales. Nosotros, en última instancia y por responsabilidad, no nos opondríamos al cobro de peaje para hacer frente a semejante desaguisado, siempre que este fuese igualitario, razonable y de aplicación en toda la A-8 y el resto de las autovías de Bizkaia, y no solo, como hasta ahora, discriminándonos en el tramo Ermua-Usansolo.

También queremos denunciar las perversiones que origina la AP-8 y A-8 y proponemos a la Diputación de Bizkaia, tan dada a encargar costosos estudios, la mayoría complacientes con su política, que realice uno sobre el trasvase de vizcaínos a Cantabria para disfrutar de su tiempo libre, trayecto que realizan por la gratuita A-8, en detrimento de nuestro también costero herrialde guipuzcoano. La causa ya se la adelantamos nosotros. Para un vizcaíno la opción de poder ir a la costa guipuzcoana como por ejemplo a Deba, Zarautz o Getaria, tiene un peaje de 22 euros, frente a los 0 euros de ir a Castro Urdiales, Laredo o Noja. ¿Se imaginan, tanto la Diputación de Bizkaia, como la Gipuzkoa, el trasvase de renta que supondría que vizcaínos y guipuzcoanos, para disfrutar de su tiempo libre, no tuvieran el muro que supone el peaje de la AP-8? Desde luego modificarían mucho los destinos de ocio de quienes, hoy en masa, acuden a Cantabria y Asturias.

También nos preguntamos cómo nuestro lehendakari Urkullu pretende cumplir uno de sus objetivos prioritarios marcados para esta legislatura frente al árbol de Gernika: cohesionar el país. Vano intento le vaticinamos, con un muro que divide a guipuzcoanos y vizcaínos llamado AP-8, causante de que el 40% de la población de este pequeño país, tenga más fácil, por económico, cohesionarse con cántabros y asturianos. Demostraría talla política si fuera capaz de dar un órdago a sus pares de Bizkaia y Gipuzkoa dejándoles claro que la política está para hacer país y no caja fácil de esta forma tan injusta y vergonzante (32 millones de beneficio en el 2016). Nosotros garantizamos que este cambio de rumbo, por parte del PNV le sería más rentable social y económicamente, que la actual política que usan para esquilmar a las personas que viven en el este vizcaíno.

Este es el reto y la causa que motiva nuestra reivindicación, esperando acabar con tan injusta, discriminatoria y arbitraria situación que venimos arrastrando quienes vivimos a los márgenes de la AP-8.