Hoy cuarto aniversario de la Ley 6/2019, de 9 de mayo de Patrimonio Cultural Vasco, resulta socialmente imprescindible hacer una crítica a la inutilidad real de esta ley por culpa de sus responsables políticos que debieran ser sus máximos garantes. Ante su reiterada incapacidad para hacerla cumplir se han convertido en los principales inculpables, incluso cómplices, de todos los delitos contra el patrimonio cultural, especialmente el inmueble, es decir, el arquitectónico, que se están impunemente cometiendo, consecuencia de algo más que dejadez: prevaricación. Y estos irresponsables son en orden jerárquico el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, el viceconsejero, Andoni Iturbe, que ya venía precedido de una nefasta gestión en la Diputación de Bizkaia y el director de Patrimonio Cultural, Mikel Aizpuru.

Esta acusación se justifica de modo inapelable por su inoperatividad ante el atentado previsto contra el Museo de Bellas Artes de Bilbao. El desafortunado proceso se inicia cuando el persuasivo director del museo de Bellas Artes de Bilbao Miguel Zugaza logra engañar a la Fundación del Museo (Ayuntamiento, Diputación y Gobierno), es decir al PNV bizkaitarra, gente desacreditada culturalmente, haciéndoles ver que si el actual museo se amplia, innecesariamente, y si es de autor famoso acudirán muchos turistas a ver el extravagante elemento ya que de eso se trata. Aumentar la masa de curiosos, que no es lo mismo que visitantes, y tal espectacular objeto intentará competir con el cercano Guggenheim Bilbao Museo.

Para tal fin solo era preciso convocar un concurso de proyectos para la ampliación y reforma del museo, con unas bases vulnerables y un jurado a medida con incompetentes dirigido por un especialista, el arquitecto Luis Fernández Galiano afín a la empresa Norman Foster& Partners, luego ya resolverá y justificará el fraude. Tal como estaba previsto se hizo ganador a su proyecto denominado Agravitas, en el que participaba como asociado LM Uriarte Arkitektura SLP.
Para el Gobierno vasco español que soportamos este es un proyecto estratégico, la menesterosa economía del turismo de muchedumbre y pelotón que debe imponerse por encima de toda circunstancia, inclusive la indisimulable ilegalidad, cultural y urbanística vigente, la dictadura del negocio.

Los políticos y allegados cargos en cultura de los tres ámbitos de la Administración, municipal, foral y nacional han estado callados ya que nada sensato pueden decir, solo convencional demagogia populista, sonreír y aplaudir. También contaban con el ya instaurado silencio cómplice del colegio de arquitectos, a cambio de prebendas fáciles de imaginar, que prohibió en dos ocasiones celebrar un debate, no solo profesional sino público como ha sido tradición en décadas anteriores.

Reacción defensiva

La segunda parte no la tenían prevista, que surgiera un movimiento de defensa cívica de la integridad del museo, que se rebelara contra tanta, no ya presunta, sino evidente corrupción y prevaricación, y que se redactase un manifiesto al que a pesar del temor de demasiados profesionales a firmar, pero no a opinar en privado, consiguiera la adhesión de 77 arquitectos y arquitectas y 21 artistas y profesores de bellas artes. Entre ellos un exdecano del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, dos expresidentes de la delegación de Bizkaia, exvocales de la delegación, catedráticos y profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián y de Pamplona, cuatro personalidades (tres arquitectos y una historiadora) exmiembros y exjefa del Servicio del Centro del Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco (Consejo Asesor de anteriores gobiernos). Pero con una preocupante creciente indiferencia de la intelectualidad vasca y el sorprendente masivo desinterés social intoxicado por unos medios sumisos al poder suministrando estudiados estupefacientes, fútbol, turismo, gastronomía, etc.

Ni tampoco que ante el compendio de ilegalidades del proceso se presentase (01/10/2021) una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, la competente en delitos contra el patrimonio que tras unos meses fue archivada aduciendo que los daños no se habían producido todavía (17/08/2022). Por todo ello se redactó una nueva denuncia ante la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional en Madrid (27/09/2022), la Ertzaintza en absoluto era fiable, está politizada, trasladada al Juzgado de Instrucción nº 1 de Bilbao que abrió las diligencias previas 1063/2022, dónde se encuentra en espera de resolución, con la condicionante obligación de personarse con abogado y procurador y la consiguiente repercusión económica para una causa de interés socio cultural. En este caso la acusación es por «delitos contra el patrimonio histórico y prevaricación» ante hechos ya consumados que se encuentran tipificados en los artículos 322 y 404 del Código Penal contra aquellas autoridades, funcionarios y cargos públicos, quienes, contraviniendo las leyes, decretos y normas vigentes, a sabiendas de su injusticia y afectando a la correcta actuación de las administraciones competentes, han promovido, informado, tramitado, y aprobado el citado proyecto Agravitas. Y se citan los nombres de todos aquellos que han delinquido y tolerado el expolio, desde el Gobierno al Ayuntamiento y Diputación.

Esta crítica está más que justificada por la indolente actitud de estos cargos políticos ante las gravísimas y palpables infracciones a la citada Ley que se incumple en nueve artículos, además del transgredir otras leyes y decretos estatales sobre el funcionariado e incluso de rango superior como la Constitución, o evidentes omisiones a lo dispuesto en el Plan General de Bilbao entonces vigente respecto al Museo y el parque colindante. Y lo que resulta más insultante, el desprecio fruto de la prepotencia política y la ignorancia, al informe negativo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la única entidad consultiva reconocida en asuntos culturales del Estado.

Asimismo, resulta sorprendentemente relevante que no se conoce, al margen de las triunfalistas noticias y publirreportajes difundidos por el Museo y amplificados por la prensa sumisa y censurante, "El Correo", "Deia" y la "Ser" ningún artículo que merite el proyecto. En cambio existen 24 artículos críticos legibles en internet. Por cierto la asociación Amigos del Museo de Bellas Artes con 4.018 miembros en 2019 ¿no tiene criterio sobre esta afección al edificio, o su interés colectivo es solo por el contenido de su patrimonio artístico, cuadros y esculturas? Sorprende su pasividad contemplativa ante la desfiguración del museo y su entorno.

En este mismo día del pasado año, tres años después de la proclamación de la ley, el transigente consejero de Cultura emitió una orden por la que nombraban diversos vocales para el Consejo de la Comunidad Autónoma del País Vasco de Patrimonio Cultural Vasco. El motivo del retraso es que los anteriores vocales, personas acreditadamente cultas e independientes no compartían los criterios políticos impuestos por el PNV en materia cultural y por tanto fue cesado el Consejo Asesor. Los nuevos vocales designados son premiados por su lealtad a los propósitos del gobierno y así aparecen, miembros o familiares del citado jurado del concurso y los redactores del informe fraudulento para aprobar las obras, presididos por el incompetente viceconsejero. Es decir, todo controlado para en la práctica seguir manipulando al servicio de la especulación y la brutalidad urbanística. Y sus demoledoras consecuencia para el patrimonio.

Peligro político

La citada ley publicada en el Boletín Oficial del País Vasco. nº 93 de 20 de mayo de 2019 recalca en su disposición final segunda: «Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardar». Vitoria-Gasteiz, a 10 de mayo de 2019. El lehendakari, Iñigo Urkullu Renteria. Es decir, los ciudadanos debemos respetar la ley pero los políticos no. ¡Insultante ironía!

Por todo lo antedicho ante la Ley 6/2019, de Patrimonio Cultural Vasco quedan solo dos opciones: una, cambiarla o anularla. Pero que no siga siendo permisiva y alentadora de cualquier destrucción o deformación de todo el legado cultural material inmueble de generaciones anteriores, el patrimonio arquitectónico en todas sus modalidades. Otra, que se cese inmediatamente a este consejero y su peligroso sanedrín. La cultura de un país civilizado no puede estar bajo la responsabilidad de personas tan incompetentes, indiferentes e insensibles. En la actualidad son la Administración y sus instituciones públicas las mayores destructoras de su propio patrimonio. Esto es gravísimo, quienes tienen encomendada la función de difundir y proteger esta faceta de la cultura vasca, son sus mayores enemigos.