Hay algunas palabras que sirven para explicar el mundo y otras que se utilizan para envolverlo en celofán. La colaboración público‑privada pertenece a esta segunda categoría. En Euskadi, este acrónimo (CPP) se ha convertido en el mantra institucional que lo justifica absolutamente todo, desde un plan de vivienda hasta la compra de un bolígrafo con «visión estratégica». Es un ecosistema, un clima, una forma de vida. Aquí no se pregunta si un proyecto debe ser público o privado; se da por hecho que lo público necesita un tutor, un coach, un socio «dinámico» que, casualmente, suele ser una empresa con larga tradición de contratos, consultorías y cafés institucionales.

El Gobierno Vasco y las tres diputaciones presentan a diario la CPP como la fórmula mágica que combina lo mejor de ambos mundos. Y, en cierto modo, tienen razón: combina lo mejor del mundo privado −beneficios, control, capacidad de influencia− con lo mejor del mundo público −recursos, suelo, avales, estabilidad, leyes adaptables, ausencia de riesgo−. Una simbiosis perfecta, eso sí, siempre que uno pertenezca al lado adecuado de la ecuación.

Se trata, para encuadrarlo mejor, de otra forma de privatización encubierta de lo público, que hace que la Administración funcione como «el cajero» y la «compañía de seguros» ideal para el lucro de ciertas élites empresariales, garantizándolas altos y rápidos beneficios en la mayor parte de los casos. Dicho de otro modo: estamos ante una descarada transferencia de rentas en perjuicio de las clases bajas, medias y, como mucho, medias-altas (aquellas que soportan en peso relativo más carga fiscal e impuestos) o, incluso, algo peor: otra variante más perfeccionada del sistema de puertas giratorias que tanto se viene prodigando en cargos de la función pública de los partidos gobernantes.

Los ejemplos de este tipo de intervención, que se sustancia en transferencias de recursos y bienes públicos en beneficio de intereses privados, aparecen en todas las esferas de la actividad económica. Veamos algunas pocas de ellas.

1) El modelo de infraestructuras mediante concesiones. En Euskadi, muchas infraestructuras se gestionan mediante concesiones a empresas privadas: autopistas, túneles, parkings, etc. El esquema suele ser: inversión inicial pública o mixta, gestión privada durante décadas, cobro de peajes o tarifas y, en el mejor de los casos, retorno final al sector público. Es decir, un modelo donde el riesgo lo asume lo público y el beneficio lo captura lo privado, especialmente cuando las administraciones garantizan ingresos mínimos o rescates si la demanda no es la prevista.

2) La Colaboración público‑privada en sanidad (conciertos sanitarios). El Gobierno Vasco y las diputaciones mantienen acuerdos con clínicas privadas para pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, servicios especializados... En definitiva, desviación de recursos públicos hacia empresas privadas, especialmente cuando se externalizan servicios que podrían reforzarse internamente.

3) El modelo de residencias de mayores de gestión privada con financiación pública. En Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, menos de una décima parte son de titularidad pública. El resto de las residencias de mayores están gestionadas por empresas privadas o entidades del tercer sector, pero financiadas en gran medida con dinero público. Este modelo, denunciado por sindicatos y plataformas de familiares favorece los beneficios empresariales a costa de condiciones laborales precarias, ratios de personal insuficientes, con la consiguiente falta de control público efectivo, habiéndose convertido en uno de los ámbitos donde más se ha debatido sobre si la CPP realmente mejora el servicio o externaliza un derecho básico.

4) Parques tecnológicos y subvenciones a empresas estratégicas. Euskadi ha impulsado durante décadas un modelo de apoyo público a empresas industriales y tecnológicas mediante subvenciones, créditos blandos, suelo industrial a precios ventajosos, infraestructuras públicas para uso privado... Este modelo ha generado numerosas situaciones donde empresas privadas reciben un apoyo público muy significativo sin garantías claras de retorno social, especialmente cuando deslocalizan, reducen plantilla (muy a menudo) o no cumplen expectativas de empleo (con más regularidad aún).

5) El caso de la vivienda. Paradigmático. En el ámbito de la vivienda, la CPP se ha convertido en una pieza central del relato institucional. El Gobierno Vasco ha defendido públicamente que la colaboración con empresas privadas es clave para ampliar el parque de vivienda asequible y acelerar la construcción de nuevos desarrollos. El enfoque combina la promoción privada con condiciones públicas (precios regulados, cesiones de suelo, etc.), la gestión mixta de viviendas en alquiler y los incentivos fiscales y financieros para atraer inversión privada. Pero por encima de todo esto, lo que queda es la dificultad para garantizar que el beneficio social prevalezca sobre la rentabilidad privada, la dependencia de promotores y gestoras para ejecutar políticas públicas y otra realidad palpable: que el sector privado condiciona ritmos, precios y prioridades.

6) La nueva Ley vasca de Empleo. Esta Ley ha elevado la colaboración público‑privada a categoría de dogma. Entidades privadas participan en la intermediación, la formación y la inserción laboral. Todo muy moderno, muy europeo, muy «ecosistema de agentes». Pero, en la práctica, esto significa que empresas y entidades privadas pueden gestionar programas de inserción laboral financiados con fondos públicos. Y, como es lógico, tienden a priorizar perfiles que permitan cumplir objetivos, justificar indicadores y asegurar renovaciones contractuales. Un ejemplo ilustrativo: varios programas de intermediación han sido adjudicados a entidades privadas que, según informes de seguimiento, concentran sus esfuerzos en perfiles más fáciles de insertar, dejando a los más vulnerables en manos de un sistema público debilitado. Pero eso no aparece en los folletos institucionales.

7) Consultoras: el verdadero Departamento de Todo. Si uno quiere entender el modelo vasco de CPP, basta con seguir el rastro de las consultoras. PwC, KPMG, Deloitte, LKS... nombres que aparecen en contratos de planificación estratégica, digitalización, análisis de políticas, gestión de proyectos y cualquier cosa que requiera un PowerPoint con flechas y colores. Ejemplo concreto: en los últimos años, varias consejerías han adjudicado contratos millonarios para diseñar estrategias que, en teoría, deberían ser competencias internas. El resultado es que algunas consultoras conocen mejor los entresijos de la administración que muchos directores de servicio. Y cuando una empresa sabe más que el propio departamento, influye más. Y cuando influye más, factura más. Un círculo virtuoso para ellas, no tanto para el contribuyente.

La lista sería interminable, pero el esquema es siempre el mismo, eso sí, envuelto todo ello en un lenguaje tecnocrático que convierte cualquier crítica en un acto de ignorancia: «gobernanza avanzada», «innovación sistémica», «agentes tractores». Palabras que sirven para evitar la más incómoda: «privatización».

De esta forma, el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones han logrado algo admirable: convertir la CPP en un símbolo de modernidad. No importa que el modelo genere dependencia, opacidad o concentración de poder económico. Lo importante es que suena bien. Que queda bien en Bruselas. Que permite presentar cada proyecto como un triunfo de la eficiencia. La colaboración público‑privada es el perfume institucional perfecto: huele a progreso, pero tapa cualquier olor incómodo.

La CPP en Euskadi no es un instrumento. Es un relato. Un relato que convierte la cesión de funciones públicas en un acto de modernidad, la dependencia de consultoras en un signo de profesionalización y la transferencia de recursos públicos a empresas privadas en una estrategia de bienestar. En definitiva, se trata de un paraguas amplio para financiar proyectos donde el sector privado adelanta inversión y el sector público garantiza pagos futuros, y para externalizar servicios (consultoría, gestión, mantenimiento, etc.), que antes hacía directamente la Administración.

En el discurso oficial se presenta como palanca de eficiencia: el privado «gestiona mejor» y «más rápido», o como un reparto de riesgos. En la práctica, la CPP supone opacidad contractual: contratos largos, complejos, blindados por cláusulas de confidencialidad, difícil escrutinio ciudadano, socialización de pérdidas y privatización de beneficios. Cuando el proyecto va bien, la rentabilidad es privada; cuando va mal, se renegocia, se rescata o se reestatiza con dinero público. Y captura de agenda pública: las grandes empresas condicionan qué se construye, dónde y cómo, porque son ellas quienes «ofrecen soluciones» y diseñan los proyectos llave en mano.

Es un modelo que funciona. Funciona tan bien que quienes más se benefician de él no quieren que cambie. Y quienes menos se benefician... siempre pueden consolarse con un buen eslogan.

Ahora bien, lo que más llama la atención de todo esto es que la oposición en este país no haya todavía cuestionado de raíz una práctica habitual que, en el fondo, es una trampa de efectos económicos incalculables para las mayorías sociales. Y luego se dice que no hay dinero para lo público.


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