Franquismo. Nuestra historia de violencia hunde sus raíces en el alzamiento militar fascista planeado en Iruñea en 1936, que dejó, solo en Navarra, casi 3.500 personas asesinadas. En su mayoría yacen aún en las cunetas, víctimas de un abandono que se está saldando con más de 80 años de retraso. Decía hace poco el exalcalde de UPN, Enrique Maya, que han «llegado tarde» al tema de la memoria. Sin restar importancia al gesto de asistir por primera vez al acto de fusilados en la Vuelta del Castillo, hay que decir que la derecha aún no ha llegado a ningún sitio en el tema de la memoria. Si se está viendo obligada a avanzar se debe a la presión social y a la iniciativa de otros. ¿Acaso UPN hubiera acudido si no hubiera habido cambio de gobierno en Iruñea? Aquel golpe militar dio paso a una dictadura de casi 40 años que fusiló, encarceló y obligó al exilio a miles de personas. Resulta muy difícil evaluar su coste, porque se expresa, además de en vidas truncadas, en libertad cercenada y en un retroceso ideológico, cultural y social de generaciones futuras.

Transición. En la lucha contra el franquismo surgió ETA, legitimada socialmente por muchos ciudadanos y por la mayor parte de la oposición a la dictadura. En la llamada transición, la negociación política se produjo bajo ruido de sables. Posteriormente, el Tejerazo y la LOAPA se tradujeron en una limitación del alcance legal de las aspiraciones legítimas de las fuerzas de izquierdas y abertzales; así como de la democracia y las libertades en su conjunto. No hubo ruptura con el régimen anterior, ni se desmontaron los engranajes represivos. Al contrario, con la excusa de la continuidad de ETA se afianzaron y adaptaron a las nuevas circunstancias. La reconciliación estuvo dominada por la impunidad y el silencio. La Ley de Amnistía exoneró a criminales franquistas y causó un vacío en la memoria colectiva.
 
ETA. En los años 80, la decisión de ETA de perpetuar su actividad armada deja un reguero de víctimas y lleva al entonces lehendakari, Carlos Garaikoetxea a liderar las primeras manifestaciones contra sus atentados. En 1986 se fundó Eusko Alkartasuna, partido que recogió como un pilar esencial de su proyecto –con el derecho a la autodeterminación de Euskal Herria, la socialdemocracia y la participación institucional– la condena nítida de toda violencia y la defensa activa de los derechos humanos. Eusko Alkartasuna se opone a la violencia de ETA y también a otras violencias provenientes del Estado, así como a la estrategia de dispersión de las personas presas que penaliza –aún hoy– a las personas allegadas. El asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP, en 1997 conmocionó a la sociedad y profundizó un cisma entre la sociedad vasca y ETA que se fue agrandando inexorablemente. En total, ETA ha matado a más de 800 personas a lo largo de su trayectoria.

GAL y tortura. Entre 1982 y 1996, durante los gobiernos de Felipe González, se da carta de naturaleza a una guerra sucia parapolicial que venía funcionando desde el franquismo. El Estado organizó y financió con fondos públicos los GAL, organización terrorista que cometió secuestros y asesinatos como los de Santi Brouard o Lasa y Zabala, entre otros. También en los 80 asesinaron al diputado de HB, Josu Muguruza. Se producen asesinatos en comisaría como los de Joxe Arregi y Mikel Zabalza. El número total de torturados supera los 3.500, por tanto, su práctica ha sido sistemática. Amparada y silenciada por jueces y otros estamentos del Estado, como lo evidencian las cinco condenas europeas a España.

Paz. Eusko Alkartasuna, firmemente comprometida con la paz, se implica en todos los intentos por alcanzarla. Destaca su papel, junto con otros partidos y agentes, en el Pacto de Lizarra, con un gobierno del PP. Más aún su implicación en el proceso de 2006, ya con Rodríguez Zapatero, frustrado por el atentado en la T4. Pese a todo, EA insiste en explorar vías de diálogo con la izquierda abertzale, y coadyuvar en la labor de quienes integraban Bateragune. El 20 de octubre de 2011 ETA anuncia su cese definitivo. Los elementos expuestos, entre otros, deben ponerse sobre la mesa al abordar la cuestión de la paz, la memoria, la convivencia y el necesario reconocimiento y reparación a todas las víctimas. Es fundamental partir de toda la verdad, sin ocultar ninguna de las expresiones de violencia. Y es preciso también el reconocimiento del daño causado. En este sentido debemos reconocer el paso de gigante dado por la izquierda abertzale al expresar con claridad su responsabilidad. Aun así, queda mucho por hacer en relación con la disolución de ETA y el reconocimiento y la reparación a sus víctimas. Por otro lado, no hemos visto gestos equivalentes por parte de otros sectores políticos que también han tenido responsabilidad directa en graves episodios de violencia. No son de recibo la decisión del Supremo de retirar las ayudas a las víctimas del GAL, el BVE o la Triple A, o el recurso del PP a la Ley de Víctimas Policiales de Navarra. Si queremos asentar la convivencia es imprescindible actuar con respeto a todas las víctimas. El reto de construir una memoria digna, que sirva para la profundización democrática en nuestra sociedad, es una responsabilidad de todas y todos.