Quizá pudiera sorprender que, a estas alturas, tener que recordar que en un Estado de Derecho solo pueden imponerse las penas que la ley prevé, una vez declarada la culpabilidad en un procedimiento con las garantías debidas, y que hay además penas que ninguna ley puede establecer.

Ahora, y a pesar de lo que supone, observo la necesidad de subrayar que un principio elemental de la actuación policial y judicial, y del propio Derecho Penal, es el respeto a la presunción de inocencia, además de la debida proporcionalidad en lo métodos empleados para la investigación de los delitos, detención de los acusados y medidas cautelares que eviten posibles fugas o destrucción de pruebas.

Esto lo subrayo, porque, aunque en teoría debiera ser de sobra conocido por cualquier estudiante de Derecho, lo cierto es que el sistema político español lo está ignorando.

A partir de este párrafo, pretendo dibujar un paralelismo en las decisiones político-judiciales y métodos aplicados «desde» La Moncloa, entre el cierre de Egin allá por el año 1998 y la grave situación generada en Catalunya en los últimos meses.

Entiendo que, expuesta la intención, estoy obligado a añadir que tanto el desarrollo vital del periódico, como de la evolución política catalana de las últimas décadas, no me son ajenas sino todo lo contrario.

En el «cierre» de Egin, del que en el próximo mes de julio se cumplen veinte largos años, la actuación policial resultó fuera de toda medida. Una operación espectacular, más propia de una película del famoso «007».
               
Individuos armados y encapuchados, que a las órdenes de un ser -en esas fechas sin duda- egocéntrico y poco equilibrado, ejecutaron un secuestro de manual. Arruinaron el esfuerzo de un proyecto que surgió de la propia sociedad vasca. Anularon por la fuerza una realidad hermosa, independiente y vitalista. Porque eso era Egin y no otra cosa.

Estos procedimientos, por exagerados y vejatorios, carecieron de la más mínima justificación, máxime tratándose de una empresa y unos trabajadores, con un arraigo, tanto personal como profesional que bien podía cifrarse en décadas.

Es descabellado pensar que una acusación como la que se planteó inicialmente por parte del juez B. Garzón, supusiera el más mínimo riesgo de huida. Lo previsible es que los imputados se hubieran defendido de la acusación con los medios a su alcance, mientras seguían desarrollando la profesión que constituyó su medio de vida.  Si embargo, fueron despojados de su trabajo, detenidos y encarcelados. También entonces primó el interés político y el juez estrella hizo una vez más de “Sancho” al servicio personal del pequeño y malévolo “Quijote” madrileño.

Si al recuerdo de los hechos que transcurrieron en Hernani hace veinte años, añadimos las diferentes y contradictorias sentencias que en el seno de ese «bunker franquista» hemos ido conociendo en el tiempo, llegaremos a la conclusión de que tan inadecuados y desproporcionados métodos, tenían por objetivo no tanto asegurar el resultado de la investigación, como la escenificación de un escarmiento, de la plasmación abusiva del poder, de la manipulación de la democracia para combatir al enemigo político.
               
Una materia que, por lo visto en todos estos años, no preocupa en demasía a la clase política española y vasca, lo que ha hecho posible que no se haya sabido establecer un marco jurídico claro y eficaz.

No seré yo quien niegue que una de las finalidades de la pena es ejemplarizar, como dice un manual de primer año, -aunque en mi opinión la justicia no debiera ser ejemplar sino justa-, pero lo cierto es que en el Derecho no existe la pena preventiva de descrédito, ampliada con un despliegue mediático sin precedentes.

En mi opinión, la situación generada en aquellos días, los «hechos», se aproximan mucho más a la liturgia fascista que a un régimen de garantías y derechos que «dicen» emana de la Constitución española.

Desde la condena sin juicio, a la ruina económica y de reputación empresarial y personal, hasta el más salvaje desprestigio profesional y personal, contribuyeron sin duda, no sólo los procedimientos inadecuados y ajenos por completo al sistema democrático, también el periodismo orgánico, con su repugnante, mediocre y mercenaria mezquindad.

El «cierre» de Egin supuso el arranque de una trama político-jurídica de carácter tenebroso y corte franquista, que de hecho conllevó a la criminalización e ilegalización penal de numerosos y diversos agentes políticos, sociales y culturales de Euskal Herria. También la encarcelación y procesamiento de decenas de personas. Esta cascada de despropósitos políticos y aberraciones jurídicas de hace veinte años, «creó escuela» de tal manera, que hoy, en pleno siglo XXI, están siendo aplicadas por el partido del Sr. Rajoy en Catalunya, pretendiendo -además- sean homologadas en Europa, como una forma democrática de comportamiento.

Quiero recordar y subrayar, que el Tribunal Supremo, pese a todo lo ocurrido, el año 2.009 «declaró nulo» el cierre de Egin -no sus consecuencias-  y que en la actualidad, lo que ha sobrevivido de los  «Fondos Documentales» del periódico, han sido trasladados al Archivo Histórico de Euskadi, lo que a mi entender nos muestra -entre otras cosas- aquello que decía  Goethe: «Cierto que no estamos plenamente de acuerdo, pero podemos marchar por el mismo camino».

Sr. Mariano Rajoy, no se puede pretender avanzar en democracia permitiendo cotas de poder impunes, gestionadas por corruptos de diverso pelaje y formación, escondidos entre sotanas, togas y uniformes.
              
Usted, que, como presidente del Gobierno español, dice pretender liderar la apertura a la modernidad, a la política del entendimiento, pero «solo» con sus afines. Desde esa vieja Iberia de cuyas entrañas han venido brotando durante décadas la soberbia decadente de la España refugio de conquistadores, militares y fascistas de garrote. Usted Sr. presidente, debe asumir que para gestionar en democracia es vital defender que la libertad no se impone, que la libertad no se alimenta exclusivamente de cifras, sino que lo hace fundamentalmente de derechos. De derechos Sr. presidente, ya que la libertad de los unos sobre los otros, es colonialismo, no otra cosa.

Sr. Rajoy, espero actúe con inteligencia y no equivoque el camino, pues en su entorno huele a hoguera. A la hoguera del «antaño montaraz», a ese olor rancio, mezcla de viejas y oxidadas espadas, cecina e incensario.

Sr Rajoy, usted es gallego, le animo que lea a «Castelao», eso le llevará a aprender de los errores cometidos. Analice su entorno, sea valiente y prescinda de quienes están llevando a su país, lejos de la convivencia en democracia.

Un saludo.