EPSV: quién pretende rascar tu bolsillo
Inmersos en la tramitación de tres proyectos de norma foral que, entre otras medidas, abordarán significativos cambios en el régimen fiscal de los sistemas de previsión social complementaria en el País Vasco, debido a la relevancia de las modificaciones proyectadas, parece oportuno clarificar la posición que mantienen algunos actores en la negociación relacionada con las EPSV.
Las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) son entidades sin ánimo de lucro y de carácter voluntario cuya finalidad principal es la de pagar pensiones complementarias a las que abona la Seguridad Social (de jubilación, incapacidad y fallecimiento). A diferencia de los fondos de pensiones, las EPSV tienen personalidad jurídica propia y no precisan de una entidad gestora tercera para administrar su patrimonio. En esta ocasión, nos fijaremos en las EPSV de empleo.
Señalaré que los sindicatos vascos mayoritarios han participado en los órganos de gobierno Elkarkidetza, Itzarri y Geroa y otros como Hazia desde su constitución. Para que el lego tenga una visión más precisa, cito un ejemplo: Geroa es un proyecto compartido por la Asociación de Empresas de Gipuzkoa (Adegi) y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, quienes componen sus órganos de Gobierno (Asamblea General y Junta de Gobierno) paritariamente. Su origen: en la década de los 70, existía en Gipuzkoa el «complemento Sidero» que suplementaba con una renta periódica las pensiones más bajas en el sector del metal. En 1996, Adegi y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, llegaron a un acuerdo en el sector del Metal creando Geroa, donde se realizarían aportaciones compartidas de un 1,5% de los salarios para complementar las pensiones.
Habida cuenta de lo expuesto, sorprende la postura de Podemos-Ahal Dugu en la que apuesta por suprimir todos los incentivos y reducciones a las aportaciones a las EPSV.
Veamos ahora el tratamiento fiscal de las prestaciones pagadas por las EPSV.
Todas las prestaciones y rescates tienen la consideración de rendimientos íntegros del trabajo personal. Si se perciben en forma de capital único, se beneficia ese cobro en forma de capital de una reducción del 40% (primera prestación recibida), con un máximo de hasta 300.000 euros. Si se perciben en forma mixta, la reducción del 40% solo resultará aplicable al cobro efectuado en forma de capital hasta un máximo de 300.000 euros.
Si se cobran en forma de renta (complemento mensual a la pensión de la Seguridad Social), se integra en la base imponible general del IRPF el 100% de su importe.
A nada que se rescate una cantidad de una EPSV, la base liquidable se dispara y los tipos pueden oscilar entre el 40 y 49%. Vamos, que, sea como sea la disposición, la clavada de Hacienda es curiosa.
Con carácter general, a diferencia de lo que ocurre en territorio común con los planes de pensiones, no podrá aplicarse reducciones, por las aportaciones a EPSV, a partir del ejercicio siguiente al de la jubilación.
Tornemos a lo expresado por Podemos: «Un sistema fiscal justo es aquel en el que cada persona aporta de acuerdo a su capacidad económica, y por ello, Elkarrekin Podemos propone que las rentas del ahorro deben tributar al mismo tipo que las rentas de trabajo» (sic). Supongo que ya hemos dejado claro que las prestaciones pagadas por las EPSV tienen la consideración de rendimientos íntegros del trabajo personal (redundándome).
Le recomiendo amablemente a la dirección de Podemos que lea la posición de CCOO, sindicato afín, recogida en el documento “Protección Social Complementaria de Empleo”. Con respecto al debate sobre la previsión social complementaria y las EPSVs en Euskadi, así lo atienden: «Los que afirman que las EPSV de empleo son enemigas de las pensiones públicas porque son un instrumento para privatizar las pensiones públicas, se basan en un argumento poco consistente y no parecen conocer que, en el conflicto entre capital y trabajo, el salario diferido es también una disputa de renta. Porque las aportaciones de las empresas y de las administraciones públicas a los Planes de Previsión tienen la consideración de salario diferido». Añaden: «El debate sobre la previsión social complementaria, y sobre las EPSV de empleo en particular, debe realizarse de forma conjunta con el nivel de compromiso político que exista o no con las pensiones públicas y con el debate sobre su evolución, suficiencia y sostenibilidad. Porque se pueden tener unas pensiones públicas suficientes que estén conviviendo con las EPSV y, en sentido contrario, las pensiones públicas pueden tener una cobertura muy insuficiente aunque no existan EPSV».
Elkarrekin Podemos debería saber también que hay EPSV de empleo y aportación definida en las que los socios ordinarios no se han desgravado cantidad alguna en el IRPF, ya que se partió de una aportación única. Es decir, las variaciones del fondo se dan por capitalización y, sin embargo, se consideran como rentas de trabajo a efectos tributarios.
Finalmente, para objetivar la dimensión del asunto del que estamos tratando, señalaré que el número de personas socias incorporadas a EPSV con planes de previsión en 2023 se cifraba en 1.175.919. La cifra de balance total de las EPSV de empleo, 15.916 millones de euros, es superior, en 3.000 millones de euros, a la cifra de balance total de las EPSV individuales, 12.957 millones de euros. En términos porcentuales, la cifra de balance total de las EPSV de empleo representa el 55%, mientras que la cifra de las EPSV individuales supone el 45% de la cifra de balance total del conjunto de EPSV con planes de previsión.
También al PNV, al PSE, y a todos los agentes intervinientes en los posibles cambios de fiscalidad relacionados con las EPSV, les diría: «Qui non est mecum est contra me». Castigar siempre a las clases trabajadoras que son el soporte económico del estado de bienestar no parece muy inteligente. Gravar todavía más el ahorro «previsional» a largo plazo para subvencionar alquileres no va a solucionar nada. El problema de fondo es la ausencia de un modelo económico claro y ambicioso a largo plazo. ¡Aplíquense! Necesitamos una economía de alto valor añadido, en la que se prioricen los sectores tecnológicamente punteros y que sea capaz de generar –en grandes volúmenes– puestos de trabajo de calidad y, por lo tanto, bien remunerados. De esta manera, las cotizaciones a la Seguridad Social se acrecentarían, y los complementos de pensión se erradicarían por innecesarios a largo plazo.