Al poco tiempo de que en la Ertzaintza surgiera el sindicato ERNE, que durante esos primeros años le pugnó la hegemonía sindical a ELA, Endika Etxeandia, su secretario general, realizó unas declaraciones que al entonces consejero de Interior, Luis Mari Retolaza, le sentaron a cuerno quemado. Para ERNE, por boca de Etxeandia, la Ertzaintza era «militarista, autoritaria y centralista». En la entrevista, que salió publicada en el semanario “Argia” en euskara, aparecieron reflexiones del secretario de ERNE del estilo: «Cuando los filósofos o sociólogos mencionen el ambiente esquizofrénico de Euskadi, tengan en cuenta que el punto álgido de esa disociación es una actuación de los ertzainas. El ertzaina es a menudo una persona poco formada, poco reflexiva y a veces se producen cortocircuitos graves».

Desde entonces hasta ahora, la entrevista fue en octubre de 1987, los hechos han ido confirmando aquella primera impresión. ELA, que tuvo la escisión de ESAN en 2006, alentada por los sectores jeltzales que en todas sus zonas de influencia abandonaban los retos soberanistas, fue superada por ERNE hasta convertirse en la actualidad en una sombra de los que fue. La  conversión de la Policía autonómica en Policía integral le llevó a torturar (más de 300 casos según el IVAC), a matar en cargas (Iñigo Cabacas en Bilbo, Rosa Zarra en Donostia), a detenidos fallecidos en comisaría con signos de violencia (Juan Calvo en Arkaute), a que agentes fueran condenados por narcotráfico, sancionados por saltarse el confinamiento durante la pandemia mientras multaban por cientos a ciudadanos vascos, a aplicar la ley mordaza con una severidad extraordinaria, a pesar de la decisión contraria del Parlamento de la CAV… Una deriva que ha homologado precisamente a la Ertzaintza con los cuerpos policiales a los que, según su plan estratégico, habría de aventajar con su «modelo que emana de la sociedad vasca, fiel a su idiosincrasia, cultura, idioma». Un fracaso.

En los últimos años, al negacionismo de su actividad represiva al margen de las leyes vigentes y de las normas internas (ERNE sin asumir la tortura, ESAN rechazando responsabilidad en el caso de Rosa Zarra, entre otros), se ha sumado una tendencia manifiesta, también en las policías hispanas, un escoramiento masivo hacía posiciones ultras: Ertzainas en lucha, Aserfavite, Mila esker…, acercándose a quienes orbitan en el entorno de Vox, como la asociación Jusapol y sus sindicatos Jupol y Jucil. Ya fue notorio que el clan de Deustu impuso su posición a la consejería de Interior en el caso Cabacas, y que Estefanía Beltrán de Heredia y Josu Erkoreka no tuvieron atribución efectiva sobre el cuerpo, convertido en un poder fáctico que actúa en consecuencia.

La actividad de la Policía autónoma en los hechos recientes confirma que tampoco Bingen Zupiria tiene mando sobre la tropa. Sino más bien, al contrario, sus declaraciones no hacen sino refrendar lo que ya le viene dado. En Gasteiz justificando el apaleamiento a los antifascistas y el sustento a los falangistas, negando el uso de balas de foam, incluso falseando un video para exculparse (que la Real Sociedad de futbol salió a negar su procedencia, tal y como lo había señalado la Ertzaintza) y en estas semanas, aplaudida por Vox, apuntando la procedencia de sus detenidos –que no juzgados y declarados culpables de delito–, creando un precedente inédito en la Unión Europea.

Esta última cuestión tiene también unas extrañas ramificaciones, al hacer una diferenciación muy sui géneris. Un cuerpo autonómico, vasco para más señas, que salvo su participación en el CCPA de Hendaia, en Lapurdi, junto a Guardia Civil y Policía Nacional, no puede operar fuera de su comunidad, con excepciones de mandato judicial, describe a sus detenidos, entre otros, como «españoles». ¿Por qué no vascos, también? Son sintomáticas las referencias: latinos, magrebíes, europeos que no pertenecen a la UE. ¿Por qué no publificar otro tipo de circunstancias? La respuesta tiene otras preguntas. Si a Sarkozy le dieran permiso para acceder a San Mamés en el mundial de 2030 y fuera detenido nuevamente por algún altercado, ¿sería señalado por su origen aristócrata húngaro? Y Netanyahu, ¿polaco? ¿Por qué no sabemos la vecindad del ertzaina juzgado por transportar 800 kilogramos de coca junto a un empresario y a un «cómplice argelino»?

El drama político de esta cuestión reside en la complicidad de Interior, y por extensión en el PNV, en estos procederes. Es notorio, y a las declaraciones de Aitor Esteban me remito, que el partido jeltzale ha entrado en campaña, con tiempo, por si se agota la legislatura, haciendo los deberes, si se adelanta. Y como es una constante en la derecha planetaria, con dos ejes centrales: migración y delincuencia. Todo unido. No hay excepciones en la derecha. La reciente campaña en Chile, en la primera vuelta de las elecciones, lo confirman. Seguridad y migración temas centrales cuando Chile es uno de los Estados americanos con menor delincuencia y migración. ¿Qué decir de los once meses de legislatura de Donald Trump o las últimas medidas al respecto de Keir Starmer en el Reino Unido? Como si las élites financieras estuvieran al margen de fechorías. La particularidad vasca y la experiencia, añaden un tercer factor muy al uso por los dos socios del Gobierno de la CAV, el suelo ético. El comodín.

El diario “El País” señalaba recientemente una idea singular, a la vez que criticaba la fijación del origen de los detenidos por la Ertzaintza por un interés de unir delincuencia con migración. La percepción de que las señalizaciones por origen de detenidos por una Ertzaintza notoriamente derechizada forman parte de un movimiento más en el intento de crear una Aliança Catalana de corte vasco, entraba en la ecuación del articulista. Una posibilidad bien real que de seguro el PNV conoce desde dentro. Por ello, es muy probable que su inclinación tenga que ver con su posicionamiento, tanto ante esa eventualidad, como por la verosímil llegada de un nuevo Gobierno neofascista a Madrid y su adecuación a la circunstancia. Al tiempo.