Durante más de un siglo, la política internacional ha estado condicionada por el control de los combustibles fósiles. El petróleo y el gas no solo han alimentado economías; han financiado y provocado guerras, golpes de Estado, dictaduras y una arquitectura de dominación global basada en la dependencia energética. Oriente Medio, Libia o Venezuela no son anomalías: son el resultado de un sistema que convierte los recursos energéticos concentrados en objeto de disputa geopolítica.

Por eso, la transición energética no es solo una cuestión climática. Es una cuestión de paz, democracia y soberanía. Los combustibles fósiles tienen una característica estructural: están concentrados en pocos territorios, en manos de pocas corporaciones y bajo el control de pocos Estados. Esa concentración genera dependencia y, con ella, chantaje, inestabilidad y violencia. Estados Unidos lo ha ejercido durante décadas en Oriente Medio y América Latina.

Mientras Europa, y, dentro de ella, Euskal Herria, dependa de petróleo y gas importados, la política exterior estará secuestrada por esa dependencia. No habrá diplomacia en la que primen derechos humanos ni la cooperación: habrá realpolitik energética.

La única salida real es lograr un sistema energético renovable y, en la medida en la que las renovables con mayor potencial lo que nos ofrecen es electricidad, un sistema energético renovable y fuertemente electrificado, cuya base sea: sol, viento, agua, almacenamiento y redes inteligentes, desplegados territorialmente y controlados por comunidades, cooperativas, municipios y entidades públicas. Eso es lo que puede romper el vínculo entre energía e imperialismo.

En este contexto, resulta especialmente reveladora la actitud de Josu Jon Imaz. El actual CEO de Repsol encarna como pocos el cinismo del viejo régimen energético. Un día firma acuerdos millonarios con el Gobierno de Nicolás Maduro para extraer crudo en Venezuela; al siguiente se reúne con Donald Trump, rindiendo pleitesía al principal impulsor del negacionismo climático y del unilateralismo imperialista. No es una incoherencia personal: es la lógica del capitalismo fósil.

Repsol −como el conjunto de las grandes petroleras occidentales− no defiende ni la democracia ni el interés público. Defiende un modelo energético que se aprovecha de las asimetrías de poder para generar una vasta red de consumidores cautivos y dependientes sobre los que cimenta su rentabilidad

Pero la responsabilidad no se limita a las petroleras. En Europa, y también muy claramente en Euskal Herria, existe una red de actores políticos, mediáticos y empresariales que frena deliberadamente la electrificación y el despliegue de renovables distribuidas, distribuidas en el territorio pero también en los modelos de propiedad. Cada retraso en la transición energética, la electrificación, la eficiencia en el consumo o el autoconsumo es una prórroga que regalamos al gas y al petróleo, mientras se lo robamos al tiempo que nos queda para frenar el cambio climático. La actuación de los gobiernos retrasando la implementación de los compromisos adquiridos en diferentes leyes es evidente o la defensa a ultranza de la cultura del coche particular de combustión como puntal de movilidad para la mayoría de la gente.

El freno a la electrificación no es técnico: es político. Porque un sistema económico electrificado con renovables locales es una economía menos dependiente, menos vulnerable y menos gobernable desde los mercados globales de hidrocarburos. Y eso molesta a quienes han construido su poder sobre esa dependencia. Un sistema energético basado en las renovables y la electrificación reduciría sensiblemente la dependencia de las materias primas. Obviamente, la transición necesita de materias primas para desarrollar los dispositivos de captación energética, pero, en la medida en la que el recurso a aprovechar es local, el volumen del aprovisionamiento en los mercados internacionales se reduce enormemente.

La alternativa al modelo fósil-imperialista no es simplemente «más renovables». Es un nuevo sistema energético: electrificado en su mayor parte (movilidad, industria, calefacción); basado en renovables distribuidas territorialmente; con almacenamiento y redes públicas o comunitarias; con participación ciudadana real en la propiedad y gestión; con soberanía energética como pilar de la política económica.

Ese modelo no solo reduce emisiones. Reduce guerras, reduce intervenciones, reduce chantajes y reduce la desigualdad. Cuando la energía está en los tejados, en nuestro territorio, en las cooperativas y en los municipios, ya no puede ser utilizada como arma geopolítica.

Es ahí donde EH Bildu sitúa el centro de su propuesta energética: no en una transición cosmética que permita a las grandes corporaciones seguir controlándolo todo, sino en una transformación estructural que luche por la democratización de los medios de producción de energía renovable y, con ella, la economía y la política.

Porque quien controla la energía controla el futuro. Y porque solo una energía renovable, distribuida y soberana puede ser también una energía que garantice un orden multilateral soberano para los pueblos.