En los puentes forales de 2016, tres hombres salieron de bares por la parte vieja de Pamplona, con la clara intención de encontrar mujeres a las que agredir sexualmente, provocando la pérdida de conciencia mediante alguna sustancia tóxica.

Estos hombres formaban parte de un grupo de WhatsApp de 30 miembros, en el que se jactaban de sus actos y de usar burundanga, no sabemos si de forma habitual, con sus víctimas.

Dos mujeres tuvieron la mala suerte de encontrarse con los tres hombres, uno de ellos policía foral, por la noche en un bar.

Lo siguiente, es que se despertaron, ya por la mañana, en un piso que no conocían.

No recordaban que había ocurrido tras el encuentro con los agresores.

En los días sucesivos, al sentirse doloridas y con hematomas, acudieron a urgencias.

El parte médico constató que habían sido brutalmente agredidas sexualmente. Además de los signos de violencia visibles, una de ellas presentaba una fisura en una costilla. Tras el parte médico y la denuncia, la jueza no consideró necesaria hacer una prueba pericial para saber si habían sido drogadas.

A partir de ahí todo es un despropósito. Destrucción de pruebas para proteger a los agresores. Policía Foral y Policía Nacional implicados. Destruyen tanto la grabación de la cámara del bar donde los agresores encontraron a las víctimas, como los datos de los móviles.

Dos años más tarde, la jueza acabó archivando el caso.

Ahora, el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España por aquella destrucción de pruebas.

Una cantidad irrisoria, 45.000 euros, pero que sobre todo deja en evidencia a juzgados y cuerpos policiales.

Llevamos tiempo conociendo la existencia de chats de hombres, incluso menores, en los que no solo se habla de manera denigrante de las mujeres, sino que llegan a publicar las grabaciones de violaciones. Esto sucede también en chats de grupos de prostituidores. Hombres que encuentran «placer» pero sobre todo poder, vejando y agrediendo a mujeres, a las que ni tan siquiera consideran seres humanos. Esto es especialmente grave cuando además se dedican, supuestamente, a «protegernos».

En el chat hay 30 hombres que aunque no participan directamente en la agresión, al menos no en la que ahora conocemos, callan. No recriminan al resto, ni sus actos, ni sus palabras vejatorias hacia las mujeres, porque aunque en este caso fuera a unas víctimas en concreto, es extensible a todas las mujeres.

Si no respetan a una, no respetan a ninguna.

¿Qué confianza podemos tener ante una justicia que no solo nos falla una y otra vez, sino que, además, es capaz de crear todo un entramado, para proteger «a los suyos»?

La violación es, junto al feminicidio, la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Como dice Andrea Dworkin «Es un crimen contra nosotras, un acto de dominación sádica». «La violación es una función del imperialismo masculino sobre y en contra de las mujeres».

Las feministas no podemos callar, ni dejar de denunciar, el acto violento cuando lo conocemos. La violación es un intento de la sociedad patriarcal de sacarnos del espacio público provocando miedo.

Desconocemos si hay alguna manera de que los agresores paguen por sus actos, pero lo deseamos con todas nuestras fuerzas. Que salgan sus nombres.

Que la misma institución que les protegió, encuentre la manera de que sean juzgados. ¡Por las víctimas principalmente, pero también por todas las mujeres de Pamplona-Iruña, justicia y reparación!


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