Por fin, durante estos últimos meses, las personas mayores hemos estado en el candelero de la opinión pública, debido a que hemos salido del armario de la resignación y la pasividad y hemos alzado nuestro grito de protesta contra la situación de miseria a la que nos condena a miles de personas jubiladas este «Estado de derecho, de derechas».

Ha salido a la luz pública la punta del iceberg, porque además de las pensiones de miseria otros muchos problemas nos aquejan, llámense residencias para el negocio, ley de dependencia sin dinero, marginación social…

Pero también hay otros problemas, no tan generales, pero que no por ello dejan de ser sangrantes, viéndonos obligados a incorporarlos a nuestra lucha.

Hoy nos referimos a aquellas personas mayores a cuyos hijos e hijas el Estado los tienen anclados en el pasado; llámense deportados a quienes hace mas de 30 años los confinó a países lejanos, sin papeles, sin trabajo y sin derechos, desarraigados de sus familias y de su pueblo; llámense personas huidas que viven en ninguna parte, en la miseria y con el miedo constante, sabiendo que esa Audiencia Nacional, azote ayer y hoy de toda expresión de libertad, les aguarda agazapada para que «rindan cuentas», procurando que su volver a la normalidad sea sinónimo de cuartelillos con peligro de torturas y cárcel; llámense presos y presas dispersadas por toda la geografía española y francesa, aisladas dentro de la misma cárcel, impedidas para practicar toda clase de actividades, muchas de ellas enfermas graves en condiciones difíciles para enfrentarse a su situación.

Y para que sufran más, el Estado se ceba con sus familiares, obligándoles a vivir su ausencia, a vivir en vilo porque ya sabemos que en la clandestinidad y en las cárceles «nunca se sabe», a soportar viajes larguísimos si quieren verles con las dificultades que ello supone para personas de edad avanzada, a sacar dinero de donde no hay para los viajes y llenar el petate… Y cuando ante la imposibilidad de viajar del familiar por enfermedad permiten traer a la persona presa, lo hacen en las peores condiciones de viaje, cárceles de paso y sobre todo impidiendo toda intimidad con la familia.

La situación ha cambiado, pero el Estado no. Ejemplos tenemos de ello a mansalva: su negación a la rebaja de condena por haberla cumplido en otro Estado, por desgracia con el beneplácito de Europa (¿dónde está aquella Europa que en tiempos del franquismo la llamábamos de las libertades?) o volver a encarcelar a presos con 22 años de prisión cumplidos.

No salimos de nuestro asombro. Nos preguntamos a qué se debe esa postura: ¿Será espíritu de venganza contra unas personas luchadoras por su pueblo que pusieron en jaque su situación? ¿Será su empeño en poner trabas por la fuerza a un pueblo que camina hacia la libertad, se llame Euskal Herria o Cataluña? ¿Pretenderán con esta postura hacer invisibles a sus súbditos los graves problemas de pobreza, paro, corrupción? ¿Será que su «España una grande y libre» carcome su democracia? ¿Será que han creado una bestia y ahora tienen que obedecerle?

Tanto como esa postura nos preocupa nuestro olvido. No exageramos si decimos que, como el tsunami por las pensiones o contra la desigualdad de género, es necesario otro para superar esta situación. No podemos alardear de progresistas, de sentirnos defensores de los derechos si dejamos en el olvido a estos cientos de personas. Para que haya una nueva convivencia es necesario afrontar estos problemas.

Hoy las personas de Sasoia queremos ser portavoces de esa situación y exigir que los derechos humanos se cumplan con las personas exiliadas, deportadas y presas y desaparezca el sufrimiento añadido de los familiares.

Invitamos a todas las personas mayores a participar el día 8 a las 12 en la manifestación que dará comienzo ante la Delegación del Gobierno para mostrar la solidaridad con los familiares y exigir al Estado español que dé un giro en su política penitenciaria.