El haber sufrido «terrorismo Institucional», negado durante tantos años públicamente, te hace definirte como persona con pensamiento crítico contra el poder que te gobierna que es el que supuestamente te debe defender contra todo mal aunque, en nuestro caso, obviamente ese derecho fue vulnerado.

Se debe entender que el «terrorismo de Estado» es el más injusto y cruel, desde el punto de vista de poder actuar utilizando en el momento que ocurren los hechos la legislación vigente, pues todas las Instituciones a las que hay que acudir dependen de ese «Estado terrorista corrupto». ¿Quién debe juzgar al gobierno opresor que ha cometido delito?  ¿Quién debe garantizar que se cumplen correctamente las normas, los artículos tanto de la Constitución como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes vigentes dentro de un Estado democrático de Derecho?

Yo no he sido nunca una persona política, para empezar porque el trauma más grave al que me he tenido que enfrentar en la vida ha sido de motivación política, y no he confiado nunca en los políticos (ni en los que me defendían y supuestamente me entendían y, por supuesto, mucho menos en los que directa o indirectamente defendían unos métodos de actuación ilegales).

Yo siempre reivindico y denuncio que he sufrido lo indescriptible por un problema político que no he buscado, sino que la vida me ha deparado por pertenecer a la familia a la que pertenezco.
Por todo ello estoy convencida que en la cadena epidemiológica del mal que yo construí y que hoy en día se sigue sin querer desenmascarar, el eslabón principal y más fuerte es el Estado español corrupto, cruel y terrorista, aunque también, y en menor medida, el Estado francés colaborador. Y nosotros, los familiares de las víctimas de terrorismo no reconocidas, somos el eslabón más débil de esa cadena. En medio existen muchos políticos con responsabilidad e instituciones oficiales que no han sabido atender y responder a las necesidades de las víctimas.

Afortunadamente, también están muchos ciudadanos bondadosos que han sido quienes nos han permitido aliviar en cierta medida nuestro dolor e indefensión suprema para hacer más llevadera la injusticia inhumana que nos ha tocado sobrellevar durante tantos años en silencio.

El proceso de paz y la búsqueda de una mejor convivencia debe ser una prioridad de nuestra sociedad para garantizar que el comportamiento humano avanza por la senda del bien.

 
Es de sobra conocido que rectificar es de sabios, y toda sociedad que no reconoce sus errores está condenada a repetirlos. Quien no aprende y no escarmienta con los fallos cometidos o no respeta los DDHH no avanza por el camino adecuado de la construcción de una sociedad más democrática, más transparente y menos mezquina y corrupta.

Hay que tener en cuenta que la profesión de político está muy desprestigiada por un cúmulo considerable de razones que se deben depurar y abandonar ciertas actitudes por mejores comportamientos humanos.

Las sociedades que han vivido un conflicto político con graves consecuencias como son las pérdidas irreparables de tantos seres queridos deben dar prioridad a la sabia decisión de invertir en «cultura de paz», para poder detectar a tiempo «los factores de riesgo» que pudieran hacer tambalear la irreversibilidad de este proceso. Ello implica en gran medida a los dirigentes políticos (que deben dar ejemplo) para que la ciudadanía aprenda nuevos patrones de comportamiento. Al final, consiste en interiorizar comportamientos humanos dignos de una sociedad civilizada donde la conversación entre diferentes, desde el respeto a todos los proyectos legítimos, no sea blasfe- mada con palabras, gestos u acciones ofensivas.

Todavía tenemos interiorizados temores, recelos, desconfianzas, historias inolvidables que nos han marcado como individuos y nos siguen marcando. Se deben ir rompiendo esos prejuicios y poco a poco desde el respeto a la realidad vivida por cada ciudadano, sin juzgar sus sentimientos, escuchar aquello que de verdad nos ha separado para poder intentar entender la existencia de otras realidades ajenas a las nuestras pero que se han ido sucediendo simultáneamente.

Se debe educar sobre la paz en todas las edades. No sólo los niños-jóvenes-adolescentes, sino también las personas adultas jóvenes y los adultos de la tercera edad, es decir, todo el amplio espectro de la sociedad debe aprender a comportarse de forma más adecuada porque el franquismo hizo tanto daño que sigue conformando la mente de muchos vascos y españoles de todas las ideologías.

Se debe invertir en educación, cultura, salud mental-espiritual para conseguir el equilibrio emocional necesario que permita superar determinados episodios traumáticos y comenzar una nueva etapa en la vida desde el respeto, la igualdad de oportunidades, pensamiento crítico y consciente con nuestro pasado reciente donde se vislumbren todas aquellas conculcaciones de DDHH por igual y, sobre todo, aquellas que siempre se han querido ocultar (son muchas).

Por tanto, exigirle a cada cual su cota de responsabilidad en la prolongación de este triste suceso histórico. De nada sirve tergiversar la realidad, es decir, por un lado exigirle al Estado español su cota de responsabilidad en la creación de los GAL, aunque siempre lo haya negado pues existen evidencias probadas, que lo delatan. Hay que ver, descubrir y detectar el mal donde surge pues es sumamente grave que un estado legal cometa acciones ilegales aunque las niegue. No existe precedente de semejante injusticia en Europa en una democracia de finales del siglo XX.

Por otro lado, a la izquierda abertzale que haga una autocrítica de sus justificaciones de las vulneraciones de DDHH, ya que no las quería reconocer porque existía un mal mayor, o sea, Estado español opresor que conculcaba derechos y no reconocía sus delitos. Considero imprescindible que en pleno siglo XXI el uso de las diversas disciplinas del conocimiento humano se deba encaminar al esclarecimiento de la verdad.

La ciudadanía no podemos permitir que un gobierno inmaduro y económicamente corrupto desprecie o deje pasar una oportunidad histórica para conseguir la paz.

Cuando el Estado adopta una «decisión errónea», los ciudadanos debemos ofrecer una resistencia pacífica contra esa decisión y adoptar las medidas internacionales oportunas para que desde el exterior se les obligue a rectificar. Vuelvo a insistir que «rectificar es de sabios».

El objetivo principal es conseguir una sociedad más cívica, sabia y con mayor conocimiento científico de la verdad de todos los ciudadanos desde la humanidad, la humildad, el pensamiento ético-crítico-constructivo que nos permita avanzar por la senda del bien.