Ante la reclamación de que se implante una Renta Básica Incondicional, cuyo objetivo es acabar con la pobreza y facilitar una mayor autonomía y libertad para todas las personas, la primera objeción –y quizás la más repetida– es la de manifestar el enorme costo económico de esa medida y, por tanto, la dificultad de su financiación.

Nos resulta sencillo desmontar esa objeción. Pero antes nos interesaría remarcar un elemento contenido en dicha objeción. Quienes plantean una oposición a la RBI basándose en la dificultad de su financiación, reconocen de alguna manera, mas o menos consciente, una cuestión básica: la renta básica es una buena medida. Si no fuera, según sus percepciones, porque es muy complicado financiarla.

Por tanto podríamos convenir que existe una coincidencia inicial fundamental. Y que lo que está en cuestión es como sería posible financiar, algo que se considera positivo.

La RBI sería pues una medida económica con un importante contenido de derechos humanos, de ética y de justicia redistributiva.

En primer lugar, porque supone facilitar que el derecho a la vida, derecho prevalente ante cualquier otro, sea realidad, en tanto que ese derecho a vivir, debe presuponer siempre que nos referimos a una vida digna. Esto es, que no esté mediatizada –y degradada– por la pobreza o la exclusión social. Algo que solo es posible cuando todas las personas disponen de los recursos necesarios para vivir con dignidad, con acceso a todos los servicios sociales.

En segundo lugar, porque todas las personas somos acreedoras de los recursos naturales. Algo que, en la sociedad actual, nos es arrebatado por una minoría que tiene capacidad para utilizar esos recursos (aire, agua, sol, minerales, tierras de cultivo, incluso el conocimiento acumulado, etc.) en su propio beneficio, aunque ello, por el desenfreno productivista esté poniendo en riesgo la sostenibilidad del planeta.

En tercer y último término, porque es absolutamente inaceptable que, como resultado de una economía depredadora, explotadora, que acumula ingentes beneficios económicos, sigan existiendo millones de personas sin posibilidad de atender sus más elementales necesidades, mientras unos pocos, el 1%, acumulan tanto como el resto de la humanidad.

Resulta incuestionable que existen los recursos necesarios para erradicar la pobreza y la exclusión. Pocos lo dudan. La razón ultima para mantener la «imposibilidad» de financiar la RBI, reside en la incapacidad moral de muchos para cuestionar el vigente e injusto sistema fiscal.  Así, se coloca el «derecho a la propiedad» por encima del bien común, aunque ello vaya en contra de lo establecido por la Constitución («todos los bienes existentes en la Nación estarán, en caso de necesidad, al servicio de su ciudadanía»). Esa misma Constitución a la que tanto se agarran los poderosos en otras cuestiones de menor entidad que la de resolver la pobreza.

La Red Renta Básica ha demostrado con absoluta solvencia que con una modificación del IRPF, la RBI es viable. Una modificación que conllevaría que tan solo el 20% de los contribuyentes, los más ricos aumentaría su aportación, y que produciría una enorme disminución de los índices de desigualdad actuales.

Por todo ello quienes estamos apoyando la ILP a favor de la RBI, consideramos oportuno y necesario ir más allá en esa urgente reforma fiscal.

Llama la atención que cuando compramos artículos necesarios paguemos un 21% o un 10% de IVA, y sin embargo, quienes compran, a través de acciones, una parte de los Bancos o de empresas que cotizan en el IBEX, no pagan un solo euro en concepto de IVA.

Resolver esta cuestión tan llamativa, así como reformar el Impuesto sobre Herencias y Sucesiones, o el de Patrimonio,  imponiendo una tasa a estas operaciones lucrativas debiera ser más que urgente.

Considerar, a efectos de tributación, que los beneficios empresariales (obtenidos buena parte de ellos gracias al esfuerzo y el saber de trabajadoras y trabajadores) son iguales –o inferiores– que los obtenidos a través del salario, es de una injusticia manifiesta.

En fin, hacer que quienes explotan los recursos naturales en su beneficio y quienes contaminan tierras, agua y aire, paguen los impuestos correspondientes sería de mucha utilidad para el planeta.

Sería pues un conjunto de estas medidas fiscales, junto a la penalización severa de las prácticas de elusión y fraude fiscal,  las que harían sin duda posible la financiación de la RBI.

Rescatar a las personas de la  crónica pandemia de la exclusión y la pobreza, nunca ha sido tan posible y tan necesario.

Y no olvidemos que los impuestos no deben considerarse nunca una carga, sino una solidaria inversión a favor de una sociedad más justa e  igualitaria.