Este jueves el Parlamento Vasco, a iniciativa de los grupos del PNV y el PSE, ha retomado la propuesta de reforma de la Ley Vasca para la Garantía de Ingresos y la Inclusión (RGI) para su toma en consideración.

El pasado 28 de junio de 2018, hace un año aproximadamente, los partidos que sustentan el Gobierno Vasco decidieron retirar la propuesta porque no habían conseguido ningún apoyo de la oposición. En esta ocasión ha sido el Partido Popular, quien ha decidido prestarse, a modo de comodín, para facilitar la tramitación de la propuesta de reforma de la RGI.

No es el objetivo de este texto, cuestionar los contenidos de una reforma con la que, tal y como está redactada en la actualidad, no estamos de acuerdo, como hemos reiterado en multitud de ocasiones.

Nos preocupa, sin embargo, que la superación de este trámite, nos sitúe, de nuevo, ante el peor de los espejos de la política actual, aquella que nos devuelve un reflejo que distorsiona la realidad en función de la cercanía o lejanía de la confrontación electoral.

Estamos, en nuestra opinión, ante un debate identitario, en tanto en cuanto el sistema de RGI es parte de «nuestro patrimonio político, económico, social y moral». Debe ser un debate vertebrador de la idea de sociedad que queremos, en el que se requiere la prudencia suficiente como para no caer en la tentación de buscar una aprobación de la misma sin los consensos plurales, transversales y mayoritarios que esperamos como sociedad.

De hecho, la cohesión social que debe propiciar un sistema de protección social como el vasco, referencia entre el resto de sistemas de protección existentes a nivel autonómico, merece el esfuerzo y, en su caso, el reproche, si la reforma planteada impide de facto, por algunos de los elementos que puede contener, los consensos reales y necesarios.

Mal empezamos cuando ni siquiera respetamos el «mejor tiempo» para habilitar los consensos necesarios. El momento elegido es, en este caso, tan importante como el contenido de la propuesta que se presenta para su toma en consideración. De hecho, lo que parece un elemento temporal circunstancial para relanzar una norma como la que pretende regular la RGI, es representativo, en este caso, de la falta de altura de miras de los partidos políticos que la impulsan.

Llevar el debate al final de una legislatura, ya entrando en un periodo preelectoral es, a nuestro juicio, irresponsable. Pero además tenemos que añadir que el único apoyo indirecto que ha facilitado la tramitación del proyecto viene de un Partido Popular que ha ostentado el «liderazgo» en críticas ligadas a un desprestigio de la RGI vinculándola con un supuesto fraude masivo, que es residual, según los propios datos de Gobierno Vasco.

Esperábamos que el «espejo» de la política responsable nos devolviera un reflejo en forma de propuesta con unas bases de consenso amplias, y en cambio, la imagen reflejada se va emborronando a cada paso, partiendo de un consenso en la necesidad de mejora de la RGI, acompañado por un proyecto que no contenta a nadie y cuyo único apoyo externo al gobierno es el de un partido que ha hecho de la culpabilización a las personas perceptoras de la ayuda, una seña de identidad a modo de caladero de votos.

Cuando esperábamos que la pedagogía que pusiera en valor la RGI, se asomara a la política, nos hemos encontrado con la improvisación sin diálogo y por sorpresa de los partidos del gobierno. Únicamente ha faltado anunciar la recuperación de la iniciativa «a golpe de tuit», para que la prepotencia, tan característica de la consejería que lidera esta iniciativa, tuviera su reflejo en un modelo «Trumpista» de hacer política.

El tiempo y las formas que están gobernando este «barco común» de la reforma de la RGI, parece navegar sin tener claro cuál es el puerto de destino. En ese contexto, cuando no sabemos a donde nos dirigimos, cualquier viento resulta desfavorable, y ya se sabe que en periodo preelectoral los vientos se convierten en tempestades. Esperemos que el «barco» común de la RGI no se acabe hundiendo.