Con estos planteamientos especulativos se presenta la crisis económica (2008) provocada, sobre todo, por la mala administración de los caudales públicos y privados, especialmente del mundo financiero como bancos y cajas de ahorro, lo que ha puesto en cuestionamiento cualquier intento de concebirlos como entidad pública.

Sin embargo en el momento en que surgió la crisis, se propusieron soluciones desde diferentes ópticas. Una corriente fuerte de pensamiento se centró en la necesidad de que el Estado sustituyera las cajas, que hasta antes de la desregulación del mercado financiero habían realizado una labor social, por una institución que se pudiera definir como un banco público.

El camino a seguir era bastante evidente, si tenemos en cuenta que la mayoría de la cajas, no todas, han sido creadas con capital público, (pensemos por ejemplo en aquellas fundadas por las respectivas diputaciones provinciales), y que han sido rescatadas con dinero público, (100.000 millones de euros). Es lógico que la gestión de lo público recaiga en los representantes de los ciudadanos elegidos democráticamente y se gestionen con criterios de interés público, por ejemplo, el desarrollo territorial, etc. La entrada de capital privado en las cajas, como se pretende, no sólo podría provocar una subversión de los objetivos fundacionales de las cajas, sino que podría incluso producirse un verdadero expolio de caudales públicos, si las cuotas participativas en poder del Estado, fueran puestas a la venta a precios inferiores al verdadero valor de la caja.

Sin embargo, se impusieron las tesis basadas en el capitalismo salvaje. Básicamente, los gobiernos nacionales han ido haciendo suyas las estrategias que se formulaban en el marco del G-20. Y es precisamente en la cumbre de Pittsburg (septiembre 2009) donde se renuncia a cualquier resquicio de políticas activas de demanda, así como a implementar reformas que limiten el funcionamiento especulativo de los mercados. Se abre paso al discurso de las reformas que todos conocemos; las economías desarrolladas están abocadas a ejecutar reformas que flexibilicen el funcionamiento de sus mercados y restauren la salud de las finanzas públicas. Se trata, en síntesis, de aprovechar la crítica situación de las finanzas mundiales para activar el programa neoliberal conocido como «Consenso de Washington».

Como consecuencia, la filosofía básica que se ha impuesto es la no intervención: el Estado renuncia a crear una Banca Pública y renuncia, asimismo, a establecer un marco restrictivo para las operaciones especulativas.

En el Estado, esta renuncia a la banca pública forma parte de la tradición privatizadora llevada a cabo desde los años 80 por los gobiernos socialdemócratas y conservadores. Por tanto, la estrategia frente a la crisis no podía consistir en desandar el camino privatizador de las décadas anteriores. Y ello a pesar de que la «sequía crediticia» que ha tenido lugar estos años parecía aconsejar un impulso decidido para evitar la parálisis de los mercados financieros ante la «deserción» de la banca privada como prestamista.

¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de una Banca Pública? Según la doctora Mª Amparo Salvador Armendáriz se puede decir que un banco es público cuando el poder público ejerce un control efectivo sobre sus decisiones, funcionamiento y organización. Este control podrá realizarse indistintamente sobre empresas regidas por el derecho público o privado. Y la actividad crediticia también podrá ejercerse indistintamente en competencia con el sector privado o en régimen de monopolio.

La banca pública se distingue de la banca privada en que sus acciones son motivadas por el interés público. Los bancos privados, por el contrario, buscan en general beneficios a corto plazo para los accionistas o para conseguir su expansión como su más alta prioridad. Podríamos decir que una banca pública es posible, si hay una actitud política positiva hacia su creación.

Citando nuevamente a la doctora Salvador Armendáriz: «En todo caso, el estudio de la banca pública desde la óptica del mercado no ha quedado anclado en una cuestión histórica, sino que es un tema de relevante interés. No sólo porque la existencia de dicho tipo de empresa pública sea posible con el vigente ordenamiento, sino especialmente porque su análisis se enfoca desde un criterio capital en el derecho de la competencia, como es la paridad de trato de las empresas públicas que intervienen en el mercado».

Para debatir sobre estos asuntos y otros temas de gran interés hemos organizado la I Jornada sobre Banca Pública que tendrá lugar en Bilbao este viernes día 16.