El concejal de Urbanismo, Obras y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao Asier Abaunza (PNV) ha sido denunciado ante el Juzgado de Instrucción por presunta prevaricación al haber concedido la licencia para el derribo de un edificio cuando ya se había producido y no quedaban ni escombros. Si ha transcurrido demasiado tiempo desde los hechos acontecidos es debido a las dificultades e impedimentos de todo tipo para la investigación que requieren una paciente y laboriosa dedicación.

El 14 de mayo de 2019 se tuvo constancia por un aviso de vecinos de Ribera de Deusto, del derribo, ni previsto ni menos anunciado, del edificio auxiliar de la desaparecida empresa Aplicaciones Industriales del Cromoduro situado en Ribera de Zorrotzaurre nº 10, conocido como Casa del Guarda. Una notable arquitectura de estilo neovasco, en el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao vigente, catalogado como de Conservación Básica Nivel D. «Para estos edificios tendrán el carácter de elementos protegidos las fachadas exteriores, así como todo su aparato decorativo y ornamental (cornisas, cubiertas, líneas de forjados, etc.); los huecos originales en todas sus fachadas exteriores, así como el portal, incluido su ornamentación y mobiliario». También se especifica en dicho Plan que la Comisión del Patrimonio de Bilbao dictaminará e informará de las intervenciones de cierta relevancia que se lleven a cabo en edificios de ese nivel. Ninguna de las actas de la citada Comisión consultadas y que figuran en la web municipal contienen algún acuerdo acerca de su desprotección. Y por consiguiente de su posible y permitido derribo. Esta Comisión es una vergüenza, en realidad un sanedrín para la destrucción, la preside el propio Abaunza, más irracionalidad imposible y el resto son cinco funcionarios municipales de un total de nueve miembros, el propósito asegurado.

Asimismo, el Plan Especial de Ordenación Urbana del Área de Zorrotzaurre (aprobado el 29/11/2012), como es lógico, también lo identifica como uno de los protegidos y a conservar, dentro del nivel D. Este edificio de Cromoduro, junto con el cercano de las oficinas de la empresa, ya saqueado, fueron dos de los señalados en el Master Plan redactado por la arquitecta Zaha Hadid, como merecedores de conservar la memoria y el carácter del lugar por sus valores históricos y arquitectónicos. Si una edificación se cataloga es porque tiene interés cultural, social, lo que supone la obligación de mantenimiento y protección. Esta arquitectura de reminiscencia neovasca, está excelentemente descrita en el blog de la Asociación Vasca del Patrimonio Industrial y Obra Pública (AVPIOP).

El derribo debió tener el visto bueno de la Comisión Gestora de Zorrrotzaurre, de la que es presidente Juan María Aburto, alcalde de Bilbao, vicepresidente segundo Gabriel Salaverry administrador de la Inmobiliaria Margen Derecha, es decir Jaureguizar, y el arquitecto Juan Carlos Sinde. Pero lo que quizá es más relevante es que tuvo la autorización de concesión de la licencia de derribo, del concejal Abaunza, posteriormente.

Este edificio propiedad reciente de Valeriano Urrutikoetxea SLU, (VUSA,) habituada a destruir arquitecturas notables, con sospechosos vínculos políticos y amparos municipales, los de siempre, recientemente en Formica en Galdakao, sufrió un incendio originado, al parecer, por «un descuido» del indigente que lo ocupaba para dormir en su interior, el 9 de enero de 2019, a pesar de que sus huecos debían estar debidamente tapados para evitar intromisiones. Para sofocar el fuego acudieron los Bomberos del Ayuntamiento de Bilbao (Parte de Intervención 2019-00126) y datos del siniestro (Informe U145) resumidos en importantes daños en la cubierta e interior del edificio. Pero que no impedían su reparación y rehabilitación. Esta incidencia nos preocupa a las personas y grupos interesados en la protección del patrimonio arquitectónico en todas sus modalidades por su reiterada frecuencia y apenas investigada causalidad, fortuito o provocado, y que en términos coloquiales se conoce, por su objetivo, como «incendio eficaz».

La licencia de derribo se concedió con posterioridad al mismo, el día 17 de mayo como consta en el expediente municipal 2019-01397, y tuvo su registro de salida el 22 de mayo, ocho días después de haberse realizado su demolición. Es decir, se derribó sin autorización municipal y cuando esta llegó al peticionario VUSA, ya no había edificio. Para mayor abundancia el Documento de Seguimiento y Control de Residuos, en su apartado D. Datos del transporte completo previsto, indica incluso los camiones que lo efectuaron. El día 15, se inició el transporte de las demoliciones realizadas que prosiguieron los días 16 y 17 de mayo, el siguiente y los dos sucesivos al del derribo, todavía sin la preceptiva licencia que recordemos se concedió el citado día 17 cuando ya no quedaban ni rastros de la demolición.

Asimismo, el expediente citado contiene una solicitud de 15 de febrero de 2019 de licencia para demolición de edificación con un Proyecto de Demolición pero no debidamente visado como era preceptivo ni tampoco el contrato de técnico para la dirección facultativa de la obra como se exigía en los requisitos municipales. Lo que si existe es un Certificado Final y Liquidación de obra de 16 de julio de 2019 –dos meses después del derribo– firmado por un Ingeniero de Caminos Canales y Puertos A.C.C.

Ante tanta ilegalidad manifiesta, es necesario conocer. Uno, qué acciones va a adoptar la alcaldía ante esta presunta demolición ilegal del citado edificio. Dos, qué responsabilidad tiene el concejal y otros funcionarios en la tramitación de un expediente conscientemente fraudulento que han concedido la licencia de demolición del edificio una vez que se ha producido su total derribo. Los miembros de la citada Comisión tienen algún sentido de la ética profesional? En realidad son los apóstoles de la de la destrucción de las arquitecturas notables. Los hechos expuestos podrían ser incardinables en el Código Penal, Artículos 321 al 323, que regulan los delitos sobre el patrimonio histórico, por lo que ha sido denunciado ante el Juzgado el responsable político en la confianza de que ante este reiterado terrorismo cultural que practican las administraciones vascas, básicamente el PNV, con el apoyo servil del PSE, se inicien las acciones penales que procedan contra quienes puedan resultar responsables de las mismas.

Una ciudad de las características de Bilbao con una singular identidad arquitectónica, especialmente la industrial, continuamente destruida no puede tener en una concejalía de tanta trascendencia como el urbanismo como responsable político a individuos tan mediocres como el señalado sin formación alguna en la materia y de nula sensibilidad con el patrimonio y el paisaje urbano. El legado arquitectónico de una ciudad no puede depender de urbanismo, sujeto al corrupto mercadeo inmobiliario, si no como en los lugares civilizados, de cultura. Su nefasta gestión claudicando ante el cártel de la hostelería, el inductor de la Urbarización, ha provocado el impune expolio del espacio urbano para llenar la ciudad de abrevaderos subvencionados con dinero público. Asimismo, es el responsable junto con el alcalde del Urbicidio, que se está perpetrando en la Villa desde hace unos años: Garellano, Bolueta, Botika Zaharra, falta todavía el esperpento edificatorio en lo que fue una coherente rotonda en un extremo del puente Euskalduna, y el nuevo Otxarkoaga pero acristalado de las riberas de la isla de Deusto. Todo ello sin olvidar el atentado cultural contra el Museo de Bellas Artes, una síntesis de prevaricaciones de todo tipo algunas ya evidenciadas en este periódico y otras próximas que se denunciarán. Es decir, el Bilbao del siglo XXI, pero lo mismo las otras tres capitales vascas, en manos de la especulación inmobiliaria, los verdadero gestores de la ciudad, favorecida por una desdichada casta política de muy baja calidad.