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Constitución de 1978. Cuarenta años en el laberinto posfranquista y oligárquico

Nuestra obligación, como gente honesta y radicalmente democrática, es derogar esta Constitución y abrir procesos constituyentes en todas las nacionalidades del Estado que así lo demanden.

06/12/2018

Para que la Constitución Española de 1978 hubiera sido verdaderamente democrática no debería reconocer ningún vínculo jurídico con el pasado, negar toda validez a las anteriores leyes y constituciones. Se trataría, por tanto, de la expresión más radical de ruptura con el pasado.

Nada de eso sucedió, más bien todo lo contrario, el pacto entre las élites franquistas y las direcciones de los partidos reformistas PSOE y PCE no supuso ni la más mínima depuración del aparato del Estado franquista (Ejército, cuerpos represivos, judicatura y políticos de la dictadura).

Además nos coló subrepticiamente la aceptación de una monarquía nombrada por el dictador, sin consultar directamente al pueblo en un referéndum diferenciado y democrático.

Pero incluso a la gente que ve ciertos aspectos progresistas en la Constitución, la misma redacción de la misma les quita la razón. Tanto en el tema de libertades públicas como en lo relativo a derechos sociales, como el derecho a la vivienda, por ejemplo. Los derechos y las normas progresivas quedaron reducidos a la función de simples principios informadores («rectores») y por tanto no susceptibles de alegarse ante los tribunales.

Se podría decir, sin temor a equivocarnos, que la Constitución del 78 era un traje a la medida para el Ejército, la Iglesia, la patronal y el blindaje de la monarquía franquista.

Al Ejército se le garantizó ser el máximo garante de la indivisibilidad de España, lo cual venía a decir que ante cualquier intento de autodeterminación y secesión, las fuerzas armadas intervendrían para garantizar la «sagrada unidad de la Patria».

La polémica gravitó en torno al reconocimiento de la Iglesia. El conflicto no estaba realmente en la declaración de la «aconfesionalidad del Estado». El nudo gordiano tenía que ver con lo que era el principal «negocio» de la Iglesia: la educación. Apenas presentable, el texto final estableció en su art. 27, el «derecho que asistiré a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Las leyes orgánicas ya se encargarían después de seguir regulando uno de los pocos sistemas de educación dual de todo el planeta, en el que la educación privada se nutre de fondos públicos bajo el eufemismo de «concertada».

La patronal también vio colmadas su aspiraciones. La discusión giraba en torno a los límites del derecho a huelga y al reconocimiento tanto del despido libre como del derecho al cierre patronal. El resultado final, regulado luego en el art. 28, remitió de nuevo al desarrollo normativo de las leyes orgánicas: «La ley  que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad». Y seguidamente en el art. 37, además de sancionar la regulación colectiva, en su segundo párrafo reconocía «el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo». Meses después con los Pactos de la Moncloa se lapidaría cualquier «veleidad asamblearia» y el único cauce de negociación colectiva estaría en manos de los comités de empresa, dominados por los sindicatos reformistas.

El blindaje de la figura de Juan Carlos de Borbón fue total, tanto los partidos franquistas como el PSOE y el PCE lo aceptaron sin rechistar. La figura del referéndum se estipula como  meramente consultivo, y además con tal número de trabas constitucionales, dos tercios de la cámara, etc., que hacían casi imposible su realización.

La Constitución del 78 no reconoce el derecho democrático a la autodeterminación, las libertades públicas y los derechos sociales se recomiendan, no se regulan por ley. Sin embargo, sí se legisla específicamente la intervención del Ejército y los privilegios de la Iglesia y de la patronal, así como el blindaje de una monarquía heredera de una dictadura.

Por lo tanto nuestra obligación, como gente honesta y radicalmente democrática, es derogar esta Constitución y abrir procesos constituyentes en todas las nacionalidades del Estado que así lo demanden.

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