«Lo que no es legal, no es democrático».

«Lo de Catalunya es más grave que lo del 23-F».

La primera frase es cosecha de Mariano Rajoy; la segunda, de uno de los ejemplares de la nueva hornada derechosa, Cayetana Alvarez de Toledo. El primero demuestra muy poco respeto por quienes lucharon contra el fraquismo; la segunda, el preocupante desconocimiento de la diferencia entre una pistola y una urna. Ambos dos, que la democracia es un concepto aún hoy muy extraño entre la clase política española y que establecer comunicación racional con ella es tan difícil como ver aparcar un coche en plaza de movilidad reducida y ver bajar del mismo a alguien que cumpla las condiciones.

Esta pasada semana quedaba visto para sentencia el juicio contra el «procés» catalán. Un proceso, por lo demás, con poco margen para la sorpresa, toda vez que la opinión pública ya viene siendo preparada para que asuma como lógica y consecuente una dura sentencia para los responsables de lo que se ha venido en llamar «intento de golpe de estado», definición que dejaría sin apelativo adecuado al alzamiento fascista del extinto caudillo ferrolano. Una sentencia, la aludida, prácticamente dictada de antemano, porque es aquí y ahora donde se hace efectivo ese «manejo desde atrás» del Tribunal Supremo que toda la ciudadanía dábamos por sentado y que un «inoportuno» y falto de tacto Ignacio Cosidó tuvo la desvergüenza de «whatsappear» hace escasos meses.

Una chapuza más de un supuesto «estado de derecho», por no decir «de derechas», que acumula presos políticos en vez de raciocinio, que se jacta de permitir en su seno las opciones independentistas, pero nunca la puesta en práctica de sus planteamientos o que habla de solucionar el conflicto catalán mediante un diálogo «abierto»… siempre y cuando se excluya aquello de lo que se discrepa y pueda circunscribirse a pájaros y flores. Quizás porque «fuera de la Constitución, no hay diálogo», como afirmaba Sánchez (RTVE 9-2-19), sin explicarnos cómo podría reformarse una constitución sin hablar de aquello que crees que le falta y pretendes incorporar.

Alta y clara, aunque temo que poco provechosa para quienes no están dispuestos a escuchar, la reflexión que Jordi Cuixart hacía en la jornada final del juicio contra el «procés», cuando recordaba al tribunal que le juzgaba que la segregación racial seguiría siendo legal en USA si Rosa Parks no se hubiera negado a levantarse de su asiento cuando el chófer del autobús en el que viajaba le exigió que lo cediera a un joven de raza blanca, comenzando así una lucha pacífica que dio con sus huesos en la cárcel por «perturbar el orden». Remachaba el clavo recordando que el sufragio universal seguiría sin reconocerse en la democrática Gran Bretaña si a las mujeres sufragistas no se les hubiera ocurrido interrumpir los discursos de los ministros o las reuniones del partido liberal, penando con multas y una posterior cárcel en la que fueron catalogadas como presas comunes contra su voluntad de ser consideradas, quién lo diría, presas políticas.

Luchas pacíficas, todas ellas, por conseguir unos derechos que hoy nos parecen básicos, pero que democracias históricas se negaban a reconocer y por cuya consecución penaron cantidad de personas que son recordadas como referentes en una sociedad que presume de avanzada, aunque cubre sus vergüenzas enfundada en planteamientos simplistas y conclusiones irracionales. Cuarenta años separan los asesinatos del 3 de marzo gasteiztarra y el apaleamiento de la ciudadanía catalana. En ambos casos, los «ilegales» huelguistas y votantes fueron acusados de sedición. En ambos casos, los «democráticos» causantes de las heridas (mortales o no) quedaron exentos de responsabilidad alguna. En este aspecto, poco han cambiado las cosas. La consecución de derechos civiles, lo sabemos, siempre ha dejado marca, tanto física como judicial.

Con el recuerdo aún fresco de ese acto de desobediencia civil, perfectamente democrática, que supuso el referéndum del 1-O, contrarrestado por unas clase política y opinión pública españolas volcadas en un demencial «¡A por ellos!» que ejecutara, con mano de hierro, un Diego Pérez de los Cobos a quien medios como "Diario16" situaban, un 23 de febrero de 1981, a las puertas del cuartel de la Guardia Civil de Yecla, embutido en su «reglamentaria» camisa azul y ofreciéndose como voluntario para apoyar a las huestes de Tejero, ya ves tú, queda clara la idea de que las problemáticas vasca y catalana, por desgracia, quedan abocadas a la búsqueda de nuevas «Rosas» Parks que marquen el camino racional, tanto a quienes les apoyen, como a quienes traten de contrarrestarlas. Una docena de personas presas políticas catalanas nos están dando toda una lección de dignidad. Pelear contra la cerrazón, queda claro, nunca salió gratis.