La covid–19 ha puesto de manifiesto la extrema fragilidad de las cadenas globales de valor. El caos de la primavera pasada –el cierre de los puertos chinos desencadenó un desabastecimiento global de EPIs, respiradores y mascarillas– constituyó una enmienda a la totalidad de una división internacional del trabajo altamente segmentada y especializada, atravesada por lógicas neocoloniales y protagonizada por transnacionales y fondos de inversión. Un modelo que sigue mostrando un alto grado de disfuncionalidad a la hora de resolver necesidades básicas de las mayorías sociales, como evidencia por ejemplo el fantasma del desabastecimiento alimentario que recorrió el Reino Unido ante el bloqueo derivado de la aparición de la cepa británica. En definitiva, la globalización neoliberal no sólo es injusta, sino también tremendamente ineficaz.

Pese a ello las políticas públicas europeas, desde lo comunitario hasta las distintas administraciones subestatales, siguen empeñándose en términos generales en este modelo autodestructivo, complementando entre si estrategias multinivel. De este modo la Unión Europea, el gobierno español y vasco, así como las diputaciones forales, están embarcados en una carrera por atraer inversión extranjera al territorio y promover la expansión exterior del tejido empresarial propio, en un marco compulsivo de firma de tratados de comercio e inversión con el máximo posible de países y áreas regionales del planeta. Nos encontramos, pues, ante un engranaje en el que las distintas piezas se articulan, cada una en su territorio y competencias, para llevarnos en la dirección opuesta a la que la realidad tozudamente nos señala.

La UE, tras los acuerdos ya vigentes con Canadá, Japón, Singapur y Vietnam –además de las inminentes actualizaciones de los preexistentes con México y Chile–, se encuentra a las puertas de un hito central: tras más de 20 años de negociaciones, cobra forma el acuerdo con Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay). En junio de 2020 –en plena pandemia– se concluyó el apartado de diálogo político y cooperación. Al mismo tiempo, se alcanzaba un principio de acuerdo en materia de liberalización comercial y de flujos de inversión, aunque afortunadamente sin los temidos tribunales privados de arbitraje para la resolución de diferencias entre transnacionales y estados.

Parece llegar a su fin así un proceso nacido en los 90, al calor de la hegemonía neoliberal de Maastricht y la «década perdida» latinoamericana. La irrupción de gobiernos progresistas en el Cono sur congeló la propuesta, recuperada posteriormente aprovechando la llegada al poder de Macri en Argentina y el golpista Temer en Brasil. Actualmente es Bolsonaro quien está atando los últimos cabos de la negociación. En este sentido, la identidad neoliberal, autoritaria y antidemocrática del proceso es más que evidente, así como el interés por acelerar su aprobación bajo estos mimbres. Las declaraciones de la ministra de Exteriores española González Laya urgiendo a concluir las negociaciones son en este sentido clarificadoras.

Se impone por tanto hacer una valoración crítica del acuerdo, también desde Euskal Herria. Una mirada específicamente vasca que no se puede plantear en términos de competitividad y defensa de «lo nuestro», sino desde un prisma internacionalista, por el que la defensa de nuestra soberanía sólo se entiende incardinada con la de los pueblos latinoamericanos afectados: el acuerdo UE-Mercosur beneficia a las élites empresariales de aquí y de allí, y ataca a las mayorías populares también aquí y allí. Ello sin obviar su naturaleza abiertamente neocolonial, enfocada hacia la perpetuación del poder corporativo europeo (con gran peso del español) en América Latina, y en defensa de unos términos de intercambio estructuralmente desiguales, por los que los países del Mercosur exportan materias primas y productos agrícolas y ganaderos, mientras que Europa exporta productos manufacturados de mayor valor agregado y capitales que colonizan el tejido económico local. Esa perspectiva de ida y vuelta es esencial a la hora de ubicar la crítica vasca al acuerdo, y se ve reflejada en los principales aspectos constitutivos e impactos del mismo. Destacamos tres ejes.

En primer lugar, la liberalización agro-ganadera –exigencia estratégica de los países Mercosur y principal obstáculo de las negociaciones por las resistencias europeas a ceder los nichos proteccionistas que habilita la PAC– y la consiguiente inundación de nuestro mercado por importaciones baratas latinoamericanas, supondrá el golpe de gracia para un sector que en Euskal Herria se encuentra ya en una situación crítica. La merma radical de capacidades para implementar estrategias vascas de soberanía alimentaria irá de la mano de un incremento exponencial de la dependencia exterior de nuestro país en un ámbito tan elemental como el alimentario, acercándonos cada vez más a parámetros similares a los del Reino Unido.

Por otra parte, que el acuerdo resulte beneficioso para los países de Mercosur no nos puede alejar del hecho de que este beneficio revertiría fundamentalmente en un sector, la gran industria agropecuaria orientada a la exportación, en la que transnacionales con matriz en el Norte global (también la UE) causan graves impactos en estos países –como la deforestación amazónica y el incremento de emisiones de CO2 que derivará de la extensión de monocultivos de soja o de la ganadería industrial para surtir a los mercados europeos–.

En segundo lugar, la apertura del Mercosur a productos manufacturados europeos va a suponer una agudización de la desigualdad en los términos de intercambio con la UE, debilitando su tejido industrial y ahondando en la periferización relativa de unas economías altamente primario-exportadoras. Asimismo, las empresas europeas –tanto de fabricación como de servicios– se beneficiarán de la armonización a la baja de las barreras no arancelarias –laborales, sociales, fiscales, ambientales, etc.– que contempla el Acuerdo para facilitar el llamado «acceso de mercado», en detrimento de los derechos de unas poblaciones locales cada vez más a merced de capitales extranjeros.

La empresa vasca internacionalizada se podría así beneficiar de mecanismos altamente lesivos para las mayorías sociales de los países Mercosur, en aras de impulsar sus propias estrategias de captura de mercados exteriores. Pero, por otro lado, estas facilidades para exportar e implantarse en la región latinoamericana que habilita este acuerdo ahondarán en la crisis industrial de larga data que se viene viviendo en Euskal Herria, favoreciendo lógicas de deslocalización de empresas vascas en sectores estratégicos de nuestro tejido industrial, como la automoción.

No olvidemos que uno de los objetivos principales del acuerdo pasa por favorecer los flujos comerciales y de inversión en torno a una industria del automóvil con un enorme peso en Brasil –país a su vez identificado por el Gobierno Vasco como prioritario en su planificación estratégica en materia de internacionalización empresarial–. Entidades como CIE, Gestamp y otras tantas–que fabrican componentes para grandes multinacionales del sector que suelen exigir la presencia estable de sus suministradoras en entornos geográficos cercanos a sus propias plantas– tendrían mucho que decir a este respecto.

En tercer lugar, la apertura del mercado Mercosur de contratación pública va a reforzar aún más esa capacidad de empresas europeas –las vascas entre ellas– para penetrar en el mercado regional, en un sector especialmente jugoso desde una óptica corporativa. Los impactos en este sentido pueden ser de amplísimo espectro, toda vez que el Acuerdo no contempla –más allá de la retórica declarativa– mecanismos reales para garantizar el respeto a derechos humanos, laborales, ambientales, etc. La licitación de CAF para la construcción del metro de Jerusalén pasando por territorio ocupado palestino es una buena muestra de las implicaciones que este sector tiene en materia de derechos humanos en según qué contextos –respecto a los cuales las empresas vascas no son ajenas en sus operaciones internacionales–. Y no olvidemos que la principal economía de Mercosur está gobernada por Bolsonaro, de cuya acción positiva para defender criterios medioambientales o derechos humanos, sociales, laborales en las licitaciones que promueva su administración no cabe esperar nada.

Se acerca la fase de ratificación del acuerdo, en la que tanto el parlamento europeo como el español y francés deberán avalar o rechazar la entrada en vigor de este instrumento. Desde Euskal Herria es preciso impugnar esta peligrosa arma en manos del neoliberalismo y el poder corporativo, incluyendo la exigencia de un inequívoco voto negativo de las fuerzas políticas vascas en cada uno de estos foros legislativos. Por la defensa de nuestra soberanía para dibujar un modelo de organización de nuestra economía: público-comunitaria, descorporativizada, autocentrada y territorializada. Y por solidaridad internacionalista con los 712,3 millones de personas que en Europa y, especialmente en América Latina, se van a ver directamente afectadas por esta nueva herramienta al servicio del capital: no vasco rotundo al acuerdo UE-Mercosur.