La política de detenciones obedece a criterios de gestión gubernativa tanto o más que a gestiones puramente operativas
Cuando se oye hablar de una detención, una se imagina acciones peliculeras: que la policía acude a la llamada de un banco en el que los ladrones se encuentran dentro armados hasta los dientes o que un hombre está atacando a una mujer y lo pillan in fraganti. La mayoría de las veces la realidad es menos espectacular. Más bien, al contrario, la mayoría de las detenciones se produce por razones mucho más banales y en situaciones menos épicas. 

Abundan los casos en los que una persona ha sido detenida porque no ha acudido al juzgado a una declaración por un delito menor y, por tanto, en cumplimiento de una requisitoria para declarar sobre un hurto de chatarra, móviles o colonias de un súper. Otras veces son detenidos por algún delito contra la seguridad vial (alcoholemia o positivo en drogas...), etc. Del abanico de delitos podríamos decir que, en la gran mayoría de los casos, los delitos no son de los que componen el elenco más grave entre los que regula el Código Penal. Y sí, muchas veces hay un sesgo racial y socioeconómico en el detenido. Es decir, se detiene más a personas de origen extranjero y a pobres en general, para que nos entendamos.

Y, sin embargo, de todos los delitos que se cometen, la mayoría de las veces los investigados no acuden al juzgado detenidos, sino que son citados a través del juzgado que instruye la causa por la que están siendo investigados. Es decir, reciben una carta para que acudan tal o cual día a prestar declaración ante un juez. Y es lógico que así sea en un Estado democrático. Porque para empezar, una detención afecta al derecho a la libertad, ni más ni menos. Además, supone dejarle a uno una mancha ante los cuerpos y fuerzas de seguridad policiales. Y ello no es baladí. A esa persona le constarán antecedentes policiales, aunque finalmente no sea condenado por un juez. Estará fichado y será «un malote» policial.

Habiendo alternativas, ¿a qué obedece, por tanto, una detención? Pues una detención es fundamentalmente una decisión discrecional del mando del operativo policial y/o sus superiores, como el jefe de comisaría. Pero no solo.

La propia organización de la policía autonómica vasca es un reflejo de lo que digo. ¿Hay suficientes efectivos para la delincuencia medioambiental? No. ¿Hay suficiente capacidad técnica y organizativa para abordar los delitos de carácter económico, incluyendo las redes clientelares o la corrupción tan en boga por debajo del Ebro? Rotundamente no. ¿Es esta una realidad inocua que responde a razones no espurias? Evidentemente no. 

Al igual que se establecen objetivos de inspección en las delegaciones territoriales de trabajo o en los departamentos de Hacienda con respecto a las empresas a investigar, las policías plantean sus propios objetivos y prioridades. Esto puede obedecer a razones técnicas (en algunas ocasiones) o a razones políticas. Es decir, se puede «elegir» qué tipo de delitos se perseguirá  y a qué tipo de delincuentes se detendrá. Se persiguen algunos delitos y a algunos infractores.

La política de detenciones obedece a criterios de gestión gubernativa tanto o más que a gestiones puramente operativas. En este sentido, la decisión de Bingen Zupiria de que se pretenda añadir el dato al relato de las detenciones, publicando el origen de los detenidos, es sumamente esclarecedor. La decisión política de alimentar el mantra de que los inmigrantes delinquen mucho o bastante no obedece a razones de eficacia policial ni de transparencia, como nos vienen diciendo, sino a la necesidad político-electoral de «ciudadanía, nosotros somos los que luchamos contra los extranjeros-delincuentes». Y así, la percepción que se ha ido alimentando por las derechas y que están comprando tan entusiastas (o nerviosos) los del PNV será una profecía autocumplida.

Porque si se nos dice que los extranjeros son detenidos mucho más que los autóctonos por los mismos delitos y solo ofrecemos el dato de las detenciones, la lógica de la mayoría social acabará siendo que los extranjeros delinquen más que los Agirregomezkorta o González de turno. Y cualquiera que sepa un poco de derecho penal y actúe con rigor jurídico y ética profesional sabe que eso es simple y llanamente «falso».

El primer informe de la Ertzaintza publicado en noviembre, si se atiende, nos lo deja claro: entre enero y septiembre de 2025 hubo 80.000 ilícitos penales, con 5.200 detenidos y 23.500 investigados (no detenidos). Entre los detenidos, el 65% eran de origen extranjero, frente al cerca de 35% estatales; en el caso de los investigados, sin embargo, el 57% eran estatales y el 42,8% extranjeros. Pondré un ejemplo práctico: de los investigados por conducir ebrios o drogados tres de cada cuatro son autóctonos y uno extranjero. Sin embargo, de los detenidos solo uno de cada 10 es  autóctono. ¿Explicación? Ninguna. ¿Realidad? Racismo institucional y policial.

Lo peor es que les da igual. Les da tan igual que el argumentario empleado por los escuderos del PNV a la propuesta de Bingen Zupiria es de parvulitos. Qué más da, el dato no matará el relato. Y este relato conviene, y mucho, porque la derecha facha está ganando el debate cultural de mezclar seguridad e inmigración, mientras la izquierda no sabe bien dónde ubicarse, entre las autopercepciones (la derecha también nos influye), el buenismo, los miedos electorales, etc. Pero debe hacerlo y ya, porque el racismo institucional, especialmente el policial, empieza su escalada con las estadísticas y se sentirá legitimada para acabar en razias con finales trágicos. Y luego cualquiera les para a estos que te dicen que si te matan es poco menos que tu culpa.