En un desayuno celebrado en Madrid, por parte del Forum Europa, ante una pregunta sobre si el lehendakari seguía defendiendo a CAF tras ser incluida por las Naciones Unidas en la lista negra empresarial por sus actividades atentatorias a los derechos humanos en Palestina, al afectar a Territorios Ocupados, el señor Pradales ha seguido exculpando a la empresa.

Así, ha mantenido que CAF ha seguido «en todo momento» las obligaciones que derivan de la legislación internacional en materia de derechos humanos y la propia empresa «ha dado cuenta de todos los pasos, desde el punto de vista legal y de reflexión ética que ha realizado».

Es una incógnita lo de la reflexión ética o de confesionario que haya podido hacer.

El trazado de las líneas roja y verde de tren ligero que van desde la ciudad ocupada de Jerusalén a las colonias próximas, núcleo del contrato que firmó CAF, lo ha establecido la potencia ocupante; las expropiaciones y expulsiones de palestinos las ha ejecutado el Estado de Israel por la fuerza. En contra de la población palestina. La Autoridad Palestina ya pidió al Gobierno español que sancionara a CAF, sin resultado. La empresa socia de CAF, Shapir, ha aprobado la «diligencia debida» efectuada por la empresa vasca a pesar de que construye asentamientos para colonos, expolia recursos naturales a los palestinos y ejecuta pedidos del Ejército israelí. Y está en la lista de empresas indeseables de las Naciones Unidas antes del primer vagón que pusiera CAF en servicio en las líneas del tren del apartheid. O la venta de sus autobuses, marca Solaris, a un transportista de viajes regulares entre lo que se considera Israel y las colonias en Territorio Ocupado.

El lehendakari dice, entendemos, por oídas, que CAF ha contrastado con «expertos de las propias Naciones Unidas» sus actividades en los Territorios Ocupados. Lástima, la Relatora de las Naciones Unidas en su Informe “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio”, en su párrafo 51, ha denunciado a CAF por su apoyo a la política colonial israelí.

Por añadidura, los expertos de su propio gobierno (PNV-PSE) no deben haber leído el dictamen de la Corte Internacional de Justicia que señala que los Estados tienen el deber de: «abstenerse de entablar relaciones económicas o comerciales con Israel en relación con el Territorio Palestino Ocupado o partes del mismo que puedan consolidar su presencia ilegal en el territorio... y tomar medidas para impedir relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado». Dice muchas veces Territorio Ocupado. Por contra, el lehendakari y otros hablan de empresas que actúan en Israel y no son señaladas. Espero que no sigan a Trump, Netanyahu y demás sionistas que apoyan el Gran Israel.

La dirección de CAF no puede jugar, a estas alturas, como los jerifaltes empresariales y militares nazis, a que obedecen órdenes o contratos, sustancialmente ilegales, viciados desde el principio y rescindibles, acogiéndose a lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia.

Lo pantanoso es la confusión interesada de los Pradales, Jaureguis y Estébanes que avalan a una empresa señalada internacionalmente por su actividad y lucro (marginal) colonial. Es esa actividad colonial de CAF y la difusión internacional de la misma, la que pone en cuestión la cualificación de empresa tractor industrial del País Vasco. Agarrarse, como hace el Gobierno Vasco, incondicionalmente a una empresa cuya dirección hace oídos sordos de las normas internacionales, pone en cuestión no solo su visión ética ante los crímenes que se están produciendo ante nuestros ojos, sino también, en peligro a todo el tejido industrial vasco.