Julen Rekondo
Presidente de Fundación Clima

El modelo ferroviario a debate

El trágico accidente ferroviario en Toledo ha vuelto a despertar una dolorosa y colectiva empatía en el corazón de la sociedad: el tren es el medio que nos vertebra a diario, el que usamos todos y todas para ir a trabajar, a estudiar o a reencontrarnos con los nuestros. A diferencia de las tragedias aéreas, que se perciben lejanas y excepcionales, el siniestro de un tren golpea la rutina misma de las clases populares.

El sistema ferroviario actual se ha rendido a una lógica mercantil que exige maximizar beneficios económicos y recortar costes humanos de manera constante. La cruda realidad del sector refleja un aumento asfixiante en la densidad del tráfico que no se ha visto acompañado, ni de lejos, por un incremento proporcional en las tareas de mantenimiento técnico. A esta precariedad se suman la privatización encubierta de la infraestructura ferroviaria. 

Al calor de los graves accidentes sufridos en un corto espacio de tiempo, emergen con fuerza los límites económicos, sociales y físicos de una infraestructura faraónica que nos obliga a plantearnos preguntas incómodas que no se pueden ignorar: ¿Necesitamos construir trenes social y económicamente insostenibles? ¿Son verdaderamente prioritarias las velocidades superiores a los 300 km/h? Aunque la Comisión Europea declaró en su día el Año Europeo del Ferrocarril con la loable intención de promover transportes sostenibles que conciliaran el crecimiento de viajeros con el respeto medioambiental, la traducción de esta política en el territorio estatal se ha centrado casi en exclusiva en las inversiones masivas, opacas e irracionales en la alta velocidad. 

Tras más de 30 años desde aquella inauguración de la línea Madrid-Sevilla en 1992, los viejos argumentos económicos, sociales y ambientales que justificaban este despliegue masivo se han desvanecido por completo ante la contundente evidencia científica acumulada. El AVE arrastra hoy un balance financiero crítico que hipotecará el futuro. La deuda acumulada por ADIF asciende ya a la astronómica cifra de 25.000 millones de euros, tras un gasto ejecutado que supera los 57.000 millones de euros para levantar 3.993 kilómetros de vía. Cada kilómetro construido ha supuesto una media de 16 millones de euros, a los que se debe sumar un coste de mantenimiento anual superior a los 150.000 euros por cada kilómetro operativo. 

Los sobrecostes derivados de la mala planificación y los intereses cruzados agravan todavía más una factura pública intolerable. El proyecto de la «Y vasca» es un ejemplo de este despropósito, acumulando desviaciones presupuestarias por valor de 2.200 millones de euros, lo que sitúa su previsión total en el entorno de los 9.000 millones de euros mientras su finalización se posterga ya de manera indefinida hacia el lejano horizonte de 2030. En Navarra, las obras del TAV muestran un retraso todavía mayor, limitándose por el momento a tramos inconexos en el trayecto Castejón-Pamplona. La Cámara de Comptos estima que los 214 kilómetros del corredor navarro costarán entre 3.000 y 4.000 millones de euros, excluyendo partidas vitales como la estación de la capital y la conexión con el País Vasco. Este modelo de tren desvía recursos fundamentales que deberían ir destinados a un Tren Público y Social, verdaderamente vertebrador, sostenible, seguro y accesible para el desarrollo local.

La paradoja se convierte así en una enorme y violenta injusticia distributiva: mientras el AVE absorbe la inmensa mayoría del presupuesto público de transportes, solo transporta al 5% de los usuarios de ferrocarril. El 90% restante de los viajeros utiliza de forma masiva los servicios de cercanías.

Existe, además, una urgente y profunda reflexión física en torno a la velocidad concebida como un fin absoluto. Este factor tensiona de manera inevitable los márgenes de seguridad. Mientras en el ámbito internacional se proyectan tecnologías que rozan el absurdo de los 500 km/h, como el Maglev japonés, la física y la estadística elementales nos recuerdan con crueldad que a mayor velocidad el margen de maniobra humano y técnico se reduce drásticamente, mientras que la severidad de los impactos aumenta de forma exponencial. Ningún sistema tecnológico complejo cuenta con un riesgo cero. Garantizar la seguridad a velocidades extremas exige infraestructuras hipercomplejas cuyo mantenimiento anual puede escalar desde los 150.000 hasta los 500.000 euros por kilómetro en los tramos más difíciles. El dogma social contemporáneo, que equipara velocidad con progreso incuestionable, asume implícitamente los accidentes como daños colaterales tolerables, siempre que resulten explicables técnicamente a posteriori en una comisión de investigación. 

Actualmente, existe capacidad tecnológica y científica de sobra para diseñar un transporte ferroviario altamente seguro, popular y sostenible. Sin embargo, dar ese paso de madurez colectiva requiere aceptar límites racionales a la velocidad, contener los costes desorbitados de mantenimiento y renunciar, de una vez por todas, a la obsesión enfermiza por la rapidez absoluta. 

Buscar