Hay momentos donde el curso de la historia se acelera y unos cuantos meses determinan los siguientes lustros. Hay momentos incluso, donde la velocidad de la acelerada y desdibujada disputa política deja atrás demasiado rápido discusiones y ópticas totalmente vigentes. La pandemia de la covid-19 se ha convertido en sindemia, agregándole a la primera la deriva autoritaria y la aceleración del capitalismo actual. En esas estamos.

El Gobierno Vasco acaba de presentar su propuesta de proyectos para conseguir llevarse los fondos europeos adjudicados al estado español; aunque dicha lista ya esté en Madrid, el ejecutivo de Urkullu tiene hasta abril para determinar qué proyectos van a optar a dichos fondos.

Estamos en un punto crucial para el futuro de la Unión Europea y por lo tanto, de la clase trabajadora del continente. Si el Tratado de Maastrich fue un punto clave para la construcción del mercado único y puso la infraestructura necesaria para el austericidio perpetuado en el 2008 y las diferentes medidas de ajuste presupuestario contra la clase trabajadora, el plan Next Generation Europe intenta articular una nueva era del capitalismo, cada vez más sumido en su fase más decadente.

Incapaz de mantener la tasa de ganancia de las grandes transnacionales y con una estructura productiva demasiado obsoleta como para seguir acumulando beneficios y hacer frente al reto ecológico, la UE se ha hecho una autoenmienda táctica para no alterar el horizonte estratégico. La suspensión de las reglas de estabilidad presupuestaria para dos años, los créditos ICO del Estado español así como la decisión de destinar una ingente cantidad de recursos públicos a los estados es una enmienda necesaria para que todo pueda seguir igual, incluso para sectores del gran empresariado.

Los fondos de la UE son la propuesta estrella de este plan de reconfiguración, la que más titulares ha acaparado pero de la que menos se ha debatido. A nuestro entender, hay dos principios fundamentales a la hora de comprender la orientación de estos fondos.

Por un lado, la condicionalidad de las ayudas, ya sea en forma de préstamos que generan deuda o de financiación directa sujeta a reformas políticas. Esta última casuística no por ser más sutil deja de ser menos dañina para los intereses de las clases populares. Como hemos visto las últimas semanas con la propuesta de reforma de las pensiones planteada por el ministro Escrivá o la no derogación de la reforma laboral por parte del gobierno español, la sombra de los hombres de negro es alargada en los despachos de Madrid y Gasteiz. Las «recomendaciones» del Semestre Europeo son la camisa de fuerza de esta vieja-nueva política. Una realidad que tiene demasiados vasos comunicantes con las recetas que dicen haber desterrado. Pero no solo eso, ya que la Comisión Europea ha apremiado al gobierno para que resuelva la fragmentación de la regulación autonómica, abriendo las puertas a una nueva recentralización de las políticas sociales y laborales.

Por otro lado, el segundo principio rector de los fondos es la utilización del viejo relato de crecimiento económico igual a bienestar para el conjunto de la población. Y ese crecimiento solo lo pueden comandarlo «aquellas que tienen capacidad suficiente para innovar y ser tractores de la economía», ergo, las multinacionales y grandes empresas. Totalmente falso. Antes de la llegada de la covid-19 el PIB había aumentado varios puntos, sin embargo, las rentas del trabajo habían disminuido, la clase trabajadora había visto su capacidad adquisitiva disminuida y la pobreza había aumentado, como mostraba la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales realizada en la CAV. No hay un interés lineal y único que atraviese toda la sociedad de igual a igual. Este relato se está utilizando para justificar la transferencia de fondos públicos, extraídos en su gran mayoría de las rentas generadas por las trabajadoras durante los últimos lustros, a las empresas multinacionales con el fin de que la rueda capitalista no pare; extractivismo y colaboración público-privada en su máximo esplendor.

Si este es el escenario, los movimientos de los actores no son mucho más esperanzadores. Bruselas ha definido el marco de la disputa política, pero el Gobierno del estado español y los Gobiernos de la CAV y de Nafarroa no se están saliendo del guión. Si bien la primera propuesta presentada por el ejecutivo de Gasteiz tenía como base un informe redactado por PwC, donde las prioridades estaban muy centradas en las 2-3 multinacionales que rigen el devenir del país, la segunda propuesta ha sido más matizada. La nueva lista, encuadrada en el plan Euskadi Next, ha buscado dividir los fondos en más manos, haciendo frente a las críticas de una parte de la patronal y de otros agentes empresariales. Tampoco podemos obviar el valor de la crítica y presión popular, puesto que sin duda ha generado un contexto en el que el ejecutivo de Urkullu se ha visto en la tesitura de tener que resituarse. Como resultado, nos encontramos ante una recomposición de las élites del país y un atrezzo verde y digital sin clave estratégica que, de momento, sigue sin tener el objetivo de garantizar el bienestar de la mayoría popular.

Si el fondo es claro, la forma de la toma de decisiones ha sido cristalina: se ha hurtado el debate, dejando fuera a la mayoría sindical y social de este país. Ya lo dijo el consejero Azpiazu: «Eso no se hace de una manera asamblearia ni poniendo en plaza pública una subasta de quién prefiere que se metan unos proyectos u otros». ¿Acaso el futuro de las trabajadoras de este país es demasiado importante como para que lo decidan ellas mismas?

Por lo tanto, en estos momentos, nos vemos abocadas a un triple peaje. El peaje impuesto por Gasteiz, totalmente alineado con las políticas más neoliberales de la última década; el peaje de Madrid, que es la que en última instancia, decide el destino de los fondos; y por último, el peaje de Bruselas, que está presionando para hacer cada vez más estrecha esa camisa de fuerza.

Aprovechemos esta coyuntura para decidir entre toda la clase trabajadora qué modelo productivo y reproductivo queremos. Aprovechemos esta coyuntura, más allá de los fondos europeos, para poner la economía al servicio de la gran mayoría. Utilicemos está ventana táctica para poner encima de la mesa las necesidades estratégicas. Una reforma fiscal en profundidad, para acabar con la precarización y la pobreza mediante un modelo de relación laborales y de protección social a favor de la vida digna, un sector público estratégico e innovador en los sectores productivos, una apuesta decidida por adecuar nuestra matriz productiva a las necesidades sociales, una participación autónoma de las trabajadoras en la economía, un sistema de cuidados público-comunitario integral o la necesidad de territorializar la soberanía económica y política son vectores indispensables que tienen que atravesar nuestras agendas.

Estamos a tiempo de desterrar las viejas fórmulas recubiertas de relucientes celofanes y caminar hacia la única salida viable: poner en el centro los intereses y las necesidades de las trabajadoras y articular una propuesta de transición hacia un modelo soberano, socialmente justo y verdaderamente sostenible.