Siguiendo la estrategia, ya públicamente admitida por el presidente francés Emmanuel Macron, de «emmerder» (literalmente «enmierdar», correctamente traducido «joder» o «putear») a los no vacunados, el 17 de noviembre de 2021, el gobierno vasco introdujo el pasaporte covid-19 en la CAV. Lo impuso como requisito de acceso al ocio nocturno y a restaurantes con más de cincuenta comensales, a través de una orden de la consejera de Salud. A su vez, un decreto del 14 de diciembre (47/2021) lo extendió a toda la hostelería, eventos culturales y deportivos y a las visitas a hospitales, residencias y cárceles. Especialmente repugnante es la aplicación de la medida a los menores de doce a dieciocho años, que no sólo verán reducida su vida social y cultural, sino que además tendrán limitada o directamente vedada la posibilidad de continuar participando en el deporte escolar o realizando otras actividades educativas como las clases de danza. Tampoco hay que olvidar a los menores de doce que también sufrirán la medida pues se verán privados de aquellas actividades (culturales o deportivas) a las que no puedan acompañarlos sus padres o tutores.

Además, el 17 de diciembre, todos, grandes y pequeños, nos topamos con carteles que, colocados en las puertas de museos y bibliotecas, nos informaban de que «para acceder» a ellos era necesario presentar dicho pasaporte. Recientemente, gracias a que alguien pegó en la puerta de una biblioteca una fotocopia de la notificación remitida desde el Departamento de Cultura y Política Lingüística de Lakua, hemos podido saber algo más acerca de este despropósito. La fotografía de la notificación está disponible en el siguiente enlace: https://haurrenitxialdirikez.files.wordpress.com/2022/01/gutunakulturaondarearenzuzendaria-1.jpg

La misiva, fechada el 16 de diciembre de 2021, tiene registro de salida con el número 532866, está firmada por Mikel Aizpuru Murua (director de Patrimonio Cultural) y lleva el sello del departamento citado en el párrafo anterior. Transcribimos la totalidad de su contenido, dirigido a «Directores y Directoras» de museos y bibliotecas: «El articulado del decreto 47/2021, de 14 de diciembre, publicado ayer con motivo de la covid-19-19, no hace mención expresa a las bibliotecas y museos, pero el objetivo del decreto es ampliar a otros establecimientos, eventos, actividades y lugares los requisitos establecidos en la Orden de 17 de noviembre de 2021. En la citada Orden del Departamento de Salud se menciona la posibilidad de extender la solicitud de la certificación covid-19 en caso de propagación de la pandemia a las entidades del Grupo III establecidas en el Decreto 17/2019. Bibliotecas y museos están incluidos en este grupo III y, por tanto, les afecta el decreto de ayer. En consecuencia, es necesario solicitar el Certificado Digital covid-19 en el Portal (sic) de Bibliotecas y Museos, en los términos y condiciones que establece el Decreto 47/2021, para poder acceder a dichos establecimientos».

Lo primero que llama la atención es que se indique que el decreto del 14 de diciembre «no hace mención expresa a las bibliotecas y museos» y que para justificar esta ampliación del uso del pasaporte se recurra a un desarrollo de la orden previa del 17 de noviembre y no al propio decreto. ¿Significa esto que no atiende a derecho el que el requisito del pasaporte covid-19 se aplique en lugares a los que no se hace «mención expresa» en el decreto? Además de museos y bibliotecas, el decreto no menciona teatros o cines, por ejemplo. Sin embargo, o tal vez precisamente por eso, el día 17 de diciembre, Lakua extendió la imposición a estos lugares a través de una actualización del escrito «Respuestas a preguntas frecuentes. Medidas específicas de prevención ante el coronavirus», un documento «meramente interpretativo» y que «en ningún caso sustituye al contenido de la orden y/o decreto publicado en el correspondiente boletín oficial», según leemos en su segunda página. ¿Eran teatros, cines y similares el objeto del decreto aprobado por el TSJPV cuando en él se hace referencia a actividades «que implican la aglomeración de un número importante de personas»? ¿Es lícito legislar de forma tan ambigua?

Con todo, no acaban ahí las dudas ni el desaguisado. Si buscamos el pasaje de la orden del 17 de noviembre al que hace referencia el escrito firmado por el director de Patrimonio Cultural, leemos que «el objeto de la presente Orden es establecer la exigencia del Certificado covid-19 Digital» en «establecimientos destinados a ofrecer al público actividades de esparcimiento y baile como discotecas, salas de baile, salas de fiestas con espectáculo, bares musicales, karaokes, y todos aquellos incluidos en el Grupo III y IV, según Decreto 17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas. En cuanto a los pubs y bares especiales incluidos en el Grupo III del mencionado Decreto, la medida se exigirá a partir de las 22:00 horas». No se menciona, pese a lo que afirma Mikel Aizpuru, «la posibilidad de extender la solicitud de la certificación covid-19 en caso de propagación de la pandemia a las entidades del Grupo III establecidas en el Decreto 17/2019», sino que se ordena la implantación de la medida en todos los establecimientos «incluidos en el grupo III y IV». Siendo esto así, ¿por qué no estaba implantada la medida en museos y bibliotecas desde el 17 de noviembre? ¿De dónde ha salido la alusión a la «propagación de la pandemia» que aparentemente justifica la nota del director de Patrimonio y que no se encuentra en la orden del 17 de noviembre? La solución al entuerto y la mayor de las sorpresas llegan al consultar el decreto 17/2019.

Como ya se ha dicho, se trata de un decreto del 5 de febrero de 2019 «por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas». En él, los «grupos» son una «clasificación horaria» (en función de la hora de cierre) de los «locales de hostelería y de espectáculos públicos». Así, encontramos que los Grupos III y IV a los que se refiere la orden del 17 de noviembre (recordemos, destinada a imponer el pasaporte en el llamado «ocio nocturno») son los siguientes: Grupo III (con horario de cierre a las 02:30 horas), al que pertenecen «pubs y bares especiales» y «establecimientos de esparcimiento erótico», y Grupo IV (con horario de cierre a las 04:30 horas), al que pertenecen «establecimientos de baile y diversión». Recordemos ahora que el director de Patrimonio Cultural de Lakua ordena a los directores de museos y bibliotecas que restrinjan el acceso a sus usuarios porque «bibliotecas y museos están incluidos en este grupo III». ¿En serio? ¿Pubs, bares especiales y establecimientos de esparcimiento erótico? Nos ahorraremos los chistes. Siendo benevolentes, podemos pensar que el error se debe a que el decreto contiene un anexo en el que se catalogan «espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos», y ahí, en el apartado III, se menciona a museos y bibliotecas. No obstante, debería haber llamado la atención del Departamento de Cultura que el anexo ni siquiera tiene apartado IV.

Ignoramos en qué punto de la cadena de mando de Lakua se cometió el error o se perpetró la artimaña por la que se lleva un mes pidiendo el pasaporte covid-19 en museos y bibliotecas asimilándolos a burdeles (ciertas «invenciones» ya citadas de la nota firmada por el director de Patrimonio nos llevan a inclinarnos por la artimaña), sin embargo, lo que nos queda claro es que todo el asunto apesta. Apesta porque nuestros gobernantes, tanto con sus torpezas como con sus decretos, no sólo están enmierdando a los no vacunados sino que también están enmierdando la ya de por sí precaria democracia de este país. Pero no pediremos dimisiones; nada más lejos de nuestras intenciones que molestar a quienes alternan en tan altas esferas.

Aun así, cabe recordar aquí que la democracia (representativa, directa, consejista o como se la quiera apellidar) es un ideal, una meta basada en la transparencia y las garantías frente a la corrupción, el autoritarismo y la tiranía (demasiadas veces resultado del envilecimiento dictatorial de una democracia), y cuanto más se adecue la realidad a esta ilusión de transparencia y acceso nítido a la gestión del poder, más consistente será esa democracia. En este sentido, uno de los principales cometidos de los miembros o partidos de la oposición, de los sindicatos, los medios de comunicación y los movimientos sociales que se dicen defensores de la justicia social es vigilar a los vigilantes. Que semejante despropósito (por el que se está discriminando de manera injusta, y probablemente ilegal, a más del 10% de la población de la CAV) lleve en marcha un mes sin que nadie se haya percatado, y sin que un solo representante político o social haya pedido las explicaciones que pudieran conducir a destapar la artimaña o a remediar la injusticia, nos da la medida de lo maltrecha que está la democracia por estos lares.