Que en 1936 hubo una gran represión en Navarra por parte de los sublevados nadie lo puede poner en duda; que la hubo también en el resto de Euskal Herria, tampoco nadie lo puede negar, aunque en este caso los represores fueron tanto los de izquierdas primero, como lo de derechas a continuación.
Del mismo modo tampoco nadie pude negar que durante la República se produjeron duros enfrentamientos y asesinatos entre gentes de derechas y de izquierdas, fruto de planteamientos ideológicos diversos. Pero casi nadie escapó a los intentos de imposición por la fuerza de sus particulares políticas, hasta el punto de que, en 1934, por causa del reciente triunfo electoral de las derechas, las izquierdas se sublevaron provocando gran cantidad de víctimas, primero de derechistas, y cuando el gobierno pudo frenar la sublevación, las víctimas se contaron entre los izquierdistas que se habían sublevado. Y es que, en los años treinta del siglo XX, casi nadie estaba exento de recurrir a la violencia para imponerse al adversario o para impedir su triunfo. La lucha por la democracia brillaba por su ausencia.

La especialidad del profesor Fernando Mikelarena, miembro del ateneo Basilio Lacort, parece ser que es la investigación de los crímenes cometidos por la derecha en Navarra. Por eso, en un reciente artículo en el diario "Deia" del 26 de septiembre, de nuevo arremete contra el carlismo de Euskal Herria –a través de los casos concretos de unos personajes siniestros y disidentes, de los que parece no puede desprenderse–, sin hacer distinción entre dos concepciones distintas del carlismo navarro. Ya, en su momento, recurrió a los mismos personajes para intentar desprestigiar a todo el carlismo. Así menciona, entre otros a elementos tales como Benito Santesteban, Martínez Barasain, Jaime de Burgo o Marcelino Ulibarri, todo ellos conocidos disidentes tradicionalistas que aceptaron la Unificación y, consecuentemente, bien pudieran calificarse como franquistas o, cuanto menos, próximos o militantes de FET y de las JONS.

Hace casi dos años ya interpelé al Sr. Mikelarena como consecuencia de otro artículo suyo –ya lo había hecho antes en otros artículos en un periódico digital llamado Nuevatribuna.es de "Público"–, con el mismo mantra, donde se refería a los mismos personajes. Entonces insistía también –y sigue insistiendo ahora–, en la responsabilidad de la llamada Junta Central Carlista de Guerra de Navarra, por ciertos crímenes cometidos en la retaguardia.

Por mi parte argumentaba que acercarse al mundo del carlismo no es fácil y suele resultar complejo para cualquier investigador. Ya dijo Julio Aróstegui que el tema del carlismo no era grato en los ambientes académicos y en los círculos de la historiografía convencional y profesional si se quería tratar adecuadamente, en toda su magnitud. Lo fácil es ponerle un Sambenito, agarrarse a él y no salirse del guion. Por eso, ahora, haré referencia a unos pocos datos que pueden ser clarificadores:

Existía una Junta Nacional Carlista de Guerra, dirigida por Manuel Fal Conde y adicta al rey carlista Alfonso Carlos y al regente Javier de Borbón Parma, que se opuso y desautorizó a la Junta Central Carlista de Guerra de Navarra. Pero es que el propio carlismo navarro tampoco formaba un solo bloque; estuvo dividido entre los que se adhirieron de forma incondicional a esa Junta navarra y a los militares –a Mola primero y a Franco después–, y los que se opusieron al dictador. Por eso, el regente Javier y Manuel Fal Conde, serían expulsados por Franco del territorio español.

El prestigioso carlista, jefe de la Junta Regional de Navarra, Joaquín Baleztena, adicto a Alfonso Carlos, a Javier y a Fal Conde, emitió un claro comunicado que se publicó de forma destacada en "El Pensamiento Navarro" del 24 de julio de 1936, llamando a los carlistas no sólo a no ejercer actos de violencia sino también a evitar que se cometiesen en su presencia.

Junta Central Carlista de Guerra de Navarra –de la que también formaba parte discordante Baleztena–, la presidía, de facto, José Martínez Berasáin que, con sus afines y subordinados –como su sobrino Benito Santesteban–, eran de los adictos al Movimiento, tal como nos lo explica Javier Ugarte: «los pragmáticos navarros, especialmente Martínez Berasáin, comenzaron a maniobrar (...) mantuvieron un contacto con Franco (...) y reforzaron sus lazos con los conservadores Oriol o Rodezno, muy próximos a Franco».

Pues bien, teniendo en cuenta que la mayor parte de los requetés habían marchado a los frentes de batalla, en la retaguardia quedaron algunos que, desobedeciendo las órdenes del jefe carlista de evitar la violencia, la ejercieron. Tal fue el caso de Santesteban que, curiosamente, junto a su tío Martínez Berasáin, fueron de los que aceptaron a Franco en contra de la mayor parte de los carlistas que siguieron a su rey.

En el artículo publicado por el señor Mikelarena en Deia, incluye también en los crímenes a la Junta de Guerra Carlista de Vizcaya, presidida por José María Oriol Urquijo (otro colaboracionista con el franquismo y disidente del carlismo javierista). No se queda ahí, y, de pasada, amplía los crímenes cometidos a: San Sebastián, Bilbao y Santander. Y podría haberlos ampliado hasta donde quisiera.

Lo que no dice el profesor Mikelarena, es que antes de la llegada de las fuerzas navarras al resto de Euskal Herria, las fuerzas fieles a la República y al gobierno de Euskadi, especialmente los izquierdistas, asesinaron a otra ingente cantidad de personas, entre los cuales había muchísimos carlistas, viejos y jóvenes (igual que ocurrió en las retaguardias republicanas de otras zonas como Cataluña, investigadas por Solé i Sabaté, o el País Valenciano, estudiadas por Vicent Gabarda). Las cárceles, las comisarías, y los Cuartelillos de Seguridad de Euskadi se llenaron de hombres, mujeres y niños desafectos –carlistas o no–, hasta el punto de tener que habilitar algunos barcos-prisión como el Altuna Mendi o el Cabo Quilates. En Guipúzcoa se cometieron asesinatos múltiples en la cárcel de Larrínaga, de Ondarreta, en el Cementerio de Polloe o en el fuerte Guadalupe de Fuenterrabía. En Vizcaya ocurrió lo mismo en las cárceles de Larrínaga, El Carmelo, Los Ángeles Custodios, La Galera o el cementerio de Derio, además de los asesinados en muchos de los pueblos de estos territorios vascos.

Pero los carlistas no sólo fueron perseguidos durante la República y la guerra por los milicianos izquierdistas. Por causa de su oposición a Franco, luego serían perseguidos también por la dictadura que este implantó, tal como constato en mi reciente investigación, publicada en 2018 con el título: "La rebeldía Carlista. Memoria de una represión silenciada (1936-1955)". Posteriormente el Partido Carlista también sería represaliado tanto por la dictadura, hasta la muerte de Franco, como durante la Transición por el nuevo régimen de la monarquía que el dictador nos dejó en herencia. El último acto represivo en Euskal Herria fue en 1980, cuando la candidata al Parlamento Vasco por EKA (Euskalherriko Karlista Alderdia), María José Larrea Jáuregui, fue procesada por un tribunal militar, acusada de injurias a las Fuerzas Armadas por un artículo publicado en la prensa donostiarra.