A la sombra del huido Eneko Goia y del sonriente Jon Insausti, en la sala de máquinas del gobierno municipal PNV-PSE y bajo las cuidadas infografías del "Diario Vasco", hay un nombre que destaca para entender los últimos años del urbanismo en Donostia: Nekane Arzallus. Desde 2019, la dirección política del urbanismo ha estado en sus manos. Y cuando se analiza, difícilmente puede decirse que el balance sea neutro. Tampoco exitoso.

Las políticas urbanísticas son, por naturaleza, complejas: planes, licencias, proyectos y laberintos burocráticos y judiciales. Pero hay distintas maneras de gestionarlas, y el modo de actuar que se ha repetido una y otra vez en Donostia en los últimos años es precisamente lo que podría denominarse el «modelo Arzallus». Sus rasgos se repiten con frecuencia: anunciar grandes proyectos; aceptar interpretaciones arriesgadas o debilidades jurídicas en la tramitación; minimizar las críticas vecinales; y, cuando estalla el conflicto, dejar el asunto en manos de técnicos o jueces para terminar corrigiendo el propio camino defendido por el Ayuntamiento. No es una simple suma de incidentes: es una forma de gobernar.

Y esa forma de gobernar ha tenido consecuencias claras. En vivienda, intentar ajustar a la baja las proporciones de vivienda protegida y verse corregido por los tribunales. En turismo, un discurso cambiante para promover o limitar alojamientos con herramientas jurídicas débiles. En patrimonio, esconder bajo la palabra «rehabilitación» transformaciones profundas o derribos. Y en participación, informar cuando las decisiones ya están prácticamente cerradas.

El caso del hostel de Arriola es uno de los ejemplos más claros. Se concedió licencia para un hostel de 220 camas en el paseo de Arriola; tras las denuncias vecinales, el propio Ayuntamiento comprobó que las obras no coincidían con los planos y que el local no cumplía las condiciones del PGOU. Finalmente, declaró lesiva la licencia y el asunto terminó en los tribunales. Primero conceder el permiso y después impugnar la propia decisión.

Algo parecido ocurrió con la moratoria de licencias de alojamiento. La suspensión anunciada en 2023 se presentó como una medida firme para controlar la presión turística, pero un juzgado anuló aquella primera suspensión porque la ley no permite repetirla con el mismo objetivo antes de 5 años. Se quiso transmitir firmeza institucional, pero la herramienta jurídica era débil. En vísperas de las elecciones municipales volvió a imponerse el gesto político apresurado.

El caso del hotel Nobu resulta aún más revelador. El hotel se inauguró en agosto de 2023 e incluso acudieron representantes municipales. Sin embargo, permaneció abierto hasta el 6 de noviembre sin licencia de actividad ni de primera utilización. Documentos municipales indican que Urbanismo ya tenía información sobre irregularidades. Aun así, el hotel siguió funcionando y generando ingresos hasta que el caso se hizo público.

El caso del Bellas Artes es probablemente el conflicto patrimonial más simbólico de los últimos años en Donostia. Numerosos ciudadanos, expertos y agentes culturales se movilizaron para defender el edificio; Icomos-España denunció una «pérdida irreversible». Aun así, en el lugar donde se pretendía conservar el edificio histórico está a punto de abrir un hotel Hilton de lujo. Áncora denunció una «demolición encubierta» y la eliminación de una pieza esencial de la memoria arquitectónica de la ciudad.

En el caso del chalet de Xabi Alonso, la flexibilidad selectiva rozó la caricatura. En un ámbito donde la normativa exige tipología de caserío se intentó encajar un chalet contemporáneo de lujo como si lo fuera. El Ayuntamiento quiso autorizarlo, pero los tribunales anularon la licencia y ordenaron el derribo de la vivienda.

Los planeamientos de Illarra, Villa Ereski y Erregenea representan el fracaso jurídico-político más claro en vivienda. Vecinos y movimientos ciudadanos denunciaron que el gobierno municipal había intentado reducir las proporciones de vivienda protegida y los tribunales les dieron la razón. En 2024 anularon parte del planeamiento y en 2026 nuevas resoluciones estrecharon aún más el margen del Ayuntamiento, llegando a mencionarse un posible fraude de ley.

El caso del centro comercial de San Bartolomé también ilustra esta forma de actuar. Durante años, el gobierno municipal defendió la construcción de un centro comercial y un aparcamiento subterráneo pese a la oposición vecinal. En 2025 se anunció la rescisión del contrato con el promotor, pero en marzo de 2026 el procedimiento para declarar la caducidad de la licencia expiró, de modo que el proyecto sigue técnicamente vivo.

Auditz Akular refleja otro problema: durante años no se abordó el acceso a la vivienda con medidas ambiciosas y ahora parece que se quiere resolver todo mediante nueva construcción. Se ha reactivado una gran operación heredada de la época de la burbuja inmobiliaria basada en miles de viviendas nuevas.

El proyecto GOe, la nueva sede del Basque Culinary Center en Manteo, ha contado con una fuerte financiación pública y con cesión gratuita de suelo municipal. Todo ello en un barrio cercano a la playa y ya saturado por el turismo, eliminando un parque público y sin un verdadero diálogo con los vecinos.

En todos estos casos aparece un hilo común: la falta de participación real. Las decisiones llegan prácticamente cerradas, las alegaciones vecinales se presentan como obstáculos y solo cuando estalla el conflicto se acepta algo parecido a un ejercicio de escucha.

El urbanismo de los últimos años en Donostia ha sido una exhibición de poder en la disputa del modelo de ciudad. Probablemente, al final de esta legislatura Nekane Arzallus ya no será la responsable del urbanismo de Donostia. En política los cargos pasan. Pero las consecuencias de las decisiones urbanísticas no. Lo que debería hacerse es analizar seriamente la política de los últimos años de manera crítica y comprometerse a no repetir este modelo fallido. Eso es lo que se debe a la ciudadanía de Donostia.