Como siempre sucede en la Política, son los momentos excepcionales, como los que estamos viviendo en Euskal Herria, los que nos permiten comprender la naturaleza del Estado (y la de todas aquellas formaciones plurales, diferentes, que forman parte del consenso estatal)  y, al tiempo, conocer lo acertado o incorrecto de las  decisiones de quienes, por su singularidad, no están, completamente, incluidos en ese consenso.

En nuestra opinión, para entender la fase actual de la confrontación Estado español versus sectores autodetermi- nistas-independentistas de Euskal Herria, debemos salirnos de aquellas interpretaciones políticas que señalan que el actual bloqueo que sufre el proceso abierto en nuestro país hace un par de años se debe, fundamentalmente, a presiones sobre el gobierno Rajoy de sectores del PP liderados por Aznar y Esperanza Agirre, de las asociaciones de víctimas del terrorismo, al implacable marcaje de algunos lobbys mediáticos al gobierno de Rajoy, a intereses electoralistas, a una táctica para desviar la atención de los españoles de los graves problemas de la economía española y de los numerosos casos de corrupción del PP, etc. Sin minusvalorar estos, para nosotros efectos, que no causa de los mismos, debemos centrarnos en el verdadero motivo de esa cerrrazón estatal, aparentemente irracional.


Y si, como decíamos, nos salimos de la lógica del consenso estatal que casi todo lo domina y contamina y somos dialécticos, tenemos que afirmar que son las causas internas las determinantes de todo proceso. Es decir, tenemos que examinar la naturaleza de nuestra política y de las decisiones consiguientes, y luego analizar las reacciones del Estado a las mismas, y no al revés, como solemos hacer habitualmente.  

Hagamos un pequeño repaso histórico para ilustrar lo que acabamos de afirmar. La política de los sectores independentistas hasta 2010 estuvo marcada por los intentos de negociación ETA-Estado, bajo los gobiernos de Felipe González, Aznar y Zapatero. A partir de esta fecha, la izquierda abertzale decide salirse de ese esquema y situar el proceso en la unilateralidad, en la política de contar con las propias fuerzas. Por lo tanto, en nuestra opinión, tal y como apuntaba acertadamente Ramón Sola en su reportaje sobre la última manifestación de Bilbao (“Tras la enorme manifestación en Bilbo, cada vez más, el fruto de la unilateralidad”. GARA, 2014/1/13), el actual proceso político esta marcado por la dialéctica política estatal frente a la unilateralidad.


Pensemos la lógica en que se sustentaban los procesos de negociación ETA-Estado y los efectos que hubieran tenido de haberse materializado. Por ejemplo, si hubiese cuajado la de 1999 (en la que el Gobierno español liderado por Aznar habló de Movimiento de Liberación Nacional Vasco, ordenó acercamiento de presos, se reunió con ETA y logró el silencio elocuente de las asociaciones de víctimas del terrorismo ante el proceso negociador), ¿alguien hubiese imaginado tal actitud por parte del Gobierno del PP? Estamos seguros de que, al menos, el fin de la dispersión se hubiese llevado a cabo; que la «doctrina Parot» no hubiese existido y que por tanto los presos a los que luego se les aplicó hubiesen estado en libertad hace años; que se hubiese puesto fin a las medidas de excepción que rigen la política penitenciaria… Algo similar hubiera sucedido en caso de materializarse la negociación de 2006.

El propio concepto y la aplicación de la unilateralidad ha puesto en evidencia que una negociación ETA-Estado supone políticamente, en primer lugar, entrar en la lógica de este: lo que se consiga, mucho o poco, al final, sería visto más como fruto de una concesión por parte del Estado y no tanto un logro de la lucha popular. Asimismo, la negociación, además de desmovilización, hubiese provocado frustración, tanto por los ritmos como por los incumplimientos de lo acordado por parte del Estado: una constante histórica en todos los conflictos, desde el imperio hasta la actualidad. Recordemos, además, que en Loiola la delegación del Estado español estaba formada por una persona sin relieve político (el equivalente a un sargento) y un político de gran voluntad negociadora, pero sin verdadero peso en Madrid.

Es por eso que la ruptura de esa dinámica que ha supuesto la unilateralidad ha cogido a traspiés al Estado, y así se explica la beligerancia extrema del propio Aznar que pide ahora, una y otra vez, la ilegalización de Bildu y Sortu.

Y es que lo que no pueden soportar es que, en el contexto surgido tras la declaración de alto al fuego de ETA (el compromiso con el nuevo proceso del EPPK y de los expresos en su comparecencia de Durango), sea a través de la movilización popular y las iniciativas políticas, derivadas de la unilateralidad, como el movimiento autodeterminista irá consiguiendo las reivindicaciones más sentidas de este pueblo.

Es decir, los efectos y el alcance de la decisión estratégica en que se basa la unilateralidad los comprobamos a través de las reacciones del propio Gobierno y de las diferentes formaciones políticas ante la misma.


Así, unos hablan de que la izquierda abertzale debe reconocer que toda su estrategia política, así como la de ETA, además de inútil, ha sido equivocada. Otros señalan que ETA ha sido derrotada, que los presos han renunciado a la amnistía, que han aceptado las soluciones individuales a las que antes se oponían, que la izquierda abertzale tiene que pedir perdón; que algunos de los promotores de Bildu y los de Sortu han aceptado una legalidad que antes rechazaban (la campaña de criminalización contra el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, por unas declaraciones recientes no parecen ir en esa dirección), que…. Si esto fuese así, deberían estar contentos por lo acertado de sus análisis y dejar que el movimiento autodeterminista siga en esa deriva de cesiones.

Sin embargo, lo que casi nadie (entre otros ilustres, Aznar plantea que para culminar la derrota operativa de ETA, hay que ilegalizar a Bildu y Sortu) dice es que tras tanta derrota y cesión no se entiende muy bien que EH Bildu sea la segunda fuerza en el Parlamento de Gasteiz, que Amaiur tenga tantos parlamentarios en Madrid y que el movimiento autodeterminista tenga tal capacidad de convocatoria. Y es que la estrategia de la unilateralidad se basa en ceder en lo secundario, mantener la unidad del movimiento y acumular fuerzas hacia la solución del conflicto y sus consecuencias, en el proceso hacia la autodeterminación y la independencia de Euskal Herria.


En fin, lo que de verdad el Estado español no acepta es la decisión acertada que supuso y supone la unilateralidad; ya que un colectivo con capacidad de multiplicar, un colectivo singular, al situarse fuera de la lógica de inclusión del consenso estatal, tiene un margen de maniobra y actuación que no tendría si hubiese llegado a una negociación con el Estado.  

Aquí está el núcleo de la estrategia, lo que lo convierte en un vector con capacidad de acumular fuerzas soberanistas, al dirigir su mensaje al sector más consciente del pueblo vasco, tomado como referente de su proyecto. Esto será así mientras, cediendo en lo secundario y unidos, seamos fieles a la máxima beckettiana de continuar, de no ceder completamente; del milímetro infinito, que diríamos nosotros.

Eso es lo que, para nosotros, explica la actual estrategia de cerrazón del Gobierno presidido por Rajoy que busca, especialmente, la derrota subjetiva, la cesión, el arrepentimiento, del movimiento en torno a la unilateralidad.