El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha ofrecido recientemente en el diario "Berria" una entrevista en la que menciona la conveniencia de mejorar la actual ley española (LOSU), y actualizar así la normativa autonómica vigente que ha cumplido ya sus 20 años. No ha especificado si se trataría de elaborar una nueva ley vasca o de modificar algunos aspectos de la anterior, la ley «Iztueta». Entre las decisiones que habría que tomar el antiguo rector señalaba la organización administrativa de las carreras, la financiación y sus criterios y la socialización del conocimiento generado. Habría otros puntos que la modificación legal tendría que recoger, pero su enumeración y análisis requiere de otro momento y espacio para abordarlo más ampliamente. Lo importante es que esta cuestión, que estaba un poco dormida, ha vuelto a la actualidad, quizás por el malestar que en ciertos ambientes universitarios está produciendo la LOSU, a pesar de haber sido aprobada en el congreso madrileño por los partidos abertzales vascos.

La necesidad de elaborar una nueva «Ley del Sistema Universitario Vasco» constituyó un «leitmotiv» del también antiguo rector Iñaki Goirizelaia en su segundo mandato. Recordemos su planteamiento: «ha llegado el momento de jugar a largo plazo sin mirar a lo que hacen otros, haciendo lo nuestro, sin copiar lo de nadie. Creemos que es el momento de hacerlo». Pero no se hizo. El ex-rector abogaba porque se produjera un gran pacto entre las fuerzas políticas vascas porque para él los representantes políticos eran «los que deben decidir y buscar el camino del consenso», mientras que el papel que adjudicaba a la Universidad consistía simplemente en ofrecer su opinión al respecto. Renunciaba, por lo tanto, a tomar la iniciativa. Iniciativa que por cierto sí tomó en su día otro rector, Juan José Goiriena de Gandarias. Durante su rectorado, la Universidad redactó un anteproyecto sobre profesorado universitario para que el parlamento vasco lo tuviera en cuenta. La propuesta no tuvo éxito, pero años más tarde sirvió de base a la hora de elaborar la «Ley Iztueta», ley que por cierto contó en su redacción con la colaboración de otros agentes sociales como los sindicatos.

La reivindicación de una «Ley Propia» ha motivado los esfuerzos de muchos abertzales. Históricamente, este concepto ha venido vinculado a la capacidad de una comunidad por establecer un marco jurídico específico y singular y está lógicamente asociado al poder de decisión de esa comunidad, a su grado de soberanía política. Constituye el sustrato político que ha acompañado el devenir en el tiempo de los defensores de una Universidad Nacional vasca. La falta de soberanía de nuestro pueblo ha originado la existencia de una gran dependencia de la Universidad vasca de las leyes marco españolas. Los dirigentes políticos y universitarios del país han invocado para sustraerse a esta dependencia al Estatuto de Autonomía, la autonomía universitaria reconocida por la Constitución y los derechos históricos. Pero al final, la interpretación competencial se la ha reservado el Estado a través del gobierno central, el Parlamento español y, en última instancia, los tribunales. La propia «Ley Iztueta» que era plenamente legal, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PSOE, siendo objeto de intercambio para aprobar su ley universitaria.

Pero aunque el marco sea restringido, siempre hemos apoyado todo cambio legislativo que sea la auténtica expresión de la voluntad del pueblo vasco y aumente su capacidad de decisión. Pero para ello resulta imprescindible que el debate y la reflexión se extiendan también a todos los colectivos universitarios y a la sociedad vasca concernida. Una ley no debería ser asunto exclusivo de técnicos, juristas y profesionales de la política.

La llamada, repetida en este tipo de proyectos y en cualquier otra normativa, para alcanzar un consenso político y social amplio, resulta una apelación un tanto voluntarista si lo que pretendemos es que el proyecto se acerque todo lo posible a lo que hemos calificado como «Ley Propia». Los partidos de obediencia estatal, por lo menos en el sector educativo, han rechazado siempre esa pretensión si en ella estaba explícito el carácter nacional vasco. La «ley Iztueta» no tuvo consenso ni tampoco la reciente ley de Educación no universitaria. El dirigente socialista Andueza pide no perderse «en las utopías identitarias» y manifestó que una de las misiones de su partido era la de evitar la «construcción nacional». Desde luego las autoridades universitarias están en su derecho de solicitar los acuerdos más amplios posibles, pero en nuestra opinión los abertzales soberanistas tienen la obligación de apostar por proyectos que puedan calificarse en propiedad de nacionales.


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