Hace un año aproximadamente podíamos leer en la prensa diaria la noticia que ahora se repite. Esta noticia no era otra que la cuestión de la tributación de las cantidades que los trabajadores y trabajadoras perciben de la caja de resistencia de los sindicatos en los casos de huelga. Que ahora se plantee esta cuestión tiene mucho que ver, según lo han señalado los comentaristas de los medios de comunicación, con el reciente conflicto de las residencias. Conflicto que afecta a empresas que tienen un importante grado de vinculación con la administración pública en su funcionamiento, ya que una parte significativa de su negocio procede precisamente de la realización de convenios con las administraciones públicas, en concreto y especialmente con las diputaciones, que financian la atención que en las residencias reciben las personas en situación de dependencia de nuestro territorio. Las sonrojantes situaciones laborales a las que se veían sometidas las mujeres, ya que prácticamente sólo son ellas las que se dedican a esta labor, en las residencias ha finalizado por el reconocimiento de esta situación y a su vez con una mejora notable de sus condiciones laborales.

También se ha podido leer recientemente que uno de los problemas de productividad que tienen las empresas en la Comunidad Autónoma tiene que ver con la existencia de sindicatos cuya actividad se dirige a una negociación real con la patronal y a una búsqueda de mejoras de las condiciones de los trabajadores, sin acudir a la realización de acuerdos generales, la llamada concertación social, que solamente acarree limitaciones para los trabajadores pero pocos compromisos para la patronal. El mayor compromiso de esta última es precisamente contribuir más a las arcas públicas para financiar las políticas sociales. Sabemos que esto se hace muy limitadamente y sabemos que la tributación de las empresas, de un sector importante de ellas, es muy bajo. Este estudio además se realiza mediante una encuesta, por llamarlo de alguna manera, entre gestores de empresas, donde todos ellos dicen que para ganar más lo más fácil no es invertir en investigación sino reducir los salarios de los trabajadores y trabajadoras. 

En la misma perspectiva, no me resisto a comentar la situación que ha relatado recientemente un programa de la televisión sobre la industria cárnica. Hemos podido saber que,  además de vender unos productos de mala calidad a la ciudadanía, las personas que trabajan allá son trabajadores muchos de ellos subsaharianos, que trabajan como autónomos, que tienen que llevar incluso sus propios materiales de trabajo –cuchillos, etc.– al centro de trabajo. ¿Cómo es posible que un sector como el de la producción cárnica industrial se rija por unas condiciones ó funcione de una tal manera, teniendo a las personas en ellas empleadas sometidas a una condición jurídica claramente fraudulenta? Por otra parte, a la luz de las informaciones aparecidas en dicho programa, podríamos preguntarnos por la Fiscalía ¿Dónde está la Fiscalía? ¿no cree el Ministerio Fiscal que se encuentra ante un verdadero filón?

Pero, continuando, no hay que ir muy lejos, ni en el tiempo ni en el espacio, para recordar también esos intentos, por parte de alguna patronal vasca, de prohibir los sindicatos que constituyen hoy en día la mayoría sindical vasca. Me remito a lo ya manifestado por los sindicatos en esta cuestión y a la respuesta dada por la patronal afectada.

En la sociedad actual esta política antisindical de la patronal y de algunos poderes públicos deja a la sociedad en general claramente indefensa. La situación de los trabajadores de la industria cárnica no debería darse en una sociedad en la que el sindicalismo sea fuerte. Sin un sindicalismo fuerte y organizado es fácil imaginar que los sectores menos favorecidos de la sociedad no van a tener defensa alguna ¿Quién va a defender a las trabajadoras de las residencias si no son los sindicatos? Aunque es una hipótesis, no creo que este conflicto se hubiese podido llevar adelante sin el apoyo de la caja de resistencia. De aquí su importancia.

Ahora que se habla de autogobierno ésta es una cuestión importante que debe entrar en el guión. Es necesario el desarrollo de un marco autónomo de relaciones laborales, aunque la patronal, y no sólo ella, no parece estar muy interesada en el mismo. Disponer de un marco autónomo de relaciones laborales y de un sindicalismo fuerte constituyen elementos imprescindibles para garantizar una vigencia real de los derechos fundamentales de las personas en Euskal Herria. Los ataques al sindicalismo son ataques a la libertad y a la democracia, que no lo olviden sus protagonistas. Considerar las percepciones de la caja de resistencia como renta, e intentar gravarlas fiscalmente, constituiría una iniciativa y una política claramente antisindical. La caja de resistencia de un sindicato tiene una finalidad y una razón de ser. Sin ella es muy difícil garantizar la libertad sindical y de negociación colectiva. Atacarla constituye por tanto una intromisión inaceptable en la acción sindical.

Después de la experiencia de la dictadura franquista y de las dificultades en el desarrollo del sindicalismo de defensa de los y las trabajadoras, se hace difícil imaginar que en Euskal Herria se intente utilizar la fiscalidad como punta de ariete de una política antisindical. Si no recuerdo mal, algo similar sucedió en Araba cuando el largo conflicto de Caballito y el propio Órgano de Cooperación Tributaria procedió a su archivo. Por otra parte, el significado recaudatorio de la liquidación necesariamente será muy pequeño. Suscitar esta cuestión de esta forma no parece que tenga un significado fiscal propiamente dicho, neutro, en el sentido que se ha llegado a él sin más consideraciones que las propiamente fiscales. En otras palabras, es una opinión muy extendida, a la vista de los comentarios aparecidos en la prensa y en las redes sociales, que es difícilmente creíble que esta hecho no persiga algún otro objetivo y que todo sea una mera casualidad, aunque quien esto escribe no tiene dato alguno para confirmar esta sospecha. 

Teniendo en cuenta las otras cuestiones relatadas anteriormente, todo parece indicar que esta cuestión es un componente más de una política antisindical. Política que puede afectar significativamente a la libertad sindical, que constituye un derecho fundamental básico en nuestra sociedad, garantizado al máximo rango normativo, interna e internacionalmente. En otro momento se analizará esta cuestión, que tiene una carga teórica importante, como corresponde a su importancia, y que ahora no hay tiempo de considerar. No pretendo comparar, pero por este camino ¿gravaremos la entrega de productos que a las personas necesitadas realiza el banco de alimentos? La reflexión puede dar para mucho desde una perspectiva democrática. Volveremos sobre ella.