La respuesta del Partido Popular a esta petición, respaldada por la mayor unidad de acción que se ha conocido en nuestro territorio histórico, es revocar la Orden Ministerial de cierre de la central emitida en 2009, por la que se decretaba su cierre para el 6 de julio de 2013. Esta decisión supone alargar la vida de Garoña al menos hasta 2019, cuando la vetusta central habrá cumplido 48 años de vida.
 
Cuando el ministro Soria anunció la suicida intención de conceder una nueva prórroga, se refirió a tres «razones de oportunidad: dependencia energética del exterior, seguridad de suministro energético español y optimización de los costes energéticos». Razones que, con los datos en la mano, no son sino cortinas de humo para esconder su sumisión a los intereses de las multinacionales eléctricas.

Sobre la mentira de la «dependencia energética del exterior»: según el Informe Anual de REE S.A., operador único del sistema peninsular, el Estado español es desde 2002 exportador neto de electricidad tanto a Portugal como a Marruecos y desde 2010 a Francia, el país más nuclearizado de Europa.

Sobre la mentira de la «seguridad del suministro energético español»: el estado tiene un exceso de potencia eléctrica instalada, alrededor de 100.000 megavatios, en un escenario donde la oferta energética global supera a la demanda hasta el punto de que los picos de mayor demanda no sobrepasan los 46.000 megavatios, menos de la mitad. Desde 2002 se han construido más de 22.000 megavatios de centrales de gas que ahora están casi paradas por la caída de demanda eléctrica.

Sobre la mentira de la «optimización de los costes energéticos»: el sistema de atribución de costes es tan enrevesado que el precio de la subasta de energía no supone más allá del 50 % del recibo de la luz, el resto proviene de los llamados peajes eléctricos. Si tenemos en cuenta que Garoña con sus 466 megavatios no supone más allá del 0’5 % del suministro energético, que está sobradamente amortizada y sigue funcionando después de 42 años ¿cómo es posible que el recibo de la luz haya subido el 40 % en los últimos 4 años?

Frente a semejantes mentiras disfrazadas de «azones de oportunidad», vamos a plantear solo tres de entre las mil «razones éticas» –como las denominó en el caso de Alemania Angela Merkel– por las que el gobierno debería decretar el cierre inmediato de Garoña:

Fukushima. Tras el 11 de marzo del año pasado nada es igual en el mundo respecto del debate nuclear. Japón tiene en estos momentos todas sus centrales paradas. Alemania decretó el cierre de 8 de sus 17 centrales, las construidas con anterioridad a 1980. Pues bien, el Gobierno español pretende alargar la vida de la central gemela de Fukushima,  la única con tecnología de primera generación que sigue en funcionamiento en el estado, que al igual que Fukushima I entró en funcionamiento en 1971, tiene el mismo reactor de agua en ebullición diseñado por General Electric en los años cincuenta y comparten el mismo sistema de contención Mark I desaconsejado desde hace años y que ya ha demostrado sobradamente sus carencias.

Por su parte, el premio Nobel de Economía Stiglitz, refiriéndose a la gestión de riesgos en el sector financiero y en el nuclear afirmó: «Un sistema que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias está condenado a gestionar mal el riesgo». Aviso para navegantes.

La seguridad. Desde el famoso informe donde se calificaba a Garoña como la central de “Las mil y un grietas”,  en sus más de 40 años en funcionamiento ha vertido miles de litros de agua contaminada al río Ebro, de ahí la presencia de isótopos radiactivos de Cesio-137 y Coblato-60 o el calentamiento inusitado del río aguas abajo de la central. Según los estudios de 1999 y 2001 de la Unidad del Cáncer del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, se detectó la existencia de una tasa más alta de cáncer de estómago en personas de ambos sexos en el entorno de la central nuclear de Garoña. Asimismo, Garoña sería la central nuclear en cuyo entorno se ha encontrado una tasa más alta de mortalidad por leucemia en la población de 0 a 24 años.

El informe del CSN de 2009 –antes de la catástrofe de Fukushima imponía una serie de medidas de seguridad a Nuclenor si quería seguir su actividad hasta 2019, pues bien, al concedérsele la prórroga hasta el 2013, estas inversiones en seguridad no se han realizado. Todo un juego de trileros. A esto habría que añadir las medidas derivadas de las llamadas «pruebas de esfuerzo» tras el accidente de Fukushima. En el documento de conclusiones del ENSREG, en el que valora las pruebas de resistencia destaca, las «carencias para la gestión de accidentes integrado dentro del marco legal español, junto con otras deficiencias detectadas» y subraya que una de las carencias más importantes es «la falta de consideración del envejecimiento de las centrales nucleares». Otro aviso para navegantes.

La voluntad popular. Jugar a la ruleta rusa con el futuro, la seguridad y la vida de quienes vivimos en el radio de acción de la central, supone, más allá de un acto de irresponsabilidad política un ejemplo de tiranía parlamentaria, ya que no existe cauce alguno para que la voluntad popular mayoritaria sea respetada. Paradigmático es en este sentido, que las Juntas Generales de Álava hayan aprobado en los últimos doce años 23 mociones pidiendo el cierre de la central, 4 en lo que llevamos de legislatura, sin que hayan tenido efecto alguno.

Ya es hora de pasar de las palabras a los hechos, por eso exigimos de los representantes políticos pasos concretos más allá de declaraciones de cara a la galería. La administración foral y autonómica tiene en su mano mecanismos suficientes unidos a la fiscalidad para dar pasos en la dirección adecuada. Estamos hablando de empresas como Iberdrola –de la que acabamos de enterarnos ha cotizado al 0 % en la hacienda foral de Bizkaia– o Endesa, que en plena crisis siguen obteniendo beneficios multimillonarios.
 
Pero también existen mecanismos políticos. Desde la constatación de que en la actualidad todos los grupos políticos salvo el PP defienden el cierre de Garoña, esta situación debe tener consecuencias políticas directas. No podemos mantener este estado de esquizofrenia política en Araba, con un Diputado General que defiende los intereses del Gobierno español, a costa de dar la espalda a la inmensa mayoría de la sociedad alavesa. Sociedad alavesa que ha hecho sobradamente su trabajo, ahora toca que la representación política haga de una vez el suyo.