Ayer estaba prevista en Israel la celebración del juicio militar contra la trabajadora humanitaria Juana Ruiz Sánchez, más conocida como Juani Rishmawi en los círculos solidarios con la causa palestina. Finalmente, el juicio fue retrasado por segunda vez hasta el 27 de julio. Rishmawi vive desde hace más de 35 años en Palestina donde desarrolla su actividad profesional coordinando los proyectos de la organización sanitaria Health Work Committees, una asociación que atiende la salud de la comunidad palestina en más de trece centros distribuidos por los territorios de Cisjordania y Gaza, y que es una de las pioneras en programas sanitarios dirigidos a la mujer, como el de la detección precoz del cáncer de mama. La madrugada del pasado 13 de abril fue arrestada en su casa de Beit Sahour, en el área de Belén, sin ningún tipo de garantía legal y ni siquiera conocer los cargos que se le imputaban. Desde entonces, como ocurre habitualmente con la población palestina que se enfrenta a este tipo de detenciones arbitrarias, ha sido puesta a disposición de la jurisdicción militar; ha sido sometida a aislamiento, interminables interrogatorios y traslados constantes de prisión. El pasado dos de junio debía de haberse celebrado el juicio en el que se habría enfrentado, entre otros, a cargos como la pertenencia a organización ilegal o el supuesto desvío de fondos de su organización al Frente Popular para la Liberación de Palestina, una histórica formación política de izquierdas con representación en el Parlamento palestino y a la que la fuerza ocupante considera terrorista, pero la comparecencia se aplazó a petición de su abogada al considerar esta que no se daban las mínimas garantías legales para representar a su defendida, a la que no pudo ver en persona hasta un día antes del juicio.

La de Rishmawi fue la crónica de una detención anunciada, habida cuenta que su organización, como otras tantas del tejido social y político palestino, lleva años padeciendo el acoso de la armada ocupante en forma de clausura de sedes, allanamiento y destrucción de instalaciones, y detención de trabajadores. Sin ir más lejos, las oficinas centrales de Health Work Committees en Ramallah habían sido asaltadas y saqueadas por el Ejército del régimen israelí pocos días antes del arresto de Rishmawi, el 8 de marzo. En el asalto fue además detenido el responsable de la contabilidad de la organización, Tayseer Abu Sharbak, que desde entonces permanece en régimen de detención administrativa, una fórmula del sistema legal de apartheid israelí que permite encarcelar a personas palestinas sin derecho a juicio y sin darles a conocer los cargos que se les imputan.

El juicio del próximo 27 de julio será sin duda decisivo para el futuro personal de esta infatigable trabajadora humanitaria, que en el peor de los casos, y pese a ser ciudadana europea, podría enfrentarse a duras penas de prisión militar a la medida de la población palestina. Pero también lo será para el futuro de la solidaridad con palestina y de la actividad de las organizaciones humanitarias que operan en territorio palestino. Porque eso es precisamente lo que el régimen israelí, sabedor de que Juana Ruiz es un referente dentro de la comunidad solidaria en el Estado español y todo Europa, busca con este arresto, amenazar y amedrentar al movimiento solidario. De aquí al 27 de julio está en manos del Gobierno de España articular los resortes diplomáticos necesarios para liberar a Juana. Y a partir de entonces, estará en las nuestras el no ceder a la estrategia del miedo del régimen sionista.