Cuando me dieron la respuesta del magistrado Fermín Otamendi Zozaya a la denuncia interpuesta contra la Policía Nacional por el pelotazo que recibí en la manifestación legal de la huelga general del 26 de septiembre de 2012, en la que perdí la visión de mi ojo derecho y que podía haberme ocasionado la muerte dada la cercanía del disparo, no me lo podía creer, me pareció una broma de mal gusto.

Pero al leerlo me revolvió las entrañas semejante vulneración de mis derechos. De hecho, me hizo recordar no solo lo vivido y sufrido, sino que me hizo recaer otra vez, haciéndome ver que el camino jurídico a recorrer no acaba más que empezar y estará lleno de obstáculos y tergiversaciones amparadas en el tiempo y los hechos que se puedan demostrar según las pruebas.

En el auto principalmente se mencionan mis secuelas físicas sin contar que estuvieron a punto de matarme, porque el golpe que recibí no impactó de lleno, sino que desvié la trayectoria de la pelota (disparada a unos ocho metros y sin votar previamente), que en caso de haberlo hecho no lo habría contado. Además, apenas mencionan las psicológicas, y estas son las que más duelen, porque son las que me golpean todas las noches en los sueños ahogándome en un mar de angustias y de extraños pensamientos. También me recuerda todas las mañanas cuando me despierto lo que padezco, desde el fatídico día hasta el de hoy.

Mencionan también una serie de frases que no me puedo quitar de la cabeza: «no existiendo el más mínimo indicio de que dicho uso (refiriéndose al uso de la fuerza policial ejercida por la Policía Nacional) fuera desproporcionado, innecesario o negligente o de que se hiciera uso de material no autorizado». Dispararme a ocho metros directo a la cabeza no es adecuado, lo mires como lo mires, porque, para empezar, no respeta el protocolo policial del uso de este material,  teniendo en cuenta además que en Europa estas armas demostradas letales son ilegales y que llevan años recomendando a España que sean descatalogadas, lo de material no autorizado solo es en este país dentro de la UE.

Pero eso no es nada. Entre otras cosas mencionan: «el hecho de que el denunciante participara o no en las agresiones a las fuerzas de seguridad es intrascendente a los efectos de determinar si existe o no responsabilidad penal por parte del policía que lanzó la pelota». Lo primero, las pelotas no se lanzan, se disparan con armas de fuego reales; y lo segundo, entendiendo que en la carga hacia donde estaba también sería intrascendente la postura pacífica que estábamos teniendo quienes me rodeaban y yo. Además, da a entender que velaban por nuestra seguridad: «la actuación policial respondió a la simple instrucción de garantizar el orden público y el ejercicio del derecho fundamental de huelga, reunión y manifestación», intentando desalojar el paseo en el que nos encontrábamos miles de personas ejerciendo nuestro derecho sin necesidad de su ayuda policial.

Falta a la verdad al dar por hecho que los objetos lanzados contra la Policía procedían del lugar en el que yo me encontraba, basándose en unas imágenes de las que difícilmente se puede llegar a esa conclusión.

Por lo menos no niegan que sea un pelotazo, diciendo «no cabe excluir que las lesiones en el ojo sufridas por el denunciante fueran causadas por el impacto de una pelota de goma», pero luego mencionan «aun cuando se considerara probado que las lesiones que presenta el denunciante en el ojo fueran causadas por el impacto de una pelota de goma, no cabría apreciar responsabilidades penales a el funcionario policial que lanzó dicho material». Y si no cabe responsabilizar al funcionario, tampoco cabría pedir responsabilidades administrativas al Estado, matando dos pájaros de un tiro. Yo me pregunto: ¿cuándo se podría pedir responsabilidades a un agente mientras le ampare una placa? ¿Nunca?

Y echando balones fuera menciona: «el denunciante debería considerar la posibilidad de dirigir su reclamaciones frente a los organizadores de la manifestación», dando a entender que ellos son los culpables, cuando minutos antes de mi agresión estaban pidiendo calma.

Con todo esto se le quitan a uno las ganas de creer en la justicia, porque digan lo que digan la justicia no es igual para todos y más cuando se juzga indirectamente la manera de funcionar a la Policía del Estado. Pero el hecho de que dude de la justicia no significa que me haya rendido, al contrario. Estoy hundido pero convencido de que seguiré con más ganas y llevaré mi caso hasta donde haga falta, porque una injusticia así no se puede tolerar.

Tampoco entiendo que un funcionario, cualquiera que sea su rango, que haga uso indebido de su puesto no pueda ser degradado o expulsado del puesto en el que ejerce, y evidentemente juzgado si procediera.

También me gustaría mencionar el hecho de que las recomendaciones europeas de policías sean de dos policías por cada mil habitantes, siendo la media de los países europeos de 3,37 y en Navarra tenga 5,4, sin contar municipales. Si las contabilizáramos llegaríamos casi a 8. A esta cifra habría que sumar los guardias de seguridad (desconozco el número de estos), ya que con la última reforma podrían considerarse policías. En resumen, casi uno de cada 100 navarros está armado y se le blinda con total impunidad.

En definitiva, lo que habría que hacer a mi juicio sería una reforma total de este Estado policial en el que nos encontramos.

Atentamente se despide uno más de los que engorda la lista de descontentos con esta justicia para unos pocos.