Si en su anterior artículo se refería a las relaciones entre ética y política: «Las relaciones entre ética y política son un tema de viva discusión cotidiana, ahora más que nunca. Han coincidido en el tiempo diversas circunstancias que nos va a obligar a una profunda elevación de los criterios de lo que juzgamos aceptable en política desde un punto de vista ético. El parámetro de valoración de la política y de los políticos no puede ser el código penal», el último del domingo 10 de diciembre lo titula: «Justicia y política».

Destaco cuando escribe: «La gran paradoja del CGPJ es que tiene como cometido constitucional ser el garante de la independencia del poder judicial, cuando dicho órgano no está en condiciones de garantizar su propia independencia». Yo estoy muy poco al corriente, pero me he documentado para poder opinar y emitir un diagnóstico comprometedor hacia quienes hacen que el CGPJ «no está en condiciones de garantizar su propia independencia», a pesar de que no ejerzo el periodismo de investigación, ni soy profesional de estas temáticas políticas y de órganos judiciales, como si lo es el autor de los dos artículos que en razón a ello nos hubiera podido clarificar más las causas.

Sí investigador del periodismo y observador de periodistas-columnistas. A ellos «denuncio» por la censura a la otra verdad, y el servilismo infame hasta la deformación de la realidad a favor de la verdad institucional y del fake oficial.

El articulista con esta segunda frase: «De igual modo que debe exigirse al Poder Legislativo y Ejecutivo que respeten al Poder Judicial, cabe y debe reclamarse a este que respete al Ejecutivo y Legislativo en el ámbito sus respectivas competencias», constata la reflexión de la frase primera, pero solo repasa actuaciones genéricas conocidas y omite lo más renombrable.

A la vista de ello y ante la infamia con la que ven a España ante el resto de países de la UE también en el tema judicial, pienso que el autor y acreditado columnista del Diario Vasco Juanjo Álvarez, de comprometerles al ahondar más en el diagnóstico político-judicial, hubiese servido de contraste con la versión de unos medios serviles, sobre el porqué los diferentes gobiernos de este país, en su afán controlador, se entrometen hasta erosionar y contaminar las diferentes instituciones, invadiendo de manera legal, pero antidemocrática, competencias hasta el hecho de darse cobertura legal, como se da con el CGPJ.

Fue en el año 1985 cuando empezamos a perder progresivamente nuestros derechos hasta el punto de que hoy más que nunca se puede decir que todos los ciudadanos no somos iguales ante la Ley. En particular, con la «muerte» a la justicia gratuita desde la Ley Gallardón, a los ciudadanos rasos nos sale doblemente caro acudir a tribunales, el costo económico y miedo a la injusticia.

«El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es el órgano que coordina y dirige a todos los jueces de España. Está compuesto por 20 Vocales y desde el año 1985, todos son nombrados por el Congreso y el Senado».

Es decir, que el Poder Legislativo (el que hace las leyes) elige a todos los Vocales que dirigen a un Poder Judicial cuya labor es juzgar y emitir veredicto desde la interpretación de esas leyes, aplicadas muchas veces a miembros de ese Poder Legislativo que les han elegido, pudiéndose dar en algunos casos dilaciones en el tiempo o interpretaciones no ajustadas a la letra de la ley, tras lo cual se sobreseen casos, se desestiman pruebas y-o se «alivian» sentencias. Esa falta de separación de Poderes, es una flagrante vulneración del Estado de Derecho, como así lo ven y denuncian repetidamente en la UE… Pero aquí siguen.

El Fiscal General del Estado y la Fiscalía son los responsables de garantizar la independencia judicial en España. Si es el Presidente del Gobierno de España quien nombra al Fiscal General del Estado, ello añade un plus al argumento.

Como bien dice Juanjo Álvarez en su artículo refiriéndose a la «guerra judicial» que se está viviendo en España desde hace 5 años y de día en día más recrudecida: «Hay que partir de que todo juez tiene, por supuesto, ideología y opiniones como cualquier otra persona», y en base a ello coyunturalmente las puede expresar y manifestar en público de manera neutral o carga ideológica, como lo hemos visto con el tema de la ley de amnistía... y esto, pues no.

En un bien «nutrido» artículo, el periodista Salvador Giménez se pregunta: ¿Quién juzga a los que juzgan? Y responde: la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Añade: «Desde el 1 de agosto de 2023 uno de los 7 miembros de la Comisión Disciplinaria es Álvaro Cuesta, afiliado al PSOE desde 1974; diputado del PSOE en el Congreso durante 27 años entre 1982 y 2011. Pasó a ser miembro del CGPJ en 2013... y en funciones desde 2018 hasta hoy».

En agosto de 2023, el Tribunal de Justicia de la UE emitió condena al gobierno de Rumanía por no garantizar la separación de poderes a la hora de nombrar miembros para una Comisión Disciplinaria independiente e imparcial. Parece haber sido el móvil para que al mismo tiempo, también España haya reformado la composición de la Comisión Disciplinaria. ¿Quiénes la formaban?

En el estado español existe lo que han dado en llamar: «Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género». Forma parte del Consejo General del Poder Judicial y su función es promover la Perspectiva de Género; lo lideran el ministro de Interior, el de Justicia, el de Igualdad y el Fiscal General del Estado.

Siendo Montserrat Comas presidenta del Observatorio en 2004, también lo era de la Comisión Disciplinaria. Desde 2004 a agosto de 2023, este Observatorio participaba directa o indirectamente en la Comisión Disciplinaria del CGPJ (órgano sancionador de los jueces), cuyos miembros hasta esa fecha fueron elegidos de manera presuntamente sancionable por la UE a tenor de la sanción a Rumanía. Liderado por miembros elegidos por el Presidente del Gobierno, al igual que el Fiscal General del Estado, desde 2019 viene formando contra la Violencia Doméstica y de Género a los jueces de manera obligatoria, sin que ninguno se pueda negar a ello ni dejar de alcanzar capacitación.

«Según el artículo 117.1 de la Constitución y el 12.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial está prohibido que se indique a los jueces como deben de interpretar las leyes». De ser cierto lo que destaca Salvador Giménez en su detallado artículo, muchas sentencias de violencia en general, machista y de género en particular, con permisos y liberaciones carcelarias incomprensibles para la ciudadanía neutral, serían delito por generar gran alarma social ¿no?

Lo propio cuando el fundador y presidente de Arriaga Asociados, Jesús Ruíz de Arriaga denuncia: «Sufrimos represalias desde hace años por querellarnos contra los jueces. Nos ponen multas porque dicen que las querellas son improcedentes, pero no lo argumentan». Acusa a jueces de audiencias territoriales de presunta prevaricación por no aplicar obligatoriamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y el Derecho de la Unión en materia de IRPH. «Hay que recordar a los jueces españoles que son europeos y tiene que seguir al TJUE, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 4 bis».

No entro en evaluaciones del corporativismo para ascensos, nombramientos, traslados, ceses, etc. pues no sigo la política de partidos por higiene mental y cuidado del alma, ya que supone una vergüenza nacional por el despilfarro de nuestro dinero en sueldos, cesantías y la infamia del político aforado. Lo escrito hasta aquí es copia-pega para puesta al día a modo de collage literario, sobre el hecho de que, cuando la ideología política se impone a la filosofía judicial, la imparcialidad de la justicia escapa por la ventana... Hacia su isla dorada.

Harán unos 35 años, recuerdo las palabras de juez Joaquín Navarro Estevan con su puro en la boca en el Aula de Cultura del Diario Vasco en el Hotel Maria Cristina de Donostia: «Mientras el Poder Judicial en España no sea como una isla, jamás se conocerán ni la justicia ni la democracia»... Y aquí quería llegar.

Entre tanto, miles de ciudadanos y ciudadanas inocentes víctimas de demoras que llevan a sobreseimientos por falta de pruebas que a su vez alegan falta de medios que a su vez se pudieran dar al anteponer intereses corporativos al bien comunitario... Pagamos de manera injusta. Si la falta de auxilio a la justicia es delito, la falta de justicia en auxilio de una ciudadanía indefensa por abusos institucionales, bancarios y tecnológicos lo es más, pues genera alarma social y un gran quebranto humanitario en personas, familias y economías de ambos.

Delito sí, pero, ¿de parte de quién? Si es del juez, ¿quién juzga a los que juzgan? Y en este bucle nos hallamos hoy en la España que se dice europea…

A punto de cumplirse el medio siglo de una Constitución democrática y por primera vez laica, si reparamos en hechos y actuaciones políticas que por su cotidianidad han cobrado naturaleza de normales, al no estar ajustados a esos dos valores, en primera instancia requieren reparación urgente y en segunda, revisión, actualización y armonización institucional como forma de gobierno más asumible al sentir de Occidente... y seguro que de la mayoría de los ciudadanos de este país.