The Clash ofrecía así las oportunidades de hacer carrera: «¿quieres realmente ser poli?». Aquí el debate sobre seguridad está adoptando una dimensión inusitada. ¿Estamos hablando de las necesidades corporativas de unos funcionarios o de cómo prestar un servicio público de primera necesidad? ¿Dónde está realmente la prioridad?

No me voy a extender en ese movimiento de funcionarios de la Ertzaintza, versión asindical o sindical, porque nos ha interpelado directamente y supone un impacto en todos y cada uno de nosotros y nosotras: eslóganes chantajistas, actitudes amenazantes, intervenciones cuasiclandestinas en medios de comunicación, uso de métodos de coacción poniendo en riesgo un Tour festivo y popular… Cuando la estructura policial recorre vías no institucionales, no convencionales, abre el atajo parapolicial. Esa es la situación. Intentemos dibujar un diagnóstico.

La seguridad es, en gran medida, una percepción individual, un sentimiento, como el miedo, que es libre. Tiene un gran componente subjetivo, pero obliga a una gestión objetiva. Y en términos objetivos, comparados con nuestro entorno cercano, ni las tasas delincuenciales ni las condiciones materiales en que se presta el servicio justifica esta crítica. Sin embargo, el modelo policial actual es heredero de un pasado cercano en el que el PNV justificó la violencia policial como intervención política. Y arrastra un déficit con tres características.

La primera, una falta absoluta de autocrítica. Cualquier acción desproporcionada, arbitraria, es respondida con un cierre de filas. No hay espacio para la revisión o crítica en términos operativos. Recientemente he solicitado información sobre los expedientes disciplinarios abiertos en los últimos tres años, cercanos a la centena. La punta del iceberg. Del análisis de dichos expedientes se extraen actitudes escandalosas de exceso de poder, de prepotencia, de ejercicio abusivo de sus prerrogativas como autoridad (por no hablar de delitos relacionados con drogas o agresiones sexuales). Sí, hay un problema.

La segunda, dejación política de dar una solución a esto hechos. ¿Cuántas veces ha podido responder el consejero Sr. Erkoreka que todo el peso de la intervención policial recae sobre «técnicos» que prestan su servicio en base a una metódica y siempre sopesada evaluación desapasionada de las circunstancias? Como si esto fuera posible. Eso es negar la intervención política ante realidades de seguridad siempre cambiantes.
Precisamente, la tercera tendencia es rechazar la existencia de alternativas, ridiculizando su mera propuesta: «¿Cuál es su modelo, el de Venezuela, el de Cuba, Corea del Norte?» me espeta el Sr. Erkoreka. No. Hay modelos próximos que nos enseñan que se puede intervenir de forma diametralmente opuesta. Que incorporan sistemas rigurosos de transparencia, control, dación de cuentas y asunción de responsabilidades, incluidas las de orden disciplinario. Pero no quieren siquiera hablar de ello.

Por eso se han perdido todas las oportunidades de enfrentar este debate de forma racional, realista, desapasionada. Se pudo enfrentar tras el cambio de ciclo de violencia política, pero se renunció a ello porque se podía interpretar como una depuración de hechos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y brutalidad policial practicados durante décadas, que afea un relato de buenos y malos. Se pudo haber analizado el modelo policial al calor de hechos gravísimos, como el caso Cabacas, que según sus responsables supuso «la mayor crisis de credibilidad de la Ertzaintza». Últimamente, actuaciones arbitrarias contra diferentes colectivos de trabajadores, jóvenes, personas racializadas, víctimas de desahucios… podrían motivar una readecuación del modelo, pero tampoco se quiere abrir el melón. Se pudo haber dado en el marco de un debate técnico, en la 5ª modificación de la ley de policía vasca. O, por fin, con la emergencia de esta última rebelión interna. Un momento en el que la sociedad advierte ya la disociación de sus perspectivas de seguridad y la actitud corporativa de quienes deben prestarla. Pero no.

EH Bildu ha ofrecido dar ese debate. Como lo han dado, con total naturalidad, el Parlament de Catalunya, proceso en el que participó EH Bildu. O el Ayuntamiento de Bilbo, a raíz de hechos dramáticos en Otxarkoaga, del que surge el Pacto de Seguridad Ciudadana, en el que estamos comprometidos. Precisamente extendimos la mano para debatir, sea con luz y taquígrafos, sea de forma reservada, y comprometernos en sus conclusiones. Pero esta vez fue el propio Urkullu el que dio un sonoro portazo. Tras rechazar en un informe que el problema actual de la Ertzaintza tenga su raíz en sus condiciones laborales, prefirió anunciar mejoras salariales, regalándoles 18 millones más de dinero público a cambio de paz social. Negó así que la raíz del problema sea precisamente política. Que ese movimiento interno le está disputando el control político, porque los ertzainas quieren autorregularse, quieren erigirse como un poder autónomo sin injerencias, sin intervención del Gobierno y menos aún, control externo de la oposición. El poder de la gestión técnica sin supervisión política, sueño húmedo de cualquier estructura policial. No. Es precisamente el tiempo de la política.

Porque hay que depurar métodos, protocolos, instrucciones de intervención. Porque hay que revisar el empleo de sus armas y otras herramientas legales a su alcance. Porque hay que disolver la Brigada Móvil. Porque hay que desterrar inmediatamente simbología ultraderechista, imaginería militarista, actitudes autoritarias, euskarófobas. Porque hay que imponer rigurosos mecanismos de transparencia y asunción de responsabilidades. Porque hay que intervenir mejor en violencia de género, delitos de medio ambiente, delitos de odio, ciberseguridad. Porque hay que renunciar a tratar a las policías locales como policías subordinadas. Porque hay que achicar los espacios de intervención de las FCSE en el camino hacia su repliegue total. Porque, en definitiva, hay que devolver a la política, a los representantes políticos y, en definitiva, al pueblo, la definición de prioridades y gestión de la seguridad pública. Un modelo de seguridad civil, democrático, euskaldun, a imagen y semejanza de una sociedad plural y diversa, a la que debe servir.

Retomando el título de The Clash, no hablamos de carreras profesionales, condiciones laborales que nadie (sino ellos) consideran injustas. Hablamos de que la ciudadanía retome la gestión de un servicio público hoy imprescindible.