Cincuenta años. Miles de niños, niñas y familias. Ese es el balance de Euskal Udalekuak, un proyecto educativo que durante cuatro décadas ha trabajado por la promoción del euskara, la convivencia y una forma de entender la educación basada en la participación, la autonomía y el respeto. En las últimas semanas hemos asistido con preocupación e indignación a una polémica que muchos consideramos artificial. Antes incluso de que existiera una resolución administrativa, determinados medios, especialmente las cabeceras de los grupos Vocento y Noticias, ambos siempre dispuestos a fomentar la euskarofobia y/o a obtener clics en sus páginas web, alimentaron una intensa alarma social sobre el funcionamiento de Euskal Udalekuak. Posteriormente, la Diputación Foral de Álava suspendió la actividad alegando motivos administrativos ajenos al debate público que se había generado previamente. Sin embargo, ni siquiera las dos resoluciones judiciales contrarias a su actuación, que suspendieron la decisión de paralizar los udalekus por un defecto administrativo, parecen haber mitigado sus prejuicios. Pese a ello, continúan sobreactuando. 

Durante días, se apeló a supuestas denuncias cuya existencia ni siquiera estaba clara. Más tarde se animó públicamente a presentarlas, parece ser que la ausencia de las mismas desmontaba su circo mediático, mientras Euskal Udalekuak seguía sin conocer su contenido ni su origen. Según se ha publicado, no procederían de familias participantes, sino de organizaciones como Vox o Abogados Cristianos. Todo ello plantea serias dudas sobre la gestión de este asunto y sobre el papel desempeñado por Bingen Zupiria, Ana del Val y Ramiro González, cuya actuación ha contribuido al descrédito público de Euskal Udalekuak. Siendo esto así, convendría actuar con prudencia antes de convertir acusaciones en condenas públicas. 

La sucesión de acontecimientos lleva a preguntarse si el verdadero problema eran unas supuestas irregularidades administrativas o si, en realidad, se pretende acabar con un modelo educativo consolidado desde hace 40 años. Un proyecto autogestionado, sostenido por el trabajo voluntario y el compromiso de cientos de personas con su comunidad, valores que, a juzgar por su actuación, algunos responsables institucionales parecen incapaces de comprender o apreciar. 

Uno de los aspectos más polémicos ha sido el de las duchas compartidas. Conviene recordar que instalaciones públicas cuentan con vestuarios o espacios similares sin que ello haya generado campañas de escándalo semejantes. Por ejemplo, las duchas comunitarias del Centro Cívico de Ibaiondo de Gasteiz, donde entiendo que la diputada Ana del Val no acudirá para evitarse un escándalo, disponen de vestuarios y duchas mixtos para personas adultas, niños, niñas... Todos revueltos y con «los órganos sexuales al aire». Pido disculpas por esta última frase, pero así describía "El Correo" las duchas de Bernedo en uno de sus infames artículos. Resulta llamativo que esto no genere ninguna reacción institucional, mientras que en el caso de Euskal Udalekuak se ha convertido en el centro del debate. Ridículo. 

La Diputación debería gobernar para toda la ciudadanía, también para quienes defendemos unos udalekus en euskara donde se fomente una relación sana y natural con el propio cuerpo, la igualdad entre la infancia y una convivencia basada en el respeto. Si para la diputada de Cultura y el diputado general compartir determinados espacios constituye un escándalo, el problema no está en Euskal Udalekuak, sino en una concepción profundamente conservadora y moralizante de la educación. Proyectar sus prejuicios sobre un proyecto con 50 años de trayectoria educativa dice mucho más de quienes toman esas decisiones que de los propios campamentos. 

También resulta llamativo que la Diputación subvencione sin objeciones campamentos de carácter confesional organizados por una institución que arrastra un largo historial de denuncias y casos de abusos sexuales a menores, en los que las actividades religiosas forman parte del programa, mientras se muestra especialmente beligerante con un proyecto educativo como Euskal Udalekuak. 

No es la primera vez que responsables institucionales cuestionan estos campamentos. Incluso se llegó a afirmar que los menores permanecían «aislados» de sus familias. Nada más lejos de la realidad: simplemente no utilizan teléfonos móviles durante la estancia, una práctica habitual en numerosos programas educativos para favorecer la convivencia. Ante cualquier incidencia, las familias son informadas de inmediato. Del mismo modo, cualquier comportamiento machista, agresión o falta grave de respeto ha sido siempre atajado con rapidez y contundencia. 

Naturalmente, es legítimo que algunas familias no compartan este modelo educativo o determinadas prácticas. Nadie está obligado a participar en estos campamentos, y cualquier persona tiene derecho a elegir otras alternativas e incluso a expresar sus críticas. Lo que resulta difícil de aceptar es que un proyecto con 50 años de trayectoria sea sometido a una campaña de cuestionamiento que muchos consideran desproporcionada y que amenaza con poner fin a una iniciativa que ha formado parte del patrimonio educativo y cultural de miles de familias vascas. Y que estamos encantadas, por cierto. 

Gora Euskal Udalekuak! Aurrera!