Colombia acaba de elegir a un presidente de extrema derecha por un margen estrecho, apenas 250.000 votos, en una elección que abre un nuevo capítulo político en el país. Abelardo de la Espriella se impuso en el balotaje con 12,96 millones de votos frente a 12,71 millones de Iván Cepeda. Esto supone una alternancia en la que Colombia se suma al ciclo internacional de la extrema derecha tras su primer gobierno progresista. 

El resultado permite dos lecturas. La izquierda no fue barrida: Cepeda amplió la votación progresista de 2022 y confirmó una fuerza social con arraigo territorial, urbano y popular. Pero no bastó: la derecha, que también creció, concentró mejor sus votos y encontró un vehículo más eficaz que sus viejos partidos. 

Lo anterior describe un país dividido, pero en disputa, y la llegada de la extrema derecha plantea tres riesgos: restauración conservadora con vocación de choque, presión sobre derechos y paz, y un realineamiento geopolítico que devolverá a Colombia al lugar de pieza disciplinada de Washington. 

De la Espriella es abogado y empresario, en cuya carrera defendió paramilitares, estafadores y abusadores de menores. En campaña se presentó como outsider, pese a representar una tradición económica, autoritaria y de restauración elitista. Mezcló estética trumpista, mano dura, discurso antipolítico y antiizquierda, promesas de recorte del Estado y uso intensivo de inteligencia artificial, logrando traducir a su favor el agotamiento con lo público, inseguridad, rabia digital y aspiración individual. 

El primer riesgo de su llegada es la restauración conservadora, que en Colombia tomará forma de recorte, privatización, reducción de políticas sociales y ofensiva contra un Estado ya pequeño frente a otros países de la OCDE. Esta lógica no será gradual. La extrema derecha suele gobernar con lo que en Estados Unidos llaman «inundar la zona»: muchas medidas, enemigos y escándalos al tiempo, para que oposición, prensa, movimientos sociales y ciudadanía corran detrás de incendios simultáneos mientras cambian el país por decreto. 

Y mientras recortan el Estado, fortalecen su vocación de castigo. Por eso la promesa de motosierra suele venir acompañada de megacárceles, militarización y persecución de delitos y opositores. Después de un gobierno que amplió derechos laborales, redujo pobreza e intentó diálogos de paz, la restauración buscará instalar otro relato: que el «cambio» produjo desorden y que la única salida es disciplina, mercado y autoridad. 

El segundo escenario afecta a democracia, derechos humanos y paz. Colombia es un país con conflicto armado, corrupción, acuerdos de paz incompletos, liderazgos sociales amenazados, territorios militarizados y una larga historia de estigmatización contra la oposición. En ese contexto, la retórica violenta no es solo retórica: cuando se habla de enemigos, castigo y limpieza, el país ha visto cómo esas palabras suelen volverse autorización social para perseguir, censurar o deshumanizar. 

La prensa, la oposición, los movimientos sociales, las víctimas, las mujeres, las diversidades y quienes defienden derechos humanos enfrentarán un terreno hostil. La extrema derecha suele correr límites: desacredita jueces, presiona medios, instala sospechas, convierte la protesta en amenaza y desplaza la discusión desde derechos hacia orden. Al respecto, De la Espriella tiene antecedentes de hostigamiento a la prensa: entre 2008 y 2019 presentó más de 100 denuncias contra periodistas. 

El tercer escenario es geopolítico. Colombia pasará de una política exterior autónoma, crítica frente al genocidio en Gaza, la concentración tecnológica y partidaria de la integración sur-sur, a un alineamiento con Donald Trump, Marco Rubio, Israel y las derechas globales. Eso implica un cambio en la relación con Venezuela, la política antidrogas, la cooperación militar y su rol en América Latina. La promesa de sumarse a esquemas hemisféricos de seguridad impulsados por Washington muestra que no se trata solo de diplomacia, sino de una realineación estratégica. 

Para Europa, y especialmente para quienes miran América Latina desde una sensibilidad democrática, antifascista y de paz, Colombia no debe leerse como excepción, sino como parte de una tendencia global: derechas que se presentan como rebeldes mientras restauran privilegios; millonarios que hablan contra las élites; candidatos hechos para redes sociales más que para gobernar; y guerras culturales que esconden programas de recorte. 

Sin embargo, la doble lectura del resultado impide caer en el fatalismo. De la Espriella llega con millones de votos, pero también frente a millones que votaron otra cosa. El país no se entregó por completo. Las fuerzas democráticas conservan respaldo, territorios, movimientos sociales, memoria de paz y una votación capaz de convertirse en oposición si se organiza. La cuestión es si tendrá método suficiente para no vivir los próximos años corriendo detrás de cada incendio. 

Lo que viene exige mirar Colombia con atención. No solo por solidaridad, sino porque allí se verá una versión de la ofensiva global reaccionaria: recorte, autoridad punitiva, guerra cultural, subordinación internacional y saturación informativa. La pregunta no es solo qué hará la extrema derecha, sino si la sociedad, dentro y fuera del país, entenderá y podrá organizarse para impedir la globalización del autoritarismo vestido de democracia.